Si la “persecución política” que según acusa el senador electo del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, han emprendido en su contra autoridades ministeriales y judiciales ligadas a Morena es con el propósito de “encarcelarme para impedir que rinda protesta como Senador de la República” porque su voto será en contra de las reformas constitucionales que están por enviar a la próxima Legislatura del Congreso de la Unión el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y la entrante Claudia Sheinbaum, entonces no se entiende por qué los persecutores oficialistas no van también sobre Alejandro “Alito” Moreno, el derrotado dirigente nacional del PRI que, además, ha profundizado la fractura interna del partido tricolor al modificar los estatutos priistas en su afán por reelegirse en la dirigencia.

Y es que el caso de quien encabeza la lista plurinominal de senadores del Revolucionario Institucional es muchísimo más grave que la imputación por la que un juez de control acaba de librar orden de aprehensión en contra de Yunes Márquez, quien acusó que “sacaron del bote de la basura una denuncia de hace tres años, ya resuelta en su momento por los órganos electorales”.

En cambio, Moreno Cárdenas enfrenta acusaciones abiertas por enriquecimiento ilícito y el presunto desvío de casi 4 mil millones de pesos de recursos federales cuando se desempeñó como gobernador de Campeche.

Desde 2022, la Fiscalía de Campeche presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio de procedencia para quitarle el fuero a “Alito” por una investigación en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. La discusión del desafuero en la Sesión Instructora quedó congelada, lo que ha impedido que la Fiscalía proceda contra el priista.

La indagatoria CI-2-2022-31-42 sigue abierta contra “Alito” por enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, lavado de dinero, peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades, según precisaron fuentes ministeriales al diario REFORMA, quienes detallaron que la investigación se basa en un boom de al menos 25 propiedades en fraccionamientos de alta plusvalía ligadas a Moreno Cárdenas mediante presuntos testaferros, mientras fue mandatario estatal (2015-2019).

Obviamente, el ex gobernador se deslindó. Acusó que la Fiscalía de Campeche se convirtió en el instrumento de presión y persecución política de la gobernadora Layda Sansores. En respuesta, la Fiscalía negó los señalamientos del líder nacional del PRI e insistió en que tiene abierta oficialmente una carpeta de investigación en su contra.

“No se justifica el brote de propiedades en su gestión, no cuadra con sus ingresos como servidor público”, remarcó la fuente consultada por el diario REFORMA.

Al vendaval contra “Alito” se sumó en abril de este año la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por parte de Miguel Prado, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en el Congreso de la Unión.

La acusación enlista tráfico de influencias, corrupción y lavado de dinero y hasta un posible desvío de casi 4 mil millones de pesos de recursos federales.

De acuerdo con la denuncia y conforme a revisiones de la ASF, los ilícitos se habrían cometido entre el 16 de septiembre de 2015 y el 13 de junio de 2019, periodo en que el dirigente nacional del PRI fue gobernador.

Los ‘acelerados’

Hasta ahora, todos los nombramientos que ha oficializado la gobernadora electa Rocío Nahle de quienes serán los miembros de su gabinete los ha hecho públicos ella, ninguno ha sido dado a conocer anticipadamente por los designados.

Inclusive el alcalde xalapeño Ricardo Ahued, quien será el próximo secretario de Gobierno, siempre que le preguntaban los reporteros si formaría parte del equipo de colaboradores de la virtual sucesora del gobernador Cuitláhuac García, el munícipe capitalino siempre era muy cuidadoso de sus palabras y muy diplomáticamente evitaba caer en la indiscreción.

Sin embargo, hay algunos personajes que al parecer no han podido controlar su lengua ni sus ambiciones políticas.

Uno de ellos es David Agustín Jiménez Rojas, comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), quien en las redes sociales ha sido señalado de andar presumiendo que será el próximo titular de la Fiscalía General del Estado en cuanto le pidan su renuncia a Verónica Hernández Giadáns, fiscal impuesta por el ex secretario de Gobierno cuitlahuista, Eric Cisneros, desterrado políticamente desde diciembre del año pasado en Yucatán.

Otra acelerada, según nos dicen, es Hildeliza Abigail Díaz Calafell, actual titular de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento del municipio de Coatzacoalcos, quien ya anda pregonando que será la próxima directora de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

Ya veremos si Nahle les cumple sus deseos.