Confiado en el manto protector de su pareja sentimental, el flamante subsecretario de Finanzas de la Sefiplan, Carlos Bernabé Pérez Salazar –familiar e incondicional de su antecesor y ahora diputado federal plurinominal de Morena, Eleazar Guerrero Pérez–, el director del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX), Óscar Alejandro Trujillo Flores, anda como “chivo en cristalería” en su afán por ser ratificado en el cargo en la siguiente administración estatal de la gobernadora electa Rocío Nahle García.
Si eso llegara a suceder –lo que sus malquerientes ven muy remoto por su pírrica trayectoria y sus vínculos políticos actuales–, el licenciado en Informática tendrá que resolver las demandas que trabajadores han enderezado en su contra por abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, ya que por instrucciones que no se explican, dado que legalmente no tiene jurisdicción en esta institución de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), los demandantes han evidenciado el aparente “control” del subsecretario de la Sefiplan.
Edgar Allan Blázquez López interpuso una denuncia ante la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Clementina Salazar Cruz, la cual turnó la Carpeta de Investigación 514/2024 al Fiscal investigador Jesús Martínez Betanzos.
Blázquez también presentó una demanda laboral ante los Magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, la cual quedó integrada en el expediente 723/2024, y una denuncia por posibles actos u omisiones administrativas ante el Órgano Interno de Control (OIC) en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica.
Lo mismo hizo el empleado de intendencia Francisco Sánchez Miranda ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que integró la Carpeta de Investigación 526/2024, mientras que en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado fue radicado el expediente 724/2024. Similar denuncia recibió la Comisión Estatal de Derechos Humanos que preside Namiko Matzumoto Benítez.
En ambos casos, los denunciados son Carlos Bernabé Pérez Salazar, subsecretario de la Sefiplan; el director del ITSX, Óscar Alejandro Trujillo Flores, y Nora Elda Romero Martínez, encargada de la Subdirección de Servicios Administrativos. Los dos trabajadores argumentan que les fue retenido o disminuido su salario de manera ilegal y que la respuesta de la funcionaria administrativa es que todo fue por instrucciones del subsecretario Pérez Salazar, “sin que tenga las facultades para ello, pues no pertenece a la estructura orgánica del Tecnológico”, según expuso en su denuncia Blázquez López, quien señaló que estos hechos u omisiones “pudieran ser constitutivos de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, ejercicio indebido del servicio público o lo que esta autoridad debidamente califique”.
En sus alegatos escritos indica que pidió copia de la resolución en donde se ordena la retención de su salario “y la subdirectora me dijo que no me lo podía entregar, pero que no tenía que dejar de trabajar porque me tenía que seguir reteniendo mi salario, sin referir los motivos por los cuales me retenía mi salario”. Al no recibir respuesta procedió con la denuncia ante lo que podría resultar hechos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.
Por su parte, Sánchez Miranda, a quien igualmente se le redujo su salario de manera ilegal, también denunció por los mismos delitos a los funcionarios públicos. Acusó que, al pedir explicaciones de la situación, la respuesta que recibió es que todo era por instrucciones del subsecretario de Finanzas. Además de denunciar la intervención ilegal del funcionario de la Sefiplan, señala que los directivos del Tecnológico han abusado del cargo al reducir su salario, sin que mediara algún procedimiento administrativo.
A estos funcionarios estatales se les siguen acumulando los expedientes, ya que cada día se van sumando más demandas por los abusos de autoridad que continúan cometiendo. ¿Así buscan ser ratificados en la próxima administración de la gobernadora electa Rocío Nahle? ¿A poco la senadora Claudia Tello Espinosa, futura titular de la SEV, solapará estos abusos?
Fiscala en apuros
Vaya apuros que pasó ayer la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, quien luego de haber montado la tradicional guardia de honor ante el monumento del Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque de Los Berros, de Xalapa, fue abordada por los reporteros que, obviamente, le preguntaron por las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión en contra de los miembros del clan Yunes del PAN.
Doña Vero recurrió nuevamente al trillado pretexto de la “secrecía” de la investigación ministerial para no dar explicaciones sobre este espinoso tema que sigue siendo la comidilla de la prensa local y nacional por la presunta negociación que los operadores legislativos de Morena en el Congreso de la Unión acordaron con el senador Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, para que a cambio de su voto que completaría los 86 de la mayoría calificada que se requiere para aprobar todas las reformas constitucionales, se daría carpetazo a los expedientes penales reactivados en su contra y de su hermano Fernando, el ex alcalde porteño que en noviembre próximo ocupará una curul en el Congreso del Estado como diputado local plurinominal que también le regaló el PAN.
“Ya informé, todo lo que hemos atendido desde la Fiscalía ha sido conforme a derecho, por la secrecía yo no puedo informar al respecto de la situación legal”, respondió a los periodistas, los cuales le cuestionaron que la Fiscalía a su cargo negociaba impunidad en casos como los de la familia Yunes Márquez.
“No, nosotros, al contrario, creo que hemos dado muestra de que no hay impunidad y que nada supera a la ley”, contestó a los reporteros, algunos de los cuales se rieron de su respuesta.
Ante la insistencia de los entrevistadores, relatan que sus guardaespaldas tuvieron que rescatarla, llevándosela custodiada hasta su camioneta de lujo con blindaje nivel seis.
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