El refrán dice que «el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver». Esta reflexión se aplica a muchos de nuestros políticos actuales, quienes, al asumir un cargo público—ya sea por elección popular o designación—parecen perder la brújula.

A menudo se dice que algunos servidores públicos “se marean en un ladrillo”.

Un caso representativo es el de Óscar Alejandro Trujillo Flores, director del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa. Este funcionario llegó a su puesto gracias a su conexión con el grupo político que dominaba las posiciones en estas instituciones, liderado por el entonces subsecretario Eleazar Guerrero Pérez, quien fue sustituido por Carlos Bernabé Pérez Salazar.

Con su salida inminente—una realidad en el ámbito administrativo—Trujillo busca acercarse a la senadora Claudia Tello Espinosa, quien asumirá pronto el cargo de secretaria de Educación de Veracruz, así como a Elías Calixto Armas, recién nombrado Subsecretario de Educación Media Superior y Superior. Su objetivo es “explicar” y “justificar” las decisiones cuestionables, actos de presunta corrupción, y abusos de poder que han caracterizado su breve gestión.

Los medios de comunicación han informado sobre diversas irregularidades, pero se ha revelado que Trujillo, junto a Nora Elda Romero Martínez y José Llamas Alvarado, ha presionado al personal para que realicen trabajos en sus hogares utilizando recursos públicos, prometiendo mejores salarios y prestaciones a cambio de su colaboración al entregar la institución a la nueva administración.

Estas acciones han generado un fuerte descontento en la comunidad educativa. En particular, Nora Elda Romero ha sido acusada de usar recursos y personal del Tecnológico para beneficio personal, incluyendo un chofer que, se dice, utiliza para asuntos privados y transporte de familiares.

Además, persisten acusaciones sobre presuntos desvíos de recursos públicos. Aunque Trujillo ha intentado defenderse públicamente, es probable que la magnitud del daño patrimonial solo se revele tras su salida.

Una de las últimas decisiones arbitrarias de Trujillo fue la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo que dejará a la nueva administración sin operatividad financiera, generando un conflicto social latente.

Desesperado por permanecer en su puesto, ha obligado al personal a enviar un escrito a la gobernadora electa, Rocío Nahle, alabando su gestión, lo cual contrasta con el descontento expresado por la comunidad educativa del Tecnológico.

Trujillo busca, día y noche, ser atendido por quienes representarán la administración pública estatal a partir del 1 de diciembre. Su objetivo evidente es aferrarse al cargo para tener la posibilidad de ocultar su ineficiente gestión.

Sin embargo, sería importante que, en lugar de ratificarlos, se investigue y, si es necesario, se denuncie a estos personajes.

Esperemos que la nueva administración no deje impune la afectación al Instituto Tecnológico Superior de Xalapa. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para restaurar la confianza en las instituciones educativas.

@luisromero85