En poco más de un mes, durante la última semana de septiembre, el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) presentará a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado el informe correspondiente a la cuenta pública de 2023.

Según las estimaciones de la auditora general, Delia González Cobos, se espera que el monto de las observaciones sea menor al del año pasado, cuando se detectó un presunto daño patrimonial superior a 1,305 millones de pesos en 195 ayuntamientos.

A mediados de abril, el ORFIS anunció la contratación de aproximadamente 60 despachos externos para revisar las cuentas de los ayuntamientos, las instancias del gobierno estatal y los organismos autónomos.

Esto marcará el inicio de un nuevo ciclo de fiscalización para presidentes municipales, síndicos, tesoreros y directores de obras públicas.

Entre 2017 y 2022, el ORFIS registró un probable daño patrimonial superior a 2,227 millones de pesos en Veracruz, enfocándose principalmente en dependencias del gobierno estatal encabezado por Miguel Ángel Yunes, y en diversos ayuntamientos que operaron entre 2017 y 2021.

En 2022, la auditoría reveló irregularidades en la mayoría de los ayuntamientos veracruzanos.

De los 195 gobiernos municipales observados, destacan los casos de San Andrés Tuxtla (más de 53.5 millones de pesos), Veracruz (39.1 millones), Poza Rica (24.7 millones), Las Choapas (14 millones), Orizaba (14 millones), San Rafael (12.4 millones) y Perote (11.8 millones). Las observaciones abarcaron una amplia gama de problemas financieros, desde la revisión de la obra pública hasta la gestión inadecuada de la deuda pública.

Estas irregularidades sugieren un posible daño patrimonial superior a 1,500 millones de pesos, según el reporte del ORFIS. La mayoría de estas anomalías –1,305 millones de pesos– correspondieron al primero de cuatro años de los actuales ayuntamientos, aunque también se realizaron algunas observaciones, aunque menores, a dependencias estatales como las secretarías del Medio Ambiente y de Desarrollo Agropecuario, así como a entes descentralizados.

Este ciclo de irregularidades administrativas, malos manejos y daños patrimoniales está a punto de reiniciarse una vez más, como sucede cada año, cuando el ORFIS presente en septiembre los resultados de su revisión de la cuenta pública de 2023.

En esta ocasión, se anticipa que a la lista de los ayuntamientos que han acumulado más observaciones por presunto daño patrimonial (San Andrés Tuxtla, Veracruz, Poza Rica, Las Choapas, Orizaba, San Rafael y Perote, entre otros) se sumen más gobiernos municipales cuyos alcaldes habrían desviado recursos para fines diferentes a los establecidos en sus programas de obras.

Con la presentación del informe de la cuenta pública de 2023 a la vuelta de la esquina, el ORFIS se prepara para encender nuevamente el foco de atención sobre el manejo de los recursos públicos en Veracruz. La expectativa de una disminución en el monto de las observaciones plantea el desafío de verificar si las medidas adoptadas han sido suficientes para frenar la ola de irregularidades que ha marcado la gestión de los ayuntamientos en años anteriores.

@luisromero85