La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, Leticia Aguilar Jiménez, informó que a más tardar en tres semanas se discutirán la sentencia que inhabilitó a ex funcionarios del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares por el fraude en la contratación del sistema de videovigilancia en el estado.

Entrevistada tras su guardia de honor ante la efigie de Miguel Hidalgo y Costilla en el parque de Los Berros, dijo que el tema ya se turnó a la ponencia de Responsabilidades Administrativas y que en breve se someterá ante el pleno.

Lo anterior luego de que los ex funcionarios impugnaron la resolución de Sala Regional Centro en la que además de la inhabilitación se les ordenó pagar 700 millones de pesos.

“Ese tema ya está en Sala Superior ya se turnó a la ponencia de Responsabilidades Administrativas y en unos días ya saldrá el proyecto de esta ponencia y se circula para que sesione en sala superior”, dijo la funcionaria.

Hay que recordar que la sentencia de Sala Regional inhabilitó por 20 años al ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie y tres ex funcionarios más por el daño patrimonial causado en el pago para la instalación del sistema de cámaras de videovigilancia por parte de la empresa COMTELSAT.

Como parte de la sentencia emitida por la Sala Regional Unitaria Centro se determinó que los ex funcionarios están obligados a pagar el daño que asciende a casi 700 millones de pesos.

Cuestionada sobre el sentido del proyecto, la magistrada presidenta indicó que corresponderá al titular de la Sala establecer los parámetros y el pleno analizará la propuesta.

“Quien tiene a cargo el proyecto es la ponencia tres y nosotros lo revisamos y vemos si vamos con el proyecto o hacemos modificaciones”.

Es de recordar que la sentencia de la Sala Regional respondió al proceso que inició el Órgano Interno de Control de la SSP contra los ex funcionarios del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Y que estableció que los ex funcionarios deberán pagar el monto daño en cuanto a los recursos estatales, pues el contrato de 2017 era por mil 116 millones de pesos, de los cuales fueron pagado mil 044 millones.

De esa cifra pagada, 350 millones de pesos son de recursos federales, y está en investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); el resto son recursos estatales que deberán ser pagados.

La sentencia fue dictada por la Sala Regional Unitaria centro, por el magistrado Jaziel Cabrera Pacheco, sin embargo algunos de los sentenciados promovieron un amparo, por lo que el caso escaló a la Sala Superior.

En su momento se informó que a pesar de la inversión millonaria para el sistema de videovigilancia no se obtuvieron la totalidad de los bienes y el servicio contratado, aunado a que la mayoría de los bienes recibidos presentaban fallas o no servían.

AVC

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