El informe de fiscalización de la cuenta pública 2023, elaborado por ORFIS-Veracruz, revela un dato alarmante que pone de manifiesto el desaseo en el manejo de recursos públicos en los ayuntamientos de la entidad: el presunto daño patrimonial asciende a 1,350 millones de pesos durante este ejercicio.

Este monto es el resultado de auditorías a las finanzas y la obra pública de los 212 gobiernos municipales en Veracruz, y, según el organismo auditor, representa un “posible desvío de recursos”, que podría desencadenar la “determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones a quienes manejaron los recursos públicos”.

De manera general, 173 municipios presentan irregularidades que sugieren la existencia de daño patrimonial. Solo 39 ayuntamientos han salido limpios de las revisiones, lo que significa que, si bien encontraron algunas irregularidades administrativas, no se identificaron observaciones graves. Entre estos se encuentran Coatzacoalcos, Xalapa, Coatepec, Córdoba, Boca del Río, Martínez de la Torre, Huatusco y Poza Rica.

Las irregularidades financieras detectadas incluyen cheques sin soporte documental, saldos no ejercidos sin la correspondiente comprobación, anticipos a sueldos y salarios no amortizados, y gastos sin comprobación. También se han registrado anticipos a proveedores y contratistas que permanecen sin amortizar, adquisiciones de bienes sin licitación y erogaciones respaldadas por documentos que no cumplen con los requisitos de autenticidad.

En la revisión de la obra pública, el ORFIS identificó una serie de problemas: falta de documentación, obras no operativas, ejecuciones irregulares, proyectos inconclusos, y pagos en exceso por volúmenes no ejecutados, así como deficiencias técnicas en las construcciones.

Entre los 173 ayuntamientos con observaciones y probable daño patrimonial, se destacan varios casos. En Tantoyuca, bajo la administración de Jesús Guzmán Avilés (PAN), se detectaron irregularidades por más de 51 millones de pesos. En Veracruz, gobernado por Patricia Lobeira de Yunes (PAN), se hallaron irregularidades por 23.4 millones de pesos.

Ixtaczoquitlán, dirigido por el morenista Nahúm Álvarez Pellico, reportó un daño patrimonial de 73.3 millones; y Las Choapas, donde Mariela Hernández García (Morena) ocupa la alcaldía, consigna un posible daño de 47.4 millones. Emiliano Zapata, presidido por Erick Ruiz Hernández (también de Morena), enfrenta un presunto daño de 20.6 millones.

Los ayuntamientos priistas también están en la mira: Atzalan (Carlos García Domínguez) con 20.8 millones; Cosoleacaque (Ponciano Vázquez Parissi) con 14.8 millones, y Perote (Delfino Ortega) con casi 9 millones.
El PRD, aunque desaparecido, sigue dejando huella: el alcalde de San Rafael, Héctor Lagunes Reyes, enfrenta un daño patrimonial de 21.2 millones; mientras que la alcaldesa de Santiago Tuxtla, Kristel Hernández Topete, reporta 33.8 millones.

De estos datos, destacan dos puntos clave: primero, que, salvo los casos del Puerto de Veracruz y Tantoyuca, no se observa otro municipio de relevancia demográfica y presupuestal con irregularidades graves; segundo, que la lista incluye ayuntamientos de todos los partidos políticos, lo que sugiere que el desaseo en el manejo de recursos públicos no conoce de colores ni siglas partidistas.

Es urgente que se tomen medidas efectivas para corregir estas irregularidades y asegurar una administración pública más transparente y responsable en los municipios de Veracruz, donde cada año se repite la misma historia de corrupción y daño patrimonial.

@luisromero85