Era domingo, día ideal para festejar en familia y con amigos un cumpleaños. A la fiesta en una vivienda en la colonia Fundidores de Chimalhuacán, uno de los municipios más violentos del Estado de México, acudieron varios adultos, un adolescente de 14 años y también un niño de tres. Todo se desarrollaba con normalidad y en calma: hubo abrazos, buenos deseos para la nueva vuelta al sol, comida, bebida y música. Lo típico en cualquier festejo cumpleañero.
Hasta que, de la nada, por el barrio aparecieron varios sujetos a bordo de unas motocicletas de las que descendieron dos que llevaban armas en las manos.
Uno de los tipos armados era Said ‘N’, un adolescente de tan solo 14 años, quien días después del suceso se convertiría en nota por su corta edad y por el apodo de ‘El Chapito’; en referencia a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, uno de los líderes criminales más conocidos en México y el mundo.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el joven de 14 años, junto con otro sujeto apodado ‘El Ñoño’, abrió fuego en contra de los asistentes al festejo cumpleañero.
En total, ocho personas fueron asesinadas; tres murieron en el lugar de los hechos, y otros cinco fallecieron cuando recibían atención médica en diversos hospitales. Además, la agresión dejó siete heridos entre los invitados a la fiesta, entre los que estaba el mencionado niño de tres.
Homicidios en México
Dos días más tarde, ‘El Chapito’ y ‘El Ñoño’ fueron detenidos en un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales entre los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, junto a otros siete presuntos criminales e integrantes de una banda que dirigía Leonardo ‘N’, otro joven de 28 años.
Todos, incluyendo al adolescente, fueron aprehendidos bajo la acusación de homicidio y delincuencia organizada.
Este suceso, ocurrido en marzo del año pasado, acaparó portadas por la juventud del agresor, aunque no es extraordinario en México.
Impacto de la violencia en niños y jóvenes no disminuye
A pesar de que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que en el país los jóvenes ya no son reclutados por el crimen organizado, las propias cifras oficiales indican que estos casos no son inusuales ni ocurrían solamente en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Así lo documentó Animal Político en el especial ‘México Destruyendo el Futuro’, en el que se reveló que, a pesar del gasto de más de 100 mil millones de pesos en becas para frenar el reclutamiento de jóvenes por la delincuencia, el impacto de la violencia en los niños y jóvenes no se ha reducido.
Por el contrario, los homicidios de niños, niñas, adolescentes y de jóvenes de hasta 29 años aumentaron en el país, pues en el primer trienio de López Obrador se registraron casi 40 mil jóvenes asesinados, un 146 % más que con Calderón y un 73 % más que con Peña. También incrementaron los delitos vinculados a la delincuencia organizada cometidos presuntamente por estos y las desapariciones.
De acuerdo con esta investigación periodística, entre los tres últimos años del sexenio de Peña Nieto y los tres primeros de López Obrador, casi medio millón de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se vieron impactados por la violencia criminal, ya sea como víctimas o victimarios.
Los datos del censo penitenciario del INEGI
Ahora, como parte del Censo Penitenciario 2024, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reportó que casi mil menores de edad en México están presos en centros penitenciarios por delitos vinculados al crimen organizado, los cuales, según una revisión hecha por Animal Político en colaboración con la organización civil México Unido contra la Delincuencia (MUCD), se dividen principalmente en tres grupos.
El primer grupo, con 377 delitos cometidos por menores, es el de delitos contra la seguridad pública y la seguridad del Estado, que aglutina ilícitos como portación de armas, cartuchos y cargadores, y explosivos, así como los delitos de delincuencia organizada y asociación delictuosa.
El segundo grupo son los homicidios, con 299 casos. Esto es, en México hay casi 300 menores de edad presos que están acusados de asesinato, como el caso de ‘El Chapito’.
Mientras que el tercero, con 240 casos, es el grupo de delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo, incluyendo la posesión simple de narcóticos, el comercio, suministro y el tráfico. No obstante, sobre este punto también cabe precisar que la posesión simple de narcóticos no necesariamente está vinculada a actividades delictivas de los jóvenes, ni al crimen organizado.
Asimismo, los datos del INEGI apuntan que también hay menores presos por otro tipo de delitos graves, como feminicidio, con 44 adolescentes presos.
En total, mil 274 jóvenes están encarcelados (de los que 916, el 72 %, están acusados de delitos relacionados con el crimen organizado).
En cuanto al tipo de internamiento, del total de jóvenes presos, 303 están con una “medida cautelar de internamiento preventivo”, el 24%, mientras que 917 ya tenían una medida de internamiento “definitiva”, el 72%, y el resto no tenía una medida de internamiento definitiva o tenía una medida de ‘semi-internamiento’.
Los datos del INEGI apuntan que el 25% de los menores presos no tenían ningún nivel de escolaridad, o solo habían cursado preescolar o primaria; el 37% tenía secundaria; el 32% la preparatoria; y solo el 1% tenía licenciatura o una carrera técnica.
“Nos tocan y nos desnudan”
En 2023, la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe especial sobre las condiciones que viven ese millar de personas adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley en los centros de internamiento.
En el documento, la CNDH recabó numerosos testimonios de jóvenes que denunciaron situaciones de malos tratos por parte de los custodios de los centros, como mala alimentación, falta de higiene, medicamentos y de atención sanitaria básica, e incluso situaciones de acoso, abusos sexuales y de espionaje.
“Los teléfonos públicos los controlan y escuchan nuestras llamadas”, denunció uno de los testimonios.
“La directora nos humilla y nos hace hacer talachas forzadas. No nos dejan leer libros que queremos diciendo que están prohibidos. Los teléfonos públicos los controlan y escuchan nuestras llamadas. La comida es de lo peor y nuestra tele nos la quitaron. La psicóloga le dice cosas de nuestra vida privada a la directora, y los custodios nos humillan. Nos hacen quitarnos la ropa y con las cámaras nos acosan”, denunció otra interna. Mientras que otra mujer denunció que los oficiales “nos tocan, nos desnudan, y nos preguntan si somos vírgenes”.
“Nos dan comida para perro”, reportó otro joven preso. “Nos tratan como personas inferiores”, añadió.
Por otra parte, la CNDH también documentó en revisiones en centros de internamiento para adolescentes en Baja California, Jalisco, Zacatecas y Tamaulipas, que existe visibilidad obstruida con ropa de cama, principalmente cobijas y sábanas, “lo que aumenta el riesgo de conductas disruptivas que pudieran derivar en incidentes”.
Por ejemplo, en Zacatecas el personal de la CNDH detectó que era la misma población adolescente recluida la que debía otorgar el consentimiento para el acceso al personal de seguridad del mismo centro y de la Comisión.
“Una vez autorizado el acceso, se percibió olor característico a la marihuana y se observó exceso de cobijas que cubrían el interior de los camarotes”, señaló la CNDH.
Animal Político
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