La teoría y la filosofía política modernas, desde el siglo XVII y sobre todo XVIII, dejaron establecido el marco conceptual de la división de poderes que se plasmaría en los hechos en los sistemas políticos y constituciones a partir de las Revoluciones inglesa y francesa, y de la de Independencia de Estado Unidos.

Desde entonces, hace 300 siglos, los Estados modernos mantienen formal o informalmente la división de poderes, sobre todo con el Poder Judicial, ya que en los sistemas parlamentarios el gobierno emana del poder legislativo.

Se podría decir que, en la división de poderes, la independencia del poder judicial es indispensable en un régimen democráticos y de Estado de Derecho.

Dicho esto, la conformación y estructura del poder judicial es particular en cada país, y las formas de elección de jueces y magistrados es también particular de cada constitución nacional. Es en estos aspectos que cabe un sin número de posibilidades de reforma constitucional y legales, con la condición de que no se cambie el principio de la división de poderes.

Hablar de una reforma al poder judicial en México me parece una oportunidad más que una herejía como lo ven muchos que en su mayoría son, casualmente, abogados.

El hecho de que en ningún otro país se elija a los ministros y magistrados no quiere decir automáticamente que no se pueda hacer. Sin embargo, este aspecto no me parece el más importante de una reforma al poder judicial. Creo que hay muchos otros aspectos que, aprovechando la coyuntura, podrían ser objeto de revisión. Aquí menciono algunos.

Todos sabemos, y lo padecemos, que el poder judicial y en general todo el sistema de justicia y gran parte de los puestos jurisdiccionales, están compuestos por abogados, es decir, licenciados en Derecho. Desde luego esa profesión es indispensable para el ejercicio de muchas de las funciones del sistema de justicia. Sin embargo, me parece que deberíamos explorar aspectos o espacios en los que también otras profesiones puedan ejercer y participar en los puestos. Por ejemplo, cualquier otro profesionista que pueda hacer una especialización o posgrado en derecho para poder concursar a un puesto como el de juez u otro similar. O bien incorporar figuras como las de jurados o escabinos para los juicios con la intención de hacer participar a los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones de sentencias o en la justicia alternativa, cívica o municipal. El poder judicial y la judicatura deberían contar con cursos, capacitaciones, especializaciones, etc., para incorporar otros profesionales en la impartición de justicia.

Otro aspecto muy importante que ya está en las leyes, pero no se ha implementado correcta ni exhaustivamente es el de la justicia restaurativa, la mediación y la conciliación. Aquí también sería muy bueno quitar la traba para que otros profesionistas y ciudadanos, y no sólo los y las abogadas, puedan ejercerlas.

Esta justicia restaurativa, cívica, municipal, etc, a través de metodologías como la mediación, la conciliación, entre otras, debemos implementarlas sobre todo al nivel comunitario y municipal. Esto ya se había empezado a plantear en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, pero nadie lo entendió ni puso en marcha, salvo contadas excepciones.

No hablamos aquí nada más de justicia penal o de infracciones administrativas, hablamos de resolución de conflictos desde el ámbito familiar, el vecinal, comunitario, etc. Desde luego ya existen mecanismos de este tipo, pero no están funcionando, hay que reformularlos y llevarlos al nivel más local.

Por otro lado, si queremos atacar la corrupción en el sistema judicial, no basta con reformar el método de elección de los jueces, ni de bajarles o subirles los sueldos. Lo más importante es que incorporemos en serio sistemas de rendición de cuentas a los ciudadanos. Tenemos que meter ya el control y la supervisión ciudadana no sólo en el sistema de justicia, también en las policías y en las fiscalías.

Cuando hablamos de que los jueces no deben de deberle el puesto a nadie en particular como un poder ejecutivo o un interés privado, la mejor forma de hacerlo y de prevenirlo es con la evaluación y supervisión de los ciudadanos. Y en esto sí que hay muchos ejemplos loables en otros países.

La división de poderes es vigente todavía, pero ya se quedó corta como mecanismo de pesos y contrapesos o de rendición de cuentas. El estado moderno democrático tiene que crear mecanismo -y nos sólo organismos constitucionales autónomos- en los que la sociedad, la ciudadanía, “el pueblo”, pueda pedirles cuentas a los poderes, a los jueces, a los policías, a los fiscales, etc.

Elegir universal y directamente a los ministros, magistrados o jueces, podría ser una novedad y una estrategia interesante en la que México sin duda innovaría, pero ello no basta. Necesitamos que la sociedad participe en verdaderos mecanismos de control ciudadano. Falta mucho por avanzar, pero esta coyuntura es una verdadera oportunidad en este sentido.