El estado de Texas ha puesto a disposición del gobierno de Donald Trump más de 567 hectáreas de terreno cerca de la frontera con México, con el propósito de construir un gran centro de detención para migrantes indocumentados. Esta propuesta forma parte del plan de deportaciones masivas anunciado por el presidente electo, que busca abordar la situación de más de 11 millones de personas sin estatus legal en Estados Unidos.

La Oficina General de Tierras de Texas envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la que expresó estar «completamente preparada» para llegar a un acuerdo. El terreno, de 567 hectáreas, se encuentra en el condado de Starr, al sur de Texas, y está atravesado por el río Grande, que funciona como frontera natural entre ambos países. Según las autoridades texanas, el terreno fue adquirido en octubre con el objetivo de reforzar la seguridad fronteriza y ampliar el muro divisorio.

Actualmente, el terreno se utiliza para el cultivo de productos agrícolas como cebollas, maíz, soja y girasoles. Sin embargo, la Oficina de Tierras no ha aclarado qué sucederá con la producción agrícola si se concreta el uso del terreno para la construcción del centro de detención. Este cambio podría afectar no solo a la producción local, sino también a las comunidades que dependen de estas actividades económicas.

El plan de Trump ha generado controversia desde su anuncio, ya que promete ser la mayor deportación masiva en la historia de Estados Unidos. Para ello, la futura administración ya ha comenzado a explorar distintas ubicaciones y a contactar empresas privadas de la industria penitenciaria, con el fin de aumentar la capacidad de detención del país. Estas iniciativas podrían marcar un giro significativo en la política migratoria estadounidense.

El terreno en cuestión no solo estaría destinado a la construcción de instalaciones para alojar a los migrantes detenidos, sino también para «procesar, detener y coordinar» las deportaciones. Este enfoque refuerza las declaraciones de Trump sobre implementar medidas más estrictas en la frontera y fortalecer la seguridad nacional.

Las implicaciones de estas decisiones van más allá de lo político, afectando la vida de millones de migrantes que, en muchos casos, han vivido en Estados Unidos durante décadas. Las promesas de deportación masiva han encendido el debate nacional sobre los derechos humanos y la viabilidad de llevar a cabo un proyecto de tal magnitud.

La decisión final sobre el uso del terreno, así como los detalles de su desarrollo, aún está en proceso de discusión. Sin embargo, la propuesta de Texas envía un mensaje claro sobre la disposición de algunas entidades para colaborar con las políticas migratorias de la futura administración.

 

M°1

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