A ver, a ver, a ver: ¿cómo está eso de que repentinamente el flamante senador veracruzano de primera minoría por el PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, anda muy conciliador con la presidenta electa Claudia Sheinbaum y la virtual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle?

Y es que el jueves pasado, tras rendir protesta y estrenar su escaño en la Cámara alta del Congreso de la Unión, el ex alcalde boqueño difundió en las redes sociales este mensaje: “En mi primer (sic) declaración como Senador de la República quiero extender la mano y mostrar mi disposición a colaborar con el nuevo gobierno federal y estatal, para sumar esfuerzos y lograr lo que todos queremos: un México y un Veracruz más próspero y justo”.

¿Lo habrá consultado con su papá, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien además es su suplente en el Senado?

La pregunta es obligada porque hace poco más de un mes, el lunes 29 de julio, el ex mandatario panista salió en defensa de sus hijos Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez –éste, electo como diputado local plurinominal por el PAN–, contra los cuales la Fiscalía General del Estado (FGE), por presuntas presiones del gobernador Cuitláhuac García y de Rocío Nahle, se han librado órdenes de aprehensión por diversos supuestos delitos.

“Esta es claramente una agresión personal, no un acto de justicia, por eso en su momento pasaré las facturas; lo haré yo, nadie más”, salió a declarar Yunes Linares, quien informó que ese día había presentado dos denuncias en contra de García Jiménez ante la Fiscalía estatal.

“Nunca me he metido con los hijos de un adversario; es una bajeza. Se metieron con los míos. Aunque sea lo último que haga en la vida se los cobraré a todas y a todos los agresores, no tengan duda. Nada es para siempre, tampoco el poder”, les recordó el exmandatario panista al gobernador de Morena en funciones y a su virtual sucesora.

En el caso de Miguel Ángel junior, en apariencia ya habría librado la amenaza de ser procesado penalmente por el fuero constitucional que adquirió tras rendir protesta como senador. Sin embargo, ello no le garantiza plena inmunidad ya que Morena y sus aliados tienen mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión para desaforarlo y someterlo a juicio penal, sí así lo decidieran los altos mandos morenistas de Palacio Nacional y de Veracruz. En esa misma situación tan estresante estaría su hermano Fernando, quien también podría ser desaforado por la 67 Legislatura local que entrará en funciones hasta el 5 de noviembre próximo, pues al ex alcalde de Veracruz le imputan un presunto daño patrimonial de más de 90 millones de pesos, de acuerdo con las observaciones hechas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a la administración municipal porteña que presidió de 2018 a 2021.

Sin embargo, en su alegato, Yunes Linares afirmó que “las ‘acusaciones’ presentadas” contra sus hijos “no tienen absolutamente nada que ver con temas patrimoniales, ni de desvío de recursos”.

“Ni a Miguel ni a Fernando los han acusado de tomar un centavo de las arcas públicas. Tampoco a mí.

“A Miguel le dictaron orden de aprehensión por una constancia de domicilio reconocida como válida por todas las autoridades electorales, pero que Morena insiste en que no lo es; eso ha dado lugar a una persecución en la que han querido hacer participar incluso a la Interpol, como si fuera un peligroso delincuente.

“La carpeta estaba archivada desde 2021, por no tener ninguna sustancia.

“En esencia a Miguel lo persiguen penalmente porque siendo veracruzano quería gobernar el Puerto de Veracruz, mientras que a Rocío Nahle le reforman la Constitución para que siendo de Zacatecas pueda gobernar a los veracruzanos. ¡Justicia al estilo 4T!

“A Fernando le han girado dos órdenes de aprehensión.

“Para declararlo ‘sustraído de la acción de la justicia’ y dictarle dichas órdenes le dejaron el citatorio para comparecer no en su domicilio, sino en la casa donde vivía mi madre, fallecida hace 20 años y donde Fernando no vive ni vivió nunca. De hecho, a la fecha no vive nadie ahí.

“Una orden de aprehensión es por ‘delito electoral’, porque un empleado de Ayuntamiento denunció en 2021 que lo habían obligado a prestar servicios de guardia en una casa de campaña y a asistir a una marcha, pero ¡nunca dice que haya sido Fernando!, ni siquiera haberlo visto. La denuncia estaba archivada hace 3 años por no contener ningún elemento sustantivo”, detalló el ex gobernador panista, quien además precisó que en el caso de su hijo, el ex alcalde porteño, “la segunda orden (de aprehensión) es por ‘incumplimiento de un deber legal’ en el caso de la Torre Centro”.

