PUNTO DE VISTA | Lima: perdido en las cifras

Tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. *** esos son los cargos que le imputan a David Cardeña Ortega, actual secretario particular de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. *** La denuncia fue presentada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en ella se narra cómo David Cardeña a su paso por la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, en enero del 2019, obtuvo una orden de aprehensión contra el indígena Guillermino Vicente Licona, a quien le violaron sus derechos, pues fue víctima de tortura y se le negó el acceso a un traductor, a pesar de que pertenece a una comunidad indígena en la que se comunican en totonaco. *** Precisamente por la falta de comprensión de los hechos que le imputaban, el fiscal lo obligó a firmar documentos cuyo contenido desconocía. *** Luego de ese tratamiento, el fiscal obtuvo del juez Adrián Reyes Acosta (contra quien también se hacen imputaciones en esta denuncia) prisión preventiva oficiosa de dos años. *** Una vez que Guillermino Vicente quedó en prisión, el fiscal David Cardeña solicitó en siete ocasiones que se difiriera la audiencia intermedia, hasta que en marzo de 2021 solicitó que se prorrogara la medida cautelar. *** El juez Adrián Reyes Acosta no tuvo inconveniente alguno en ampliar el término de la prisión preventiva oficiosa (la que, según la Constitución, no debe durar más de dos años) “por el término que dure el proceso” y en su determinación modificó la medida cautelar al convertirla en “prisión preventiva justificada”. *** La fiscalía, mientras tanto, siguió difiriendo la audiencia intermedia y es el caso que Guillermino Vicente tiene ya más de cinco años en prisión, acusado de un delito que no cometió, mientras la Fiscalía y el Juzgado se coluden para negarle el derecho que le concede el artículo 17 de la carta Magna: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. *** El blindaje bajo el que se ha cobijado David Cardeña Ortega se ha ido debilitando y esta denuncia llega en un momento crítico. Muy pronto se podrían estar dando los primeros pasos para que este personaje pague por los abusos en los que ha incurrido.

Es una lección básica de los gobiernos emanados de Morena: “cuando no tengas nada bueno qué decir, remítete al pasado, al “cochinero” que dejaron “los gobiernos neoliberales”.

Como si al llegar a su oficina no supiera a lo que se iba a enfrentar, José Luis Lima Franco ocupó buena parte de su mensaje introductorio, en la glosa del sexto informe de gobierno, a narrar el “desastre financiero” que encontró a su llegada, en diciembre del 2018, al gobierno estatal.

Habló de miles de millones de pesos pagados de adeudos “que dejaron gobiernos anteriores” o del recorte de más de 20 mil millones de pesos a la deuda, cifras que terminaron derrumbándose, cuando los legisladores (los de oposición, por supuesto, porque los de Morena tenían la consigna de aplaudir cada gesto, cada palabra del funcionario) sacaron sus propios números y exhibieron sus mentiras.
Lima Franco, quien ya fue ratificado en el cargo por la próxima gobernadora, insistía en apegarse a las cifras que llevaba anotadas, pero los cuestionamientos de los legisladores lo hicieron trastabillar, hasta que finalmente, en un lenguaje cantinflesco, terminó admitiendo que la actual administración sí contrató deuda, que los pasivos del gobierno estatal son del orden de los 50 mil millones de pesos y que la reducción no llega ni al 5 por ciento.

Lima Franco se aferró a hablar de la deuda que generaron gobiernos anteriores, sin atreverse a admitir que se trata de compromisos del gobierno estatal, sin distinción del período o la administración que los haya adquirido.

La atropellada exposición del secretario de Finanzas parece confirmar la versión que ha corrido en las últimas semanas: que su ratificación en el cargo tiene como fin obligarlo a resolver los problemas que se generan, de manera recurrente, en cada cambio de gobierno. Esto es, el pago de las obligaciones contractuales del mes de diciembre y el pago del servicio de la deuda que, -él mismo lo ha admitido- será mucho más alto en el próximo gobierno, porque así lo negoció él mismo.

Una vez que haya cubierto todos los temas pendientes y que el subsecretario de Ingresos y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández tenga dominio pleno de las funciones de esa dependencia, podrían estar procediendo contra Lima Franco o, en todo caso, le buscarían una “salida decorosa”.

Las de este martes fueron las comparecencias tres y cuatro, y en todas ellas los funcionarios parecen haber llegado desnudos, sin el blindaje que les ofrecía el gobernador. Lo numerosa bancada de Morena y la de sus aliados (PT y Verde) no son suficientes para cobijar a servidores públicos que están siendo exhibidos por las numerosas irregularidades en las que incurrieron.

Si el desempeño es un reflejo de lo que prepara Cuitláhuac García para su comparecencia, le podemos anticipar que será la jornada más complicada que haya enfrentado en los seis años de su administración.

La oposición tiene claro que no gana en los votos, pero puede dejar profunda huella desde la tribuna. Los ingenuos que esperaban que la próxima gobernadora les tendiera la mano, ahora entienden que, como dice el clásico: “El Rey ha muerto, viva la Reyna”.

El secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, aprovechó la comparecencia para hacer la glosa del sexto informe del gobierno estatal, para avisarles a los 212 alcaldes que van a recibir menos participaciones federales este mes. *** Les sugirió “organizarse” y diferir los pagos de aguinaldos en parcialidades, o de lo contrario tendrán problemas de liquidez. *** Lima Franco admitió que la Recaudación Fiscal Participable sufrió una severa caída, especialmente porque Pemex no liquidó los impuestos que le correspondían. *** El secretario de Finanzas también reconoció que el fondo de contingencia para estos casos (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas) ya prácticamente no existe, pues se recurrió a él en los años recientes y no hay forma de que se pueda disponer para cubrir los requerimientos de los ayuntamientos. *** Poco a poco se va descubriendo el desastre financiero que dejó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.