Durante su gobierno, Veracruz fue el primer lugar nacional en tomas clandestinas de robo de gas, y uno de los primeros cinco estados en huachicol.

Con el mayor número de robos por tomas clandestinas de gas durante 2024, Veracruz se convirtió en el primer lugar a nivel nacional, además ocupa ese lugar por la venta de “gaschicol”. En 2023 el estado veracruzano también ocupó el primer lugar con mayor número de tomas clandestinas para el robo de gas con mil 300, y ahora a menos de un mes de que concluya 2024, se tienen contabilizadas mil 25.

Hoy la presidente Sheinbaum ha premiado a Cuitláhuac García con un cargo aparentemente menor, pero que le concederá al menos tres cosas: impunidad por las investigaciones en su contra –acaso irán por los peces más pequeños-, un exilio del estado donde nadie quiere saber de él, empezando por la gobernadora; y una chamba muy bien remunerada a sus incondicionales, que no tienen la más peregrina idea de lo que se hace en Cenegas.

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), cuya dirección general asumió el pasado viernes el exgobernador de Veracruz, es una dependencia señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades en la contratación de proveedores.

Y al hacer una revisión de su desempeño en la Plataforma Nacional de Transparencia, el organismo destaca por su falta de transparencia y por mantener privilegios salariales, pues uno de cada dos empleados tiene cargos directivos con salarios mensuales entre los 118 mil y 176 mil pesos.

Cenagas ha sido señalado de cometer irregularidades en al menos cinco contratos auditados al primer semestre de 2024.

De acuerdo con la Auditoría de Cumplimiento 2023-1-18TON 20-0047-2024, que la ASF dio por concluida el pasado 17 de junio de 2024, el centro nacional incurrió en diversas irregularidades en el Contrato número CENAGAS/SERV/074/ 2023-P celebrado con Epsilon Net, S.A. de C.V., por un monto de 47 millones 589 mil pesos, y que consistió en la renovación de licencias de seguridad cibernética adquirida para el centro, así como para recibir el servicio integral de monitoreo de amenazas de seguridad cibernética, como el documentó el día de ayer El Universal.

El gobierno de Cuitláhuac aún enfrenta diversos señalamientos por irregularidades financieras. Según el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), se presentaron más de 20 denuncias por presunto daño patrimonial, incluyendo el uso de empresas fachada y la adjudicación de contratos irregulares.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por más de 374 millones de pesos durante la Cuenta Pública 2023, de los cuales solo se habían aclarado ocho millones de pesos. Sin olvidar de que aún están abiertas las Cuentas Públicas de 2023 y 2024.

Eso quiere decir que Cuitláhuac cumple perfectamente el perfil para la dependencia. Como dicen los clásicos: no le dieron, sino que lo pusieron donde hay. Para él y la pléyade de “acompañentes” que emigrarán al altiplano.

 Gasolinazo: las mentiras de la inflación y el IEPS

Decapitaron al Poder Judicial, desaparecieron a los organismos autónomos, se adueñaron de miles de millones de pesos de fideicomisos… pero ahora resulta que “no pueden” desaparecer el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) que mantiene el precio de la gasolina en México como una de las más caras en el mundo.

El nuevo año inició con un gasolinazo, es decir, un nuevo aumento a la gasolina, que la presidenta Sheinbaum justificó como consecuencia de la inflación y del IEPS, un impuesto inventado por los “gobiernos neoliberales”.

Pero lo que no ha dicho es que el impuesto es aprobado por la Cámara de Diputados –donde Morena tiene una mayoría abrumadora- mediante la Ley de Ingresos de cada año. Hoy la gasolina está cara porque el gobierno necesita dinero. No hay otra explicación.

En 2017, un año antes de la llegada de López Obrador a la presidencia, Morena propuso en el congreso que se eliminara el 60% del IEPS, lo que significaría una reducción inmediata en el precio de la gasolina. Tal vez de ahí sacaban la promesa de que, con Morena en el gobierno, el litro de gasolina costaría entre 12 y 14 pesos.

Entonces, ¿por qué no desaparecen o reducen el IEPS para bajar el precio de la gasolina como propusieron en 2017? Porque el gobierno obtiene casi 8 pesos por litro de gasolina vendido, eso sin contar lo que cobra de IVA, lo que eleva aún más el precio del combustible.

Dicho de otra manera, más de la mitad de lo que pagamos por cada litro de gasolina va a parar a los bolsillos del gobierno como impuesto. Eso era una afrenta cuando Morena y López Obrador eran oposición, pero hoy en el poder, sólo es consecuencia de la inflación y el IEPS.

A finales del año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual está aplicado en el consumo de combustibles, aumentó 81.9 por ciento, de enero a agosto de 2024.

De acuerdo con los datos emitidos por la SHCP durante los primeros ocho meses del año, la recaudación del impuesto mencionado ascendió a 268 mil 878 millones de pesos, lo que significa que dicho monto superó los 140 mil 998 millones de pesos reportados en 2023.

En 2017, Morena quiso sabotear los ingresos del gobierno. Ahora que son gobierno, lo defienden con uñas y dientes.