“Lo acusan de no impedir que dicho edificio se construyera aunque los empresarios ya tenían permiso para hacerlo.

“Vale decir que su construcción no fue autorizada por el cabildo que Fernando presidió sino por el anterior, y que si la torre es bonita o fea eso no le da facultades a ninguna autoridad para demolerla ni para perseguir a quienes la autorizaron, es en todo caso facultad plena del Municipio.

“Por cierto, ¡qué casualidad! ¡Por este hecho sólo a Fernando le dictaron orden de aprehensión! ¡A nadie más! ¡No se vaya a pensar que es persecución política!

“Mentira que la segunda orden sea por un desfalco, por una desviación de recursos determinada por el ORFIS, falso de toda falsedad.

“Ni a Miguel ni a Fernando se les acusa de corrupción, ni de enriquecimiento ilícito, ni de ocultar bienes poniéndolos a nombre de terceras personas, sino de documento falso, delito electoral y de dar un permiso de construcción.

“¡Tremendos delitos de los que los acusan!”, ironizó Yunes Linares.
Sin embargo, anteayer, lunes, el gobernador Cuitláhuac García reiteró que en Veracruz la justicia no se negocia y que él no interfiere en procesos judiciales, por lo que solicitó a la Fiscalía estatal que proceda conforme a derecho en el proceso contra el “ciudadano” Miguel Ángel Yunes Márquez.

¿Por eso es que el senador del PAN anda tendiéndoles la mano a la presidenta y gobernadora electas de Morena?

¿Y acaso por ello, también, es que al presunto candidato de Nahle para sustituir próximamente a la fiscal Verónica Hernández Giadáns –un abogado chilango que aún preside otro órgano estatal autónomo que está a punto de desaparecer– le fueron asignados por la virtual mandataria expertos en seguridad personal?

Prevén extinción del IVAI

Por cierto, ayer, David Jiménez Rojas, comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), declaró que la extinción de los organismos de transparencia generará un ahorro de 6 mil millones de pesos en todo el país, lo que, en su opinión, consideró positivo.

Entrevistado al término de la guardia de honor que montó ante el monumento del Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque xalapeño de Los Berros, Jiménez Rojas refirió que en los artículos transitorios de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador se garantizan los derechos laborales de los trabajadores, por lo que no quedarían en el desamparo.

Aseguró que la transparencia continuará, toda vez que esas facultades corresponderán ahora a las contralorías estatales, o a quien designe el Congreso local de cada entidad federativa.

“No hay riesgo de que se deje de informar o transparentar el quehacer del gobierno, porque seguirá el derecho de los ciudadanos a la información pública”, sostuvo.

Expuso que luego de la aprobación del Congreso de la Unión vendrá la discusión en cada estado de la República que, anticipó, será en el mismo sentido ya que habrá un ahorro de recursos por acciones que ahora realizará otra dependencia.

Hasta este momento, dijo, en el caso de Veracruz el IVAI continuará resolviendo los recursos de revisión enviados por los ciudadanos que, según detalló, en ocasiones se desahogan hasta 300 expedientes por semana y en otras solo 100, dependiendo de la carga de trabajo.

Liquidación garantizada para los 103 trabajadores del IVAI

Aunque aseguró que aún son “inciertas” las condiciones que van a llevar a la desaparición de este órgano autónomo, Jiménez Rojas reconoció que en el presupuesto 2025 que tendrán que remitir a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), el IVAI contempla un apartado para liquidar a sus 103 trabajadores.

El comisionado presidente aseguró que la única información sobre la desaparición de órganos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y el IVAI, respectivamente, son los artículos transitorios del dictamen que emitió la comisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y que tendrá que ser votado por el pleno.

En ese sentido, dijo que confían en que la Contraloría General del Estado o el órgano que vaya a asumir las funciones de transparencia, estaría obligado a la contratación de los trabajadores operativos del IVAI.

Precisó que ellos contemplan 18 millones de pesos adicionales al presupuesto del 2025 que ejercen en la actualidad, para poder liquidar, conforme marca la ley, a toda la plantilla de trabajadores del IVAI.

Por ello, adelantó, solicitarán un presupuesto para el 2025 de 65 millones de pesos, pues en la actualidad es de 47 millones de pesos.