La reforma judicial fue aprobada en lo particular y general por diputados de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y de Partido Verde, con lo que completaron el primer paso del proceso legislativo de la iniciativa, luego de discutir la mañana de hoy 4 de septiembre de 2024 las reservas al dictamen, el cual ahora pasará al Senado para su análisis y aprobación en la primera quincena de septiembre.

En la sede alterna en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en Iztacalco, debido a las protestas en la Cámara de Diputados y el bloqueo a los accesos, legisladores de Morena, que tienen mayoría, respaldaron el dictamen que propone la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular. En tanto, diputados de la oposición del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se manifestaron en contra de la reforma y así lo reflejaron en su voto tanto en lo general como en lo particular.

El PRI consideró que la reforma judicial es una «venganza política» contra «un poder que ha cumplido con su deber de velar por el respecto a la Constitución» y afirmó que ésta no resolverá los «grandes pendientes» en materia de justicia que enfrenta el país.

«Por el contrario, pone en riesgo los avances logrados y centraliza aún más el poder en el Ejecutivo», puntualizó.

Fue tras más de 17 horas de debate y en una sola sesión, que arrancó ayer a las 16:00 horas, en la sede alterna en Iztacalco que la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador superó el primer paso al ser avalada en la Cámara de Diputados y ahora seguirá su proceso legislativo en el Senado.

En lo general, la reforma judicial fue aprobada con 359 votos a favor, 135 en contra de la oposición y no hubo absteciones.

Reforma judicial: ¿En qué consiste el dictamen?

La iniciativa de reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y la cual envió al Congreso establece, entre otros puntos:

  • Elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte; el INE se encargará del proceso.
  • Reducción a nueve los ministros y ministras de la Corte; durarán en el cargo 12 años.
  • Se establece un plazo máximo de seis meses para que autoridades dicten sentencias.
  • Se faculta al Tribunal de Disciplina Judicial para investigar y sancionar a servidores públicos que incumplan la ley.

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