La fotografía duró sólo un día. Al parecer, no conocen bien a Esteban Bautista.

Algunos medios no terminaban de publicar la imagen en la que aparece la gobernadora Rocío Nahle acompañada del diputado Esteban Bautista, coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, y del delegado federal de los programas del Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, intentando apagar el fuego provocado por el affaire de las tabletas de 7 millones de pesos, cuando vino el revire del legislador morenista:

“Mi equipo sigue trabajando en la auditoría a la pasada administración legislativa. Sobre eso nos vamos”, afirmó respecto de la compra millonaria, pero agregó un dato más: “Cuando llegué, a las dos semanas, vi que personal de jardinería ganaba 160 mil pesos mensuales, mientras que un asesor jurídico percibía entre 25 mil y 30 mil pesos al mes”.

Tabletas que no tiene ni Trump y jardineros millonarios en el Congreso parecen ser la punta del Iceberg de la corrupción que va encontrando Bautista a su paso.

El choque de trenes entre el coordinador morenista y su antecesor, hoy delegado federal del Bienestar, obligó a la intervención directa de la gobernadora Rocío Nahle.

Tras la serie de acusaciones públicas sobre la presunta red de corrupción en la contratación de una empresa de comunicación y tabletas, la gobernadora los llamó a cuentas. A pesar de que se trata de representantes de otro poder y del gobierno federal, les pidió “comportarse”.

Recordó que en Veracruz se busca elevar el nivel de hacer política y pidió a los actores dejar de lado el protagonismo, “en Veracruz estamos reconstruyendo el nivel político, (queremos) una política de altura, de respeto y trabajo con seriedad”, pidió a sus correligionarios.

Incluso, publicó desde sus redes sociales una fotografía de la reunión a la que convocó a ambos el 18 de diciembre, en franco paralelismo a la imagen de otros dos morenistas en disputa: Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Sin embargo, el fuego no se extinguió.

Pero, acaso ¿las denuncias públicas sobre irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos significan “un mal comportamiento”? ¿Qué no era eso lo que hacían cuando gobernaba el PRI, denunciar sus raterías? ¿Ahora ocultarlas es elevar el nivel de la política? ¿Por qué presentar denuncias por desvíos de recursos es una falta de respeto y seriedad?

O la gobernadora ¿se refiere específicamente a ventilar en público estos asuntos?, porque hasta donde la ley lo señala, los diputados gozan del fuero que reconoce la Constitución Política local; son inviolables por las opiniones manifestadas en el ejercicio de su cargo y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

Tal vez por ello, Esteban Bautista volvió a la carga apenas dos días después del cónclave morenista, y confirmó que se está investigando la administración de las Legislaturas pasadas que encabezó Gómez Cazarín.

Durante la sesión del viernes en la que se aprobó el presupuesto del Estado 2025, el coordinador de Morena aseguró que continuará la investigación y auditoría sobre la empresa Publico tenidos Kapitel S.A. de C.V., -la cual ya aceptó que sí cometió una serie de irregularidades-, así como otras compañías que recibieron contratos millonarios durante la pasada legislatura.

De hecho, el mismo viernes, representantes de la empresa acudieron a su oficina para “resarcir el daño”, ya que, según el legislador, la empresa no cumplió con lo contratado. “Vendieron tabletas electrónicas, pero no aplicaron las licencias; el software no funcionaba. Dieron gato por liebre”, señaló.

La cosa no quedó ahí. Esteban Bautista también informó de irregularidades en los salarios de la pasada administración, donde un jardinero llegó a ganar 160 mil pesos al mes, mientras que un asesor jurídico percibía apenas entre 25 mil y 30 mil pesos.

Criticó que en la gestión anterior “fueron muy generosos con los contratos”. Sin embargo, advirtió que esa situación no continuará. “Eso no se arregla, eso se va para abajo. Esta es una nueva administración”, aseguró.

¿En realidad ese era el salario del jardinero o simplemente utilizaban su nombre para disponer de una generosa compensación que iba a parar a los bolsillos de ya saben quién? Tal vez por eso, don Esteban prefirió no hablar de Cazarín.

A Esteban Bautista poco lo conocen. Tal vez, incluida la gobernadora del Estado, sepan de su carácter, de su trayectoria, de su paso por el Ejército Zapatista, de su formación en la lucha social, pero no de su forma de resolver las cosas, no de la forma en que interpreta el poder y la función que ahora le toca cumplir.

Un hombre que viene desde abajo, desde el activismo que lo llevó a la alcaldía de Tatahuicapan. No se formó en la disciplina del partido del estado, sino que luchó contra él. Bautista ha expuesto la vida por defender en lo que cree, por eso militó en el Ejército Zapatista.

