Desde la máxima juarista de que a los amigos justicia y gracia, y a los enemigos justicia a secas, hasta la innovadora “tómbola” morenista, el sistema de justicia en México siempre ha sido la meretriz del poder político. Claro, con honrosas excepciones.

¿Acaso ya olvidaron que, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la entonces Procuraduría General de la República intentó resolver el caso de la desaparición nunca aclarada del ex diputado Manuel Muñoz Rocha, inculpando a Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas, a partir de la fabricación de pruebas y la intervención de una vidente? ¿Y que los jueces lo mandaron a guardar a Almoloya por varios años?

¿Se imaginan a una vidente llamada La Paca, estrella nacional del show business para deshacerse de Carlos Salinas, haciendo el trabajo científico de la policía ministerial? Antes como ahora, fuimos el ridículo internacional.

Hoy, en lugar de La Paca tenemos a la tómbola. El propósito es el mismo: someter al Poder Judicial a los intereses políticos del Presidente y Gobernadores, ya sea para que su voluntad esté por encima de la Constitución o para materializar la venganza en contra de sus adversarios, así sean del mismo partido. Eso no ha cambiado en nada.

Pero, ¿qué es exactamente la tómbola? Es el sorteo de las plazas que serán votadas en una elección extraordinaria el 1 de junio de 2025 para seleccionar al 50 por ciento de los jueces y magistrados federales, algunos jueces estatales, las vacantes del Tribunal Electoral, a todos los ministros de la Suprema Corte y a todos los miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

El Poder Judicial se renovará en dos elecciones: la mitad, el primer domingo de junio de 2025; y la otra mitad, el primer domingo de junio de 2027. El sorteo mediante tómbola fue para decidir que plazas se eligen el año que viene y cuáles hasta 2027.

Ahora que ya sabemos cuáles plazas van a concurso, ¿Qué sigue? El Senado emitirá una convocatoria el 16 de octubre para que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial instalen, cada uno, un comité de evaluación el 31 de octubre con cinco personas de “reconocido prestigio jurídico” para definir a los candidatos con procesos “abiertos y transparentes” con paridad de género.

¡Ajá! Si fuera el caso, Lenia Batres jamás hubiera sido Ministro de la Corte.

En enero de 2025, los comités de cada poder enviarán una lista de 10 finalistas para las vacantes de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial, y de seis para cada juzgado y tribunal colegiado.

Finalmente, en febrero aprobarán los listados finales de cada poder para un total de tres candidatos de cada uno de los comités para los tribunales superiores y de dos para cada vacante de jueces y magistrados de tribunales colegiados y de circuito.

Hasta ahí todo bien. Los ministros, jueces y magistrados podrán concursar por sus propias plazas como sucede incluso en el Servicio Profesional de Carrera del gobierno federal.

El problema radica en dos filtros que ha impuesto Morena para asegurarse que todos los órganos del Poder Judicial estén bajo su control. Habrá la entrada de personajes vinculados con la oposición para legitimar el proceso, pero que en todos los órganos colegiados representarán minoría. Son ignorantes, pero no pendejos.

El primer filtro será el comité de evaluación de cinco personas de “reconocido prestigio jurídico” para definir a los candidatos. Esos comités, uno por cada poder, estarán dominados por perfiles afines a Morena. Ahí decidirán quien pasa y quién no.

El segundo filtro será la elección misma. Si algún indeseable se les llegara a colar resultado de alguna negociación, echarán a andar tooooda la maquinaria electoral para convencer a millones de simpatizantes de “votar libremente” por personajes que ni conocen ni volverán a saber en su vida.

Ese será el trabajo de gobernadores, diputados, presidentes municipales y demás estructura de Morena para movilizar a sus huestes en favor de sus candidatos a integrarse al Poder Judicial.

Aunque la elección de ministros, jueves y magistrados la organice el INE, es previsible que la participación y los resultados sean muy similares a aquéllos ridículos ejercicios de juicio a los ex presidentes o la revocación de mandato de López Obrador.

El resultado está cantado. Los ministros, jueces y magistrados impulsados por Morena ganarán por abrumadora mayoría, por porcentajes que serán la envidia de cualquier otro candidato a alcalde, diputado o gobernador.

Esa será tarea de los servidores de la nación: indicar a los beneficiarios de los programas sociales a quien deben entregar su voto.

Entonces en México tendremos en el sistema de justicia a una meretriz de lujo, coronada por un “proceso democrático” donde el pueblo decidió quien será su verdugo al momento que tenga que enfrentar la justicia.

En conclusión, ¿la tómbola fue un proceso legal? Eso está por verse debido a las fallas en el proceso legislativo –reconocidas tanto por Monreal como por Fernández Noroña- que podrían anular la reforma. Y si la reforma se anula y se repone el procedimiento, pues también todo el sainete del fin de semana en el Senado.

Pero también la tómbola estuvo llena de pifias y errores que darían lugar a que muchos de los jueces cuya plaza fue puesta a concurso promuevan amparos y el tema se vuelva a empantanar.

Esa es la razón por la que Monreal y Noroña andan tan suavecitos y conciliadores. Al tiempo.

Veracruz, modelo de justicia morenista

En todo este entuerto, Veracruz aparece como el modelo morenista de justicia.

Como todos los regímenes anteriores, Morena no busca un sistema de justicia eficaz y transparente. Como todos, busca someter al Poder Judicial a su proyecto para mantenerse en el poder por décadas.

