El caso del magnate Emilio Azcárraga Jean, quien la semana pasada decidió separarse de la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Televisa ante la investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició en su contra por supuestos sobornos a funcionarios de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para obtener los derechos de transmisión de los partidos de las Copas Mundiales de 2018, 2022, 2026 y 2030, es el mejor ejemplo de que la impunidad en México no sólo es atribuible a los jueces, magistrados y ministros “corruptos” del Poder Judicial de la Federación (PJF) –principal argumento de la polémica reforma de la 4T que propone sustituirlos por otros que sean electos mediante el voto popular, proceso electoral que según un proyecto presupuestal del INE costaría más de 13 mil millones de pesos–, sino que también ha exhibido la inoperancia de la Fiscalía General de la República (FGR), un órgano supuestamente autónomo, y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la unidad administrativa dependiente de la Secretaría de Hacienda, encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o “lavado de dinero”.

Y es que años antes de esta investigación, Eduardo Fernández García, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), había presentado también una denuncia ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en la que afirma que Azcárraga Jean y Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, otros ejecutivos de primer nivel de Televisa, presuntamente recibieron sobornos en efectivo provenientes de “funcionarios mexicanos corruptos, gobiernos y partidos políticos”.

En el documento presentado ante la SEC el 6 de octubre de 2022, Fernández García señaló que los recursos en efectivo fueron gastados a través de una empresa financiera de su propiedad –mediante engaños– en la compra de bienes de lujo, como un avión Gulfstream y un yate, así como para el pago de diferentes servicios en Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2011 con diferentes intermediarios.

Para lograr su objetivo, los ejecutivos de Televisa abrieron cuentas corporativas en su compañía denominada Diversity Investment Corp, a través de las cuales se habrían realizado 29 “transacciones ilegales y una serie de maniobras furtivas” para presuntamente lavar 40 millones de dólares que Fernández presume como “sobornos procedentes de las arcas públicas de México o de otras actividades ilegales y delictivas”.

Por lo anterior, el denunciante imputó a Azcárraga Jean, Gómez y Angoitia conductas que describe como “fraude financiero, lavado de dinero y perjurio”, las cuales representan violaciones “flagrantes” y “continuadas” a diversas leyes estadounidense en materia de valores bursátiles, contra la corrupción, el secreto bancario y antilavado de dinero.

En el texto de su denuncia presentada vía electrónica, Fernández García señaló que “cuenta con información original, material y no pública, que demuestra que Televisa” y sus ejecutivos “han perpetrado, durante más de una década, un esquema masivo de lavado de dinero a través de Televisa para limpiar pagos ilegales”

La denuncia del extitular de la CNBV implica a las administraciones de los ex presidentes Felipe Calderón (2006-2012), del PAN; Enrique Peña Nieto (2012-2018), del PRI, y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), de Morena, cuya actitud omisa se contrapuso a su discurso anticorrupción.

Candidatos indígenas: No es obligatorio hablar dialectos

Ayer comentábamos aquí que además de cumplir con la obligatoria paridad de género, los partidos políticos deberán acatar también los lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular en favor de personas indígenas, aplicables para el proceso electoral local ordinario 2024-2025 y los extraordinarios que en su caso se deriven de los mismos en el estado de Veracruz, ya que el Órgano Público Local Electoral (OPLE) marcó requisitos para que personajes de los municipios encuadrados en esta lista puedan ser candidatos a presidentes municipales, síndicos o regidores de sus respectivos ayuntamientos.

Lo que nos faltó puntualizar, es que de acuerdo con el artículo 13 de los Lineamientos para la Implementación de Acciones Afirmativas en Cargos de Elección Popular en Favor de Personas Indígenas (…), correspondiente a la Autoadscripción Calificada, se establece en el punto número 1 que “para acreditar el vínculo efectivo de la persona que se pretende postular con un pueblo o comunidad indígena, de manera enunciativa, más no limitativa, se podrán considerar los siguientes elementos: a) Pertenecer a la comunidad indígena; b) Haber nacido en la comunidad indígena; c) Hablar la lengua indígena; d) Ser descendiente de personas indígenas; e) Haber desempeñado algún cargo tradicional en la comunidad; f) Haberse desempeñado como representante de la comunidad; g) Haber participado activamente en beneficio de la comunidad; h) Haber demostrado su compromiso con la comunidad; i) Haber prestado servicio comunitario; j) Haber participado en reuniones de trabajo tendentes a mejorar las instituciones o resolver conflictos en la comunidad; k) Haber formado parte de alguna asociación indígena para mejorar o conservar sus instituciones.”

