La revisión histórica del pasado de represión de México que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a su fin. El informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) tiene claroscuros: por un lado, identifica al menos 8 mil 594 víctimas de once tipos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Por otro lado, documenta el desacato del Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes CISEN) para abrir sus archivos pese a la orden presidencial. Ambos organismos son señalados de formar parte de un entramado de instituciones en el país que perpetró las violaciones durante décadas y que, al no rendir cuentas, continúa vigente.
Como en un juego de espejos, el informe “Fue el Estado 1965-1990” presenta casos del pasado -ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones, masacres- y lo conecta con casos recientes, como Ayotzinapa o Tanhuato, para apuntar que la repetición de la violencia desde el Estado y la impunidad persisten en el país y una muestra es que la elaboración del mismo informe se enfrentó a resistencias del Ejército y el CNI.
Además, el informe presenta 142 recomendaciones dirigidas al presidente, diversas Secretarías, CNI, Archivo General de la Nación (AGN), Congreso, Poder Judicial, Fiscalía General de la República (FGR), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y gobiernos estatales, además de que propone erigir 29 memoriales, uno de ellos en la Novena Zona Militar, en Culiacán, Sinaloa.
La primera recomendación plantea la necesaria “realización de un acto solemne de disculpa pública y de reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones graves a los derechos humanos” entre 1965 y 1990.
“La disculpa debe ser ofrecida, en primer lugar y de forma general, por la persona titular de la Presidencia de la República. Además, dicha disculpa pública deberá ser convocada con antelación, con intervenciones bien preparadas y dignificantes, con traslados pagados para las víctimas y con la posibilidad de intervención de una representación de éstas”, dice el documento.
El informe fue presentado ayer en un acto privado ante el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, la presidenta de la CNDH y representantes de la FGR, así como familiares de víctimas.
Los tres comisionados autores del informe -David Fernández, Abel Barrera y Carlos Pérez Ricart– manifestaron la necesidad de que el informe sea entregado ante el presidente López Obrador, quien ordenó la creación y encabezó la instalación de la Comisión de la Verdad de la que depende el Mecanismo.
Hasta ahora, no hay contemplado un acto de entrega con el mandatario. A diferencia de una recomendación de la CNDH, esta no es vinculante.
“Nosotros esperamos que el presidente lo acepte porque cumplimos con su orden”, dijo Barrera en entrevista.
Once violaciones
El informe presenta once categorías de violaciones graves a derechos humanos: detención arbitraria, prisión por motivos políticos, ejecución extrajudicial, masacre, desaparición forzada, desaparición forzada transitoria, tortura y tortura sexual, violencia sexual y violencia reproductiva y exilio.
De todas estas violaciones, el informe identifica 8 mil 594 víctimas, pero además plantea un estimado de 123 mil personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado ligado a alguna o varias de las once violaciones investigadas. De estas, 669 personas desplazadas fueron identificadas. El informe también incluye, además de militantes políticos y guerrillas, a disidencias sexuales y urbanas, desplazados por combate al narco, así como periodistas asesinados. La represión fue rural y urbana, y se incluye a la policía capitalina que encabezó Arturo “El Negro” Durazo.
Abel Barrera, uno de los responsables del informe, señala que una de las aportaciones más importantes del documento es que se entrevistaron a cientos de víctimas, sumado a que se integró con documentación histórica y hemerografía. También se logró evidenciar el saqueo de documentos que ejecutó el CISEN de expedientes que fueron transferidos en 2002 al AGN.
“Es un informe que pone a las víctimas en el centro y las coloca en sus contextos, en las causas sociopolíticas detrás de los acontecimientos, que identifica a los perpetradores y da recomendaciones, porque sin duda vemos que los mecanismos de poder que en su momento ejecutaron esas violaciones a los derechos humanos, hoy en día continúan vigentes y estamos ante la posibilidad de la repetición”, señaló.
Barrera señaló que si bien el Ejército y el CNI se comprometieron públicamente a darles acceso a sus archivos, en la práctica los investigadores llegaron a sufrir hostigamiento.
“Hubo un desacato por parte de la Sedena y el CNI a la orden presidencial pero eso no impidió que investigáramos lo más que pudiéramos, aunque enfrentamos falta de recursos y personal. Pero es una muestra del pacto de impunidad que persiste para rendir cuentas del pasado, pero también del presente”, dijo Barrera.
La falta de acompañamiento del entonces subsecretario Alejandro Encinas, encargado final del Mecanismo, también fue señalada por el comisionado: “Faltó voluntad política y a que se puso más atención, por la dimensión del caso, a la Comisión de Ayotzinapa, que también presidía el subsecretario”.
La paradoja es que ambas Comisiones concluyeron con reclamos por parte de los grupos de víctimas y el señalamiento de obstaculización por parte del Ejército. La repetición, como un juego de espejos entre pasado y presente.
Contra las disidencias
El informe plantea que el Estado mexicano tejió, durante el periodo estudiado, una “estrategia gubernamental que buscaba eliminar cualquier rastro de disidencias que pusieran en peligro al régimen político de la época”
“Se trató de una estrategia del Estado que implicó la colaboración de distintas instituciones estatales, cada una de las cuales cumplió su función en el emprendimiento de atenuar e incluso exterminar cualquier disidencia que resultara inconveniente al régimen”, dice el informe.
El informe nombra como parte de este entramado al Ejecutivo federal, la Secretaría de Gobernación y la extinta Dirección Federal de Seguridad, antecedentes del CISEN-CNI, las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Presidencial, así como el poder judicial, el sistema penitenciario, las agencias estatales de inteligencia, las fuerzas policiales y los grupos especiales.
“Sobra evidencia, a partir de los testimonios recogidos y la documentación revisada, de su participación y responsabilidad por acción u omisión, en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos”, se lee en el documento.
El informe incluye un anexo con más de mil documentos militares y judiciales sobre los vuelos de la muerte. Otro anexo contiene un documento de la Armada de México titulado “Guerrilleros extremistas y terroristas prófugos y amnistiados” con fotos, nombres y perfiles de cientos de personas. Otro tiene las fotos y perfiles de estudiantes e intelectuales que participaron en el movimiento de 1986 . Y uno más, de la DFS, revela por primera vez los rostros y nombres de unos 50 agentes de la que fue conocida como la policía secreta de México.
El informe será presentado públicamente este viernes a las 11:00 horas en el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM.
aristeguinoticias.com
Comentarios