En un espléndido reportaje firmado por la reportera Flavia Morales y publicado por la agencia AVC Noticias en colaboración con la revista Proceso y Connectas, queda al desnudo el perverso uso político de la Fiscalía del Estado y el poder judicial para perseguir y enjuiciar a sus adversarios políticos.

“Al menos 30 políticos han sido encarcelados por diversos delitos, en el actual gobierno de Cuitláhuac García. Según jueces federales, las pruebas están basadas en sospechas, especulaciones, argumentos sin razón ni lógica, con testigos protegidos e informes policiales imprecisos. Esta situación generó un intenso debate entre jueces locales y federales que, incluso, llegó a la tribuna presidencial” abre la investigación periodística.

La Fiscalía local acusó a políticos y exfuncionarios de cometer delitos tan serios como homicidio, secuestro, desaparición forzada y extorsión, según se confirma en la investigación.

A otros los señaló de cometer actos ilícitos menores, como amenazas, ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, entre otros.

En nueve de estos casos no se pudo demostrar la culpabilidad y los políticos están libres. En otros 11, los políticos siguen su proceso en libertad porque las medidas de prisión eran excesivas y diez continúan en prisión librando una batalla judicial.

Los jueces federales encontraron que, en al menos diez de estas investigaciones de la Fiscalía, había inexistencia o insuficiencia de pruebas. Incluso, hubo pruebas basadas en sospechas, especulaciones y argumentos vagos, sin lógica ni conexión, como puede leerse en los expedientes. Los amparos ponen en evidencia que, en cinco casos, las pruebas de culpabilidad están basadas en informes policiales imprecisos.

Los jueces federales también cuestionaron a togados locales por la imposición de medidas cautelares excesivas y, por tanto, contrarias “a los principios constitucionales”, en delitos no graves. Lo hicieron basándose en dictámenes periciales elaborados por la Secretaría de Seguridad Pública, parte de la estructura del gobierno de Veracruz.

La justicia federal sigue revocando investigaciones de la Fiscalía local y cuestionando a los jueces, señalados por actuar como instrumentos de los poderes políticos, conluye el reportaje.

Con la reforma judicial, Morena y sus gobernantes esperan que ministros, jueces y magistrados dejarán de ser un estor para sus pretensiones. La justicia al mejor postor pasará a manos del poder político.

Los ciudadanos, y principalmente los adversarios políticos, sólo cambiarán de verdugos.

Gómez Cazarín: res o carnicero

El 8 de marzo de 2022, desde las mazmorras informativas del Congreso del estado, circuló un comunicado no oficial ordenado por el coordinador de la Jucopo, Juan Javier Gómez Cazarín. El texto decía:

“El conflicto territorial entre Oteapan y Chinameca tiene detrás a un personaje oscuro: el ex perredista y actual diputado federal Esteban Bautista Hernández, quien pretende sacar raja política azuzando y engañando a la gente para mantener el bloqueo de la carretera Cosoleacaque-Acayucan.”

“Ya una vez Esteban Bautista traicionó a la gente y al partido que lo respaldó; ahora pretende doblegar a autoridades en un intento de recuperar el control político de esta zona. Las autoridades estatales no deben dejarse engañar por este falso movimiento ciudadano, sino actuar contra quienes están manipulando al pueblo, como ocurre con el legislador Esteban Bautista.”

“¿Qué pretende Esteban Bautista con la toma de la carretera?, tratar de recuperar un control político que la misma gente le ha retirado al ver que sólo busca sus intereses y es capaz de traicionar a quien le apoya, como sucedió con el PRD, partido que le abrió las puertas para puestos públicos.”

Los autores de la infamia y quienes, favorecidos por el trato comercial del Congreso, lo difundieron, saben la verdad. Por eso, la respuesta de Bautista fue inmediata y contundente a través de sus redes sociales:

«Eres un fracasado, mejor ponte a legislar, fracasaste con la Reforma Electoral, fracasaste con el desafuero de Winclerk, fracasaste con el delito de Ultrajes a la Autoridad. Haz fracasado en TODO… Mejor ponte a trabajar muchacho».

Lo que nunca imaginó Gómez Cazarín es que su adversario fuera quien dos años después lo va a sustituir en la coordinación de la Junta de Coordinación Política del Congreso, lo que supone un serio inconveniente, ante el uso discrecional de recursos, personal, influencia y toda clase de triquiñuelas se resolvieron durante las últimas dos legislaturas.

Pero al parecer, Cazarín ya olvidó las “cortesías” que tuvo con Esteban Bautista. A través de sus redes, publicó el viernes pasado, luego de iniciar el proceso de entrega-recepción de la actual legislatura local:

«Me dio mucho gusto saludar en el Palacio Legislativo al diputado Electo, Esteban Bautista Hernández próximo Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Le reiteré al diputado Bautista mi felicitación por su encargo y acordamos una transición fluida y eficaz».

No es casualidad que hayan tenido que recurrir a muchos testigos de calidad para evitar cualquier desaguisado.

Lo que no se sabe aún es sí Gómez Cazarín será la res o el carnicero durante el gobierno de Rocío Nahle. Pronto lo sabremos.

La ratonera

En cualquier otro gobierno, la gobernadora de Guerrero y el gobernador de Sinaloa ya habrían entregado el cargo ante la violencia y complicidad con el crimen organizado. No lo pueden hacer porque forman parte de la herencia maldita…