Prefacio.
Al final, cual globo viejo, Cuitláhuac García fue perdiendo fuerza y ya no consigue frenar la información que exhibe a su gobierno, por su incapacidad y por su alto grado de corrupción. *** Tan sólo en la revisión del manejo de los recursos federales en el ejercicio fiscal 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró inconsistencias que podrían representar daño patrimonial por casi 375 millones de pesos. *** La Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), el Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda) y los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) fueron observados por 180 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). *** Además, la Secretaría de Finanzas y Planeación (cuyo titular, José Luis Lima Franco, se mantendrá en el cargo, al menos en el arranque del próximo gobierno), el Instituto de Pensiones (IPE), la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) presentaron discrepancias en obras públicas por 167 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). *** Estos números permiten confirmar esa versión que señala que aquellos servidores públicos que sirvieron en el gobierno de Cuitláhuac García y se mantendrán con Rocío Nahle, deben esta decisión, no a su buen desempeño, sino a que la próxima gobernadora los quiere mantener cerca hasta que salgan a la luz todas las irregularidades cometidas durante su gestión. *** A estas alturas ya no sirve que el gobernador hable de que todas esas observaciones se resuelven entregando documentación que no fue requerida durante las auditorías. Para cuando se inicie la etapa de solventación, Cuitláhuac García y los actuales titulares de los entes observados, ya no estarán en el gobierno, pero deberán responder por sus pecados. *** Ya se verá si cumplen.
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Se anticipó dos veces en este mismo espacio.
El lunes 22 octubre escribí: “Las impugnaciones se hicieron al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), pero esa instancia conoce sobre la resolución de la Sala Regional y sus magistradas saben que sería ocioso concederles la razón a los quejosos, toda vez que los tribunales federales lo revertirán”.
Tres días después, cuando se conoció la sentencia del TEV, aquí mismo se dijo:
“Las tres magistradas (Tania Celina Vásquez Muñoz, Claudia Díaz Tablada y Lily García Montané) saben que su resolución va a ser modificada una vez más en la Sala Regional, pero ellas habrán cumplido: ‘nosotras fallamos en el sentido que nos pidieron, pero nada podemos hacer en la instancia federal’, les dirán a sus patrocinadores.
Y sobre el dirigente estatal del PT se advirtió: “Vicente Aguilar Aguilar se compró una severa reprimenda de su dirigente nacional, Alberto Anaya, quien fue claro al instruirlo que no debía impugnar la distribución de diputados de representación proporcional. Vicente Aguilar perderá en los tribunales y perderá votos frente a su jefe”.
Pues bien: la noche del miércoles 30 de octubre de 2024 la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la asignación hecha originalmente por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz a favor de la fórmula integrada por Elizabeth Morales García y Karla Edith Sánchez Pérez como propietaria y suplente.
La Sala Regional Xalapa del TEPJF explicó que lo decidido por el TEV “se apartó de lo previsto en el mandato constitucional de paridad de género y al tratamiento que debe darse a ese principio, que incluye el mandato de alternancia de género por periodo electivo, al no ser una regla de compensación para efectos de la integración del órgano”.
La propia Elizabeth Morales reconoció la riqueza jurídica de México en su sistema de medios de impugnación, donde los disensos se resuelven interpretando y aplicando la ley de manera irrestricta.
“Y estoy consciente de que aún existe una instancia más a la que se puede recurrir, que es la Sala Superior, por lo que estaré atenta a que quede colmada la cadena impugnativa en mi caso”, aclaró.
En efecto, el dirigente estatal del PT, Vicente Aguilar, anunció que recurrirá a la sala superior del TEPJF y ante los medios de comunicación el único argumento que esgrimió para disputarle a la exalcaldesa de Xalapa la diputación fue que Elizabeth Morales no es militante de ese partido, cuando un reiterado llamado de su dirigente nacional, Alberto Anaya, ha sido que esa organización política abra sus puertas a distintas expresiones ciudadanas.
“Sí, claro. Vamos a impugnar. Siempre hemos manifestado que todo está en manos de los órganos electorales y en manos de la justicia. Se acaba el lunes, porque hay que tomar protesta quien vaya. Nosotros mañana metemos la impugnación”, dijo.
Desde ahora le puedo anticipar: la sala superior resolverá en el mismo sentido que la sala regional y el próximo martes 5 de noviembre Elizabeth Morales estará rindiendo protesta como diputada local.
Ahí acaba la primera parte de esta intrincada novela política.
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Epílogo
Así de pobre es el nivel de los personajes elegidos para evaluar a los futuro jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. *** Isabel Inés Romero, quien fuera magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz y de quien se sugirió que enfrentaba problemas mentales, está incluida en el Comité de Evaluación encargado de seleccionar candidatos para la elección de jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial en 2025. *** En la Cuenta Pública del 2021, la ASF observó la gestión de Isabel Romero por un posible daño patrimonial de 82 millones de pesos. Su sucesora Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre denunció, además, otro presunto desvío de recursos por 50 millones de pesos. *** ¿Con qué calidad moral puede tomar decisiones que impactarán en la calidad de justicia que se impartirá en México?
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