Recientemente, la Gobernadora Electa Rocío Nahle García dio a conocer que se reunió con concesionarios del servicio de transporte público en el Estado, para analizar la posibilidad de elevar la calidad en el traslado y transporte de los usuarios, así como reordenar el transporte público, garantizando un servicio de calidad en toda la entidad. “Es donde se podría dar paso al transporte público híbrido o eléctrico,” quizá principalmente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, así como en Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Orizaba y otras localidades.

Lo anterior, creo, debe contextualizarse con la reunión que hace unos días sostuvo la Doña Rocío con representantes de la empresa asiática Yutong, encargada de la producción de camiones eléctricos que ya se utilizan en Ciudad de México, Campeche y Yucatán.

Sin duda, “el ordenamiento del transporte público en el Estado de Veracruz” es una tarea que se ha quedado pendiente en administraciones anteriores, dado que se han realizado acciones quizá aisladas para contabilizar el número de autobuses, hacer revistas de sus condiciones mecánicas y poder detectar la existencia de unidades clonadas que circulan al amparo de la misma concesión, así como la revisión del precio de las tarifas autorizadas.

Sin embargo, en las acciones del pasado se advierte una falta de visión integral del transporte público, ya que “no han partido de la base del derecho a la movilidad y seguridad vial”, que fue objeto del reconocimiento constitucional en el año 2020, mediante la adición de un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”, así como la reforma al artículo 73, fracción XXIX-C de la propia Carta Magna, a fin de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de Movilidad y Seguridad Vial.

Con base en lo anterior, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que establece que todas las personas tienen derecho a moverse con seguridad, equidad, accesibilidad e igualdad de oportunidades y tiene como objetivos: garantizar la integridad física de las personas que usan las calles; asegurar que todas las personas puedan acceder a las calles y a los sistemas de transporte; garantizar la movilidad eficiente de las personas y bienes; adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático; garantizar la calidad de los servicios de transporte y de la infraestructura vial; y eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas.

Por tanto, el reordenamiento del transporte público en nuestra entidad veracruzana necesariamente debe pasar por un cambio de paradigma, es decir, “visualizarlo como parte de un sistema de movilidad de las personas, más allá de la simple regulación del uso de la vía pública”.

A partir del nuevo enfoque, una Ley de Movilidad se centraría en promover un sistema de transporte eficiente, seguro, inclusivo y sostenible e iría más allá de la regulación vehicular, buscando integrar todos los modos de desplazamiento, como caminar, andar en bicicleta, transporte público y vehículos particulares, así como considerando los siguientes aspectos: promover el derecho al acceso a la movilidad para todas las personas; fomentar el uso de medios de transporte no motorizados; establecer políticas para el desarrollo urbano sustentable y la infraestructura necesaria para un mejor transporte público y privado; considerar factores de equidad para garantizar que todas las personas tengan acceso a sistemas de transporte eficientes, independientemente de su situación económica; integrar los principios de sustentabilidad y protección del medio ambiente, fomentando la reducción de emisiones contaminantes y el uso de tecnologías limpias; planificar y mejorar el sistema de transporte en su conjunto, incluyendo no solo la regulación del tránsito de vehículos motorizados, sino también la movilidad activa —peatones y ciclistas—, la accesibilidad universal (para incluir a personas con discapacidad) y la infraestructura pública.

Así pues, se debe fomentar el uso de transporte público y de medios de transporte no motorizados, así como promover el desarrollo de infraestructura verde, como ciclovías, sistemas de transporte eléctrico o híbrido, y políticas que favorezcan la reducción del uso de vehículos particulares.

Es necesario integrar principios de accesibilidad universal, asegurando que las personas con discapacidad, personas de la tercera edad y otros grupos vulnerables tengan garantizado su derecho a moverse de manera segura y eficiente, buscando una mayor equidad social y promoviendo sistemas de transporte más inclusivos y accesibles para todos los sectores de la población.

Todo ello fomentará la participación ciudadana en la planificación de los sistemas de transporte, con consultas públicas y participación de expertos y organizaciones civiles en la toma de decisiones relacionadas con la movilidad urbana.

Finalmente, no debe perderse de vista que el concepto de movilidad ha ganado relevancia en México en las últimas dos décadas, y ya incluso varios estados han implementado leyes de movilidad, como es el caso de la CDMX, EdoMex, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Yucatán e Hidalgo.

DE SOBREMESA

El asunto de la ley de tránsito y la ley de movilidad concatenaría a casi todo el Gabinete Legal de la Gobernadora Rocío Nahle, junto al H. Congreso del Estado —al menos a las Comisiones Legislativas Unidad del asunto— e incluso al DIF Estatal y al sector privado más allá de los empresarios del transporte, pues la gobernabilidad está también sobre ruedas.

¡ES CUANTO!

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