Ayer detallamos que de los 212 municipios de Veracruz, en 32 más del 90 por ciento de su población es indígena; en siete –Ixhuatlán de Madero, Uxpanapa, Coetzala, Espinal, Tlilapan, Zaragoza y Citlaltépetl, entre el 80.2 y 85.8% de sus habitantes hablan todavía su dialecto original, y en otros 11 –Papantla, Oteapan, Tantoyuca, Chalma, Chontal, Rafael Delgado, Naranjal, Tepetzintla, Playa Vicente, Cazones de Herrera y Tlachichilco–, sus pobladores se comunican con la lengua de su etnia originaria.

Consideramos pertinente hacer esta precisión para evitar malos entendidos que pudieran excluir a los aspirantes que cumplen con otros de estos requisitos aunque no hablen la lengua indígena.

Perfilan a tania carola para presidir congreso local

En el Palacio Legislativo de la avenida Encanto, de Xalapa, corre fuerte la versión de que la diputada local por el distrito de Emiliano Zapata, Tanya Carola Viveros Cházaro, de Morena, podría presidir la mesa directiva de la nueva Legislatura estatal que entrará en funciones el 5 de noviembre próximo.

Tanya Carola es una de las morenistas que fueron ganando cercanía con la gobernadora electa Rocío Nahle, a pesar de haber sido la suplente de la ex senadora Claudia Balderas Espinoza, una ex militante del partido guinda de Minatitlán que terminó muy mal con la también ex senadora y ex secretaria de Energía, Nahle García, quien en 2018 la apoyó para que llegara al Senado de la República por la vía plurinominal.

Viveros Cházaro, por cierto, es muy allegada también a la actual secretaria de Protección Civil del gobierno del estado, Guadalupe Osorno, una discreta funcionaria nativa del estado de Tlaxcala que acaba de ser ratificada en el cargo por la virtual gobernadora de Veracruz.

Tanya Carola, quien por segunda ocasión ocupará una curul en el Congreso veracruzano, fue secretaria particular de Osorno Martínez de 2018 a 2022, pues en agosto de ese año se integró al Comité Ejecutivo Estatal de Morena, en la cartera de Formación Política.

La representante popular del distrito electoral de Emiliano Zapata es una chef egresada del Instituto Culinario de Xalapa (ICUXA).

Como diputada a la 64 Legislatura loca, presentó varias iniciativas a favor de los derechos de las mujeres, como fue la de ampliar a 12 semanas el periodo para abortar y ampliar las causales para interrumpir el embarazo. Pero no se validó.

A finales de esa Legislatura, el 31 de octubre del 2018, junto con el entonces coordinador de la bancada de Morena, Zenyazen Escobar García, tomaron las instalaciones del Congreso del Estado para evitar la última sesión del periodo ordinario y así impedir que los panistas, que tenían mayoría, votaran dictámenes de último momento.

Biofertilizante certificado, audaz aportación de Granjas Carroll

Y, pasando a otro tema, nos comentan que en un momento en el que la sostenibilidad es clave para el futuro de la agricultura, Granjas Carroll de México (GCM) ha dado un paso audaz hacia la innovación responsable. El desarrollo de un biofertilizante elaborado a partir de residuos orgánicos digeridos marca un avance significativo en el manejo sostenible de residuos y en la regeneración de suelos agrícolas.

Este biofertilizante, que cuenta con la certificación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), se distingue por su composición rica en nutrientes esenciales como fósforo, potasio y nitrógeno. Estos elementos son fundamentales para mantener la salud de los suelos y optimizar el crecimiento de los cultivos. La certificación de la SADER no solo valida la calidad del producto, sino que lo posiciona como una opción confiable y segura para los agricultores interesados en transitar hacia prácticas más ecológicas.

Granjas Carroll ha demostrado su compromiso con el medio ambiente al utilizar tecnologías avanzadas para el aprovechamiento de residuos orgánicos, que de otro modo podrían convertirse en un problema de contaminación. Este enfoque proactivo permite a la empresa cerrar el ciclo de producción de manera responsable, mitigando su huella ambiental mientras contribuye a la regeneración de suelos y a la reducción del uso de fertilizantes químicos tradicionales.

El biofertilizante no solo beneficia al medio ambiente, sino que también ofrece una herramienta eficaz para mejorar la productividad agrícola en la región. Al reponer los nutrientes esenciales que los suelos pierden con el tiempo, este producto impulsa una agricultura más sostenible, promoviendo la salud del suelo a largo plazo y reduciendo la dependencia de productos químicos nocivos.

Con esta iniciativa, Granjas Carroll reafirma su liderazgo en la agroindustria, demostrando que la eficiencia productiva y el cuidado del medio ambiente no son mutuamente excluyentes.