Es un hecho: los mexicanos pagamos la gasolina más cara del mundo. Se dedican a negar que no ha habido «gasolinazo» pero en los hechos pagamos más que otros países. Y encima culpan al IEPS que ellos mismos nos imponen y nos cobran.

Trump y los cárteles terroristas: vendrán por otros capos del narco

Hace bien el gobierno en no querer alarmar a nadie. Hace mal en ocultar los alcances que tiene la intención de Donald Trump de convertir a los cárteles de la droga en “terroristas”.

El presidente Trump, quien tomará posesión en un par de semanas, ha declarado infinidad de veces su intención de declarar como «organizaciones terroristas» a los carteles de la droga mexicanos. Una vez más, sus palabras causaron una polémica, aunque esta vez, las consecuencias políticas, económicas y, principalmente de seguridad, irán mucho más allá de una mera ocurrencia.

Una de las más importantes es que, desde el atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos modificó sus leyes para suscribirse el derecho de intervenir en cualquier territorio donde se ubiquen organizaciones denominadas como “terroristas” y que ello represente una amenaza a su seguridad nacional.

¿Los cárteles mexicanos son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos? Al parecer sí. Y no por el grado de violencia que ejercen sino por la cantidad de drogas que introducen a aquél país.

Más de 80 mil personas murieron en Estados Unidos el año pasado por cuenta del fentanilo, un potente opioide que se produce y trafica desde México, aunque el gobierno insista en negarlo.

El reciente reportaje del New York Times sobre la existencia de laboratorios en el corazón de Sinaloa, son la punta del iceberg de la narrativa norteamericana para intervenir en México. Y entre más lo niegue la presidenta Sheinbaum, más evidencia habrá en contra del gobierno mexicano.

¿Qué pasará si los cárteles mexicanos son considerados terroristas bajo la ley norteamericana? Trump prometió que va a bombardear los laboratorios de fentanilo en México, bloquear los puertos mexicanos que transporten sus precursores y designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Ninguna de estas iniciativas ha sido comentada por Sheinbaum, pero al menos en principio suenan como medidas que en México tocarían la sensible fibra de la injerencia, además de tener un impacto brutal en el intercambio comercial de ambos países.

Lo de Trump no es una ocurrencia. Es una amenazada. Y para ello, la Constitución le permite ingresar a otros países donde se vean amenazados sus intereses. No se ve, como ha sucedido en medio oriente, una intervención militar, pero sí estaríamos ante un escenario de que los gringos vendrán por los capos mexicanos como ya lo hicieron con el “Mayo Zambada”, es decir, sin pedir opinión al gobierno de México.

¿Y si los capos deciden cooperar y confesar los tratos que han tenido con los gobiernos de Morena y algunos de sus más connotados personajes?

Es posible que, en pocas semanas, la preocupación de convierta en pesadilla, lo mismo en Palacio Nacional que allá en La Chingada.

Desaparece el INAI. Información sobre denuncias contra AMLO serán confidenciales

No terminaba el año, ni siquiera el proceso de desaparición del INAI cuando la nueva secretaría Anticorrupción, quien se supone asumirá sus funciones y donde despacha una de las incondicionales de López Obrador, ya cubrió con un manto de impunidad al gobierno del ex presidente.

La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno ha considerado como «confidenciales» las denuncias, quejas o procedimientos administrativos en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y varios de los miembros de su gabinete por posibles actos de corrupción.

La decisión, que responde a una solicitud de información hecha bajo la Ley de Transparencia, argumentó que divulgar la existencia o inexistencia de tales denuncias podría afectar el honor, prestigio y buen nombre de los implicados.

El 28 de noviembre, solicitó conocer cuántas denuncias o quejas habían sido presentadas contra el expresidente y los extitulares de diversas dependencias, como la Secretaría de la Función Pública (SFP), Defensa Nacional, Marina, Seguridad y otros, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2024.  La Secretaría respondió que, tras realizar una exhaustiva búsqueda en sus registros, se aplicó el criterio de confidencialidad según el cual, cualquier información que pudiera poner en entredicho la dignidad y capacidad profesional de una persona servidora pública no debe ser divulgada.

¡Igualito que en las mañaneras de AMLO y Sheinbaum!

La respuesta de la Secretaría hace referencia a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014, la cual establece que el principio de «presunción de inocencia» debe garantizarse a toda persona involucrada en procedimientos administrativos, especialmente cuando el resultado pueda afectar su carrera profesional.

Los procedimientos administrativos contra AMLO permanecerán confidenciales hasta 2029… ¡y eso si quieren!

La ratonera

Con el rechazo del morenismo porteño, Anilú Ingram y Pepín Ruiz intentan ganar la candidatura a la presidencia municipal mediante cañonazos de dinero y albazo en las encuestas. Enfrente, Rosa María Hernández Espejo cuenta con trabajo y estructura; su lucha será contra de las tribus morenistas. Fernando Yunes depende de los alcances del acuerdo de su padre y su hermano en palacio nacional. ¡Se abren apuestas!