Por Samuel Aguirre Ochoa.

La inversión pública es el gasto que realiza el gobierno para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la construcción, conservación o adquisición de bienes e infraestructura que ayuden al desarrollo económico del país.

Ejemplo de esto son las carreteras, puentes, puertos, aeropuertos; obras públicas de beneficio colectivo en los pueblos y colonias como sistemas de agua potable y drenajes, tendido de redes eléctricas, pavimentación de calles y, por supuesto, construcción de escuelas, hospitales, clínicas y vivienda.

Este tipo de obras permiten que el país se desarrolle, que exista una mejor distribución de la riqueza social y una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos mexicanos, también se combate la marginación y el rezago social. Sin embargo, durante el gobierno morenista la inversión pública se redujo drásticamente y millones de familias en el país deben vivir sin estos servicios debatiéndose en el lodo y el polvo, sufriendo de sed e insalubridad; sin acceso a la atención médica ni escuelas dignas.

Según un análisis del Centro de Investigación de Estudios Presupuestarios (CIEP), entre 2019 y 2023 la inversión pública apenas representó el 2.5% del Producto Interno Bruto del país, mientras que en el sexenio pasado había alcanzado hasta el 6% del PIB.

Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el monto destinado a la inversión pública disminuyó de 1.19 billones de pesos en 2023 a 1.11 billones de pesos en 2024, una reducción de 11.1%. Pero si lo comparamos con el 2017, la reducción fue mayor, un 36% menos. La tendencia es a la baja.

De este total de presupuesto para inversión pública, en este 2024, el 74% se destinó a las obras presidenciales: la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, quedando muy poco para las obras de los pueblos y de las colonias.

Incluyendo el gasto de la refinería de Dos Bocas, Pemex recibió en total el 34% del presupuesto en inversión pública por un monto de 413 mil millones de pesos, de los cuales 170 mil millones se destinaron al pago de la deuda de esta paraestatal que se encuentra en quiebra.

De este 1.1 billones de pesos destinados a inversión pública, el gobierno federal transfirió a los estados y municipios a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), antes conocido como ramo 033, la pequeñísima cantidad de 238 mil millones de pesos. A eso se debe que no hay obra pública en los estados y municipios.

A la construcción de carreteras y transporte terrestre solo se le asignó el 4% y a la prestación de servicios de salud, en donde se consideran la construcción de clínicas y hospitales, solo el 3% de la inversión pública. Además, el gobierno federal recortó en 18% el presupuesto para suministrar energía eléctrica y el 6% en abastecimiento de agua.

Todos estos datos demuestran como el gobierno mexicano, siguiendo fielmente los dictados de la economía neoliberal, ha venido desentendiendose de su obligación constitucional de realizar obras colectivas y mejorar los servicios sociales para que el pueblo mexicano pueda acceder a ellos.

Los efectos de esta política de recortes al presupuesto para inversión pública los conocemos bien todos los veracruzanos, pues en los seis años de la administración de Cuitláhuac García prácticamente no se realizaron obras con recursos etiquetados por parte del gobierno federal y por el gobierno estatal en los pueblos y colonias. La poca inversión en obras la hicieron los ayuntamientos con sus propios recursos.

A la falta de inversión para construir nuevas obras públicas y resolver los problemas de las zonas marginadas, hay que sumarle el deterioro que ha venido sufriendo la infraestructura física construida por administraciones anteriores.

Hace dos semanas, la Auditoría Superior de la Federación informó que el Gobierno de Veracruz reintegró a la tesorería del gobierno federal 15 mil 138 millones de pesos que estaban etiquetados para obras de infraestructura urbana y para inversión en el sector salud y educativo. Además, tampoco han podido comprobar en qué se gastaron 3 mil 877 millones de pesos que también estaban etiquetados para obras. Nadie sabe a donde fue a parar todo este dinero, pero aquí estamos los veracruzanos sufriendo de las malas carreteras y la falta de obras.

Esto quiere decir que el gobierno de Cuitláhuac García no invirtió más de 19 mil millones de pesos etiquetados para la construcción o mantenimiento de obras públicas, monto que representa más del 56% del presupuesto para infraestructura en el estado. Una verdadera irresponsabilidad.

Hace unos días se armó una polémica en redes sociales porque una usuaria denunció el estado de la carretera federal 180, principalmente en el tramo entre Nautla y Cardel, en donde abundan los baches y los ocavones por lo que casi es intransitable, a pesar de que esta vía de comunicación forma parte del Plan de Evacuación de la Central Nucleoelectrica Laguna Verde, pues en caso de una falla en esta central sería imposible evacuar la zona por el mal estado de esta carretera.

El pasado 24 de julio colapsó un puente en el municipio de Omealca, justo cuando un autobus con pasajeros lo cruzaba, cayendo al fondo del río, en este percance hubo seis heridos y un fallecido. Los pobladores llevaban meses solicitando la construcción de uno nuevo pero las autoridades estatales no les hicieron caso.

Y también podemos constatar como las antiguas obras construidas en las principales ciudades del estado se encuentran deterioradas, sin el mantenimiento que debe dárseles.

Pero a pesar de las inmensas carencias de obra pública y servicios básicos de calidad que padecemos los mexicanos, a pesar de que el desarrollo económico está detenido y no se están creando nuevos empleos ni hay una mejora sustancial de los salarios, del incremento de los precios de los productos básicos, la gente optó por darles una nueva oportunidad a los gobiernos de Morena.

Les queda como reto a estos gobiernos construir un Veracruz con una infraestructura carretera moderna, con obras de drenaje, agua potable, calles pavimentadas y vivienda suficientes; caminos saca cosechas para los ejidos y pueblos, con hospitales y clínicas bien equipadas, con personal y medicamentos; escuelas con infraestructura adecuada para una educación de calidad. Solo así mejorará en serio la calidad de vida de los veracruzanos.