¿Por qué ahora se iba a amedrentar por una llamada de atención? ¿Por qué ahora que tiene el poder para hacerlo, tendría que callar la corrupción de los funcionarios públicos? ¿Por qué asumen que Esteban Bautista debe ser políticamente correcto y administrativamente cómplice?

Después del affaire de las tabletas y los jardineros millonarios, muchos morenistas irán conociendo mejor a Esteban Bautista.

Presupuesto 2025: ¿quién ganó y quien perdió?

Nace la súper secretaría de la SIOP

Aunque intenten explicar algo diferente, lo cierto es que el presupuesto que ejercerá el Estado el próximo año –aprobado apenas el viernes pasado- es más de lo mismo.

Es el presupuesto que le dejó José Luis Lima a Rocío Nahle; Cuitláhuac no tenía la más peregrina idea para hacer algo así. Entonces se trata de los mismos criterios y las mismas prioridades del gobierno morenista anterior. En todo caso, lo nuevo que aporta el gobierno de Nahle es la forma de ejecutarlo.

Por eso, el punto más importante es la concentración de todo el dinero destinado a obra pública en manos de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP). Esto implica que el dinero que ejercían Desarrollo Social, Espacios Educativos, Invivienda, CAEV y Sedarpa para construir obras ya se fue de su presupuesto, lo que en algunos casos representa una disminución muy importante.

Pero, ¿quién ganó y quien perdió con el presupuesto 2025? Pues en principio, ganó el gobierno –que tendrá dinero suficiente para hacer política y preparar la elección municipal del 2025- y perdió la gente que esperaba un cambio en las prioridades del gasto.

Ganaron los amigos incondicionales de la gobernadora y perdieron las dependencias que no serán estratégicas en este gobierno.

En el caso de la SIOP, Leonardo Cornejo Serrano, quien estuvo a cargo de la Subdirección de Proyectos de Pemex y formó parte del equipo de construcción de la refinería Dos Bocas, será el súper Secretario, con la responsabilidad de ejercer todos los recursos destinados a la obra pública.

Otro que salió muy bien librado fue el Secretario de Gobierno, don Ricardo Ahued Bardahuil. El ex alcalde de Xalapa, por ejemplo, tendrá cinco veces más presupuesto que la Secretaría de Desarrollo Económico, en un estado urgido de atraer inversiones y reactivar su economía. Incluso, contará con más dinero que la Secretaría de Desarrollo Social, en un estado donde más de la mitad de sus habitantes viven en la pobreza.

Le dieron más recursos al OPLE para que no haya excusa en la organización de las elecciones municipales, pero sobre todo, en la elección de los integrantes del Poder Ejecutivo, derivado de la reforma que se habrá de aprobar este lunes en el Congreso.

El OPLE tendrá más dinero, pero no así el Tribunal Electoral. La idea es maniatar la elección desde el presupuesto. Y en el fondo tienen razón. Si todas las resoluciones saldrán a favor de Morena, ¿para qué gastar en litigios ya ganados?

Lo de salud es una tragedia. No hay un plan alterno para garantizar los servicios de salud a los veracruzanos ante la ineficacia que ha resultado la transferencia de los recursos federales a IMSS Bienestar. Ya lo vivimos con la creación del Insabi, que no duró ni un sexenio, dejó a millones de mexicanos sin servicios de salud, y se convirtió en una cueva de ladrones.

El aumento del 32% al presupuesto de la Sedarpa tiene una explicación sencilla. Es la dependencia donde tendrá más injerencia el esposo de la gobernadora, como de manera espontánea anunció durante la campaña. El campo será el caro juguete del ex jubilado de Pemex que hoy ya fue recompensado en el presupuesto. No mintió.

En materia de Procuración y administración de Justicia, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía del Estado seguirán estancados, como un mecanismo de control a través del presupuesto. La fiscalía seguirá padeciendo de una austeridad selectiva, mientras que el Poder Judicial tendrá que mendingar recursos para sostener a su nueva estructura.

Algo en lo que nadie ha reparado, a excepción del diputado Héctor Yunes, ha sido los retos que implica que miles de paisanos veracruzanos regresen al estado como consecuencia de las deportaciones masivas que ha anunciado Donald Trump. No hay un plan ni presupuesto para recibirlos en casa.

