Prefacio.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido muy puntual respecto a los abusos cometidos por el gobierno de Veracruz, principalmente por parte de la policía estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE). *** Ha sido, sin embargo, el gobierno estatal, el que se ha negado a reconocer los señalamientos del ombudsman nacional y gracias a la protección política que se le ha brindado desde la Ciudad de México a Cuitláhuac García, éste sigue ignorando los expedientes que se han presentado. *** Es muy probable, por lo tanto, que las fallas puntuales señaladas por la CNDH en los penales de la entidad seguirán sin ser atendidas por las autoridades estatales. En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2023, que incluye la valoración sobre las condiciones en las que están las personas privadas de su libertad en los 17 centros de readaptación social en Veracruz y el módulo de prisión preventiva, se reporta que en Veracruz los penales operan de manera deficiente, que más de mil internos -de los casi 8 mil- son adictos; se reportó un homicidio en el interior de un reclusorio y reportaron 7 quejas, ante la CEDH, por la violación a los derechos de los internos durante el año pasado. *** De los 17 penales y la prisión preventiva, los peor evaluados fueron los de Cosamaloapan y Pánuco, así como el módulo de prisión preventiva. *** La CNDH señala que a nivel nacional en el 92 por ciento de los penales hay una inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad; más del 88 por ciento tiene deficiente separación entre procesados y sentenciados. *** Ocho de cada 10 penales en el país carecen del personal suficiente de seguridad y custodia. En Veracruz ese problema se presenta en 12 de los 18 centros de reclusión. *** Mientras a nivel nacional el 50 por ciento de los penales tiene sobrepoblación y el 45 por ciento, hacinamiento. En Veracruz, los 17 penales tienen una capacidad para atender 6 mil 946 personas, no obstante, hay 7 mil 941 internos: 7 mil 433 son hombres y 508 mujeres. *** Los penales del estado con sobrepoblación son Amatlán, Chicontepec, Jalacingo, Pánuco, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Pacho Viejo y el módulo de prisión preventiva. *** ¿Hará algo este gobierno para resolver esas deficiencias? A estas alturas ya no creo que eso suceda.

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De nada sirvieron los puntuales señalamientos de legisladores sobre el turbio manejo de las finanzas estatales. Por el hecho de representar a “los enemigos de la 4T”, sus acusaciones eran descalificadas de manera automática.
Tuvo que ser un organismo de carácter federal, “aliado” del presidente López Obrador, el que hiciera notar algunas de las inconsistencias en el manejo de las finanzas públicas del gobierno de Veracruz.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que en el ejercicio 2023 el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez dejó sin comprobar recursos federales por más de 73 millones de pesos.
El organismo fiscalizador exhibió, además, que el gobierno de Veracruz tuvo un subejercicio de 8 millones 232 mil pesos, que devolvió a la Tesorería de la Federación.
Todos esos datos aparecieron publicados en la primera parte del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2023, que entregó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados.
En ese documento se da a conocer que el año pasado Veracruz recibió recursos federales por 539 millones 678 mil pesos para educación, tecnológica y atención de adultos, de los cuales se revisó una muestra de 502 millones 652 mil pesos, que representó el 93.1%.
En esa revisión la ASF observó inconsistencias en el gasto de 50 millones 466 mil pesos por la falta de la documentación que compruebe y justifique que los beneficiarios de los apoyos aplicaron los recursos recibidos para el objeto y los fines que les fueron otorgados.
Se hace notar, también, que faltó la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones establecidas en las Reglas de Operación del Programa Educación para Adultos.
Los auditores observaron un pago excesivo, superior a los 80 mil pesos, en el monto establecido en los contratos de honorarios de ocho trabajadores del Conalep Veracruz, y un pago de 62 mil pesos por pago a un trabajador que no contó con el contrato de honorarios y pagos en exceso a un trabajador de honorarios del IVEA.
La auditoría arrojó también una observación por un millón 157 mil pesos, relacionados con el pago a trabajadores que no cumplieron con el nivel académico requerido para el puesto que desempeñaron en el Conalep Veracruz.
El gobierno de Veracruz deberá solventar, además, el uso de 2 millones 887 mil pesos por el arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos. Y es que, a pesar de que se presentó la documentación que justificaba tres contratos, no se acreditó si el gasto cumplió con los objetivos.
Otros 18 millones 643 mil pesos fueron asignados a 117 personas que prestaron servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, de los que no se presentaron los contratos de servicios, que permitieran corroborar el objeto, las especificaciones, las condiciones y los plazos del Instituto Veracruzano de Educación para Adultos (IVEA), al igual que las obligaciones de los prestadores de los servicios, los servicios proporcionados, así como su relación con los objetivos del fondo.
Las cuentas no le salen al gobernador de Veracruz, y faltan todavía otros dos informes más del 2023, además de la revisión de su último año.

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Epílogo.

La sacudida en el Poder Judicial del Estado (PJE) va en serio y la mira está puesta en su magistrada presidente, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, cuyo cargo -dicen- se lo debe al nada apreciado exsecretario de Gobierno Éric Cisneros Burgos. *** Operadores de toda la confianza de la gobernadora electa Rocío Nahle ya trabajan en la conformación del expediente que se le habrá de presentar, sobre los jugosos negocios que hacen con la justicia personajes como David Cardeña Ortega, secretario particular de la magistrada presidente, y Víctor Pliego López, secretario de Acuerdos del Consejo de la Judicatura. *** En la revisión de las denuncias contra el Tribunal Superior de Justicia, destaca el caso del magistrado Esteban Martínez Vázquez, de quien ya se tiene detallado el “modus operandi” para hacer lucrativos acuerdos con jueces del norte de la entidad. *** La propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación tendrá severas repercusiones en los tribunales de los estados. Pronto lo veremos.