Y, finalmente, la Universidad Veracruzana se quedó con las ganas. Tampoco recibirá el trato prometido. La asignación del 4% del presupuesto total que le otorga la Constitución seguirá sujeta a la discrecionalidad del gobierno en turno. Los poco más de tres mil seiscientos cincuenta y ocho millones de pesos de subsidio estatal contemplado para el 2025 representan el 2.08% del total del presupuesto.

Pero el presupuesto no es una camisa de fuerza. Habrá muchos ajustes antes de que entre en vigor, considerando la eventualidad de los ingresos del gobierno federal y el Plan Veracruzano de Desarrollo. Lo que se aprobó el viernes bien podría ser sólo un catálogo de buenas intenciones.

Por lo pronto, Cuitlátlac y Lima Franco podrán sentirse satisfechos. El presupuesto que entregaron sólo se ajustó en la decisión de quien ejercerá el gasto, particularmente en lo que se refiere a la obra pública.

Lo demás quedó prácticamente igual…

¿Dejó Cuitláhuac un boquete financiero de 20 mil millones?

La candidatura de Lima Franco no está amarrada: Zepeta

¿Fue un boquete financiero de 20 mil millones de pesos y no su aspiración a ser presidente municipal de Poza Rica lo que motivó la salida de José Luis Lima Franco de la Secretaría de Finanzas? Pronto lo sabremos.

De manera sorpresiva, a unas horas del inicio del gobierno, Lima renunció para buscar una candidatura que no tiene amarrada, según ha dicho el propio dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez. En todo caso, el presupuesto nos puede dar mejores pistas de la verdad de su dimisión.

La primera es que el dictamen que se aprobó este viernes por Morena y sus aliados, autoriza a la gobernadora a suscribir créditos hasta por 10 mil millones de pesos para atender problemas inmediatos de liquidez. Pero, ¿cómo? Si Cuitláhuac nos dejó 10 mil millones de pesos en caja.

El 29 de noviembre pasado, el hasta entonces secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, aseguró que el gobierno de Norma Rocío Nahle García “no tendrá necesidad de solicitar un préstamo a corto plazo para pagar los compromisos de fin de año, toda vez que se queda en caja un techo presupuestal de 10 mil millones de pesos”. Cita textual.

Incluso, mencionó que a unas cuantas horas de que concluyera el gobierno, anunció la posibilidad de dejar otro paquete financiero para que el gobierno de Rocío Nahle inicie sin ningún problema económico.

Entonces, ¿por qué el crédito? ¿dónde quedaron los 10 mil millones de pesos que dijo Lima? ¿Por qué tendríamos que adquirir 10 mil millones más para resolver problemas inmediatos de liquidez?

Alguien no está diciendo –o no dijo- la verdad sobre la nueva deuda del estado. ¿Acaso eso es lo que le costó el cargo y eventualmente la candidatura a Lima Franco?

Veracruz repetirá el desastre de la

elección de jueces y magistrados

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, envió al Congreso local una iniciativa de reforma constitucional para modificar el proceso de designación de magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado, con el objetivo de que sean elegidos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo a partir de 2025.

La propuesta contempla que las elecciones judiciales coincidan con las elecciones estatales ordinarias. Esto a pesar de que tenía de plazo hasta el año 2027.

La urgencia radica en que se pretende que sea el próximo año, en la misma jornada electoral municipal, cuando se renueve parcialmente a los magistrados y jueces de primera instancia.

El Congreso de Veracruz sería responsable de emitir las convocatorias para las elecciones judiciales, aprobar postulaciones y resolver sobre licencias o renuncias de los integrantes del Poder Judicial. Asimismo, se crearía un Tribunal de Disciplina Judicial para supervisar el desempeño de magistrados y jueces, con facultades para sancionar, suspender o destituir.

De acuerdo con la iniciativa, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) organizaría las elecciones, incluyendo en las boletas los nombres y especializaciones de los candidatos.

El problema es que, por ejemplo, el proceso electoral inició hace un par de meses. De la elección de jueces y magistrados, el OPLE no tiene la más peregrina idea, por lo que el fracaso del proceso está garantizado…

Y si no, pregúntele a la ratonera…

La ratonera

¡De ripley¡ Un Joven egresado se registró para juez ante el Comité sin entregar un solo documento y… ¡calificó!

«Únicamente me di de alta de la plataforma y eso fue todo lo que yo hice. Fuera de ahí, yo no cargué absolutamente nada, digo, ni contesté cuestionario, ni cargué cartas, ni certificado, nada, nada», confesó Haggi de Jesús Tlahuisca, quien dijo que lo hizo sólo como un experimento político.

Ya sabemos entonces la calidad de jueces que vamos a tener, dada la exhaustividad del proceso de selección.