A diferencia de los otros nombramientos que hasta ahora ha hecho públicos –el de Ricardo Ahued, como secretario de Gobierno; Rodrigo Calderón Salas, secretario de Desarrollo Agropecuario; Xóchitl Molina, secretaria de Cultura; Ernesto Pérez Villarreal, secretario de Desarrollo Económico y Portuario; Claudia Tello, secretaria de Educación; el cardiólogo Valentín Herrera Alarcón, secretario de Salud, y Margarita Santopietro, secretaria de Desarrollo Social–, la gobernadora electa Rocío Nahle dio a conocer este miércoles que José Luis Lima Franco continuará como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), peeeero a la vez presentó también como subsecretario de Egresos a Pedro Miguel Rosaldo García, su verdadero hombre de confianza.

Se presupone que Rosaldo –un abogado de Coatzacoalcos, doctor en Administración Pública, ex delegado de la Secretaría de Gobierno en el sur de Veracruz y quien actualmente es director general de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos y titular de los fondos presididos por la Secretaría de Energía que hasta finales del año pasado encabezó Nahle– terminará relevando en la titularidad de la Sefiplan a Lima Franco en cuanto el economista pozarricense, único funcionario cuitlahuista que hasta el momento ha sido ratificado, resuelva el complicado pago de sueldos, pensiones y aguinaldos de diciembre próximo y aclare algunas deudas y la presunta malversación de millonarios fondos públicos.

En su edición de ayer, por ejemplo, el diario La Jornada dio a conocer que la deuda de entidades públicas estatales y municipales con los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) ascendía a casi 78 mil millones de pesos, equivalente a un aumento de 42 por ciento en tres años.

El diario capitalino más afín al obradorismo refirió que, de acuerdo con la reforma a la ley, la omisión en el pago de las aportaciones al Issste es una falta administrativa grave y la Secretaría de Hacienda puede retener a las entidades los recursos que correspondan a las cuotas en cada año fiscal. Y señaló que, en cuanto a los recursos no enterados a las cuentas individuales de los servidores públicos, nueve estados concentran la mayor parte del adeudo, en particular, en las secretarías e institutos de educación. En enero de 2021 se informó que las cuentas individuales de los trabajadores en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) habían dejado de recibir 55 mil millones de pesos. A mayo pasado, el monto ascendía a 77 mil 996 millones 787 mil 947, de los cuales Veracruz adeuda 19 mil 138 millones 465 mil 52 pesos. De esta cantidad, la Secretaría de Educación acumuló 18 mil 353 millones 972 mil 87 de 2008 a 2014.

Además, el año pasado le descubrieron a Lima que el 28 de febrero de 2023 autorizó contratar una línea de crédito por mil 717 millones 650 mil 673 pesos con el Banco Nacional de Obras (Banobras), del que no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pese a que por ley está obligado a reportarle para inscribir la deuda en el Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas.

Esta línea de crédito, que supuestamente se destinaría para reestructurar el Programa de Financiamiento Fondo para la Reconstrucción de Entidades Federativas (Fonrec), adquirido durante la administración del ex gobernador priista Javier Duarte en agosto de 2011, se saldaría hasta noviembre de 2031, o sea, hasta el año siguiente de que concluya el próximo sexenio.

Presuntamente a la gestión del gobernador Cuitláhuac García le tocaría pagar mensualidades que van desde los 9 millones 986 mil pesos a 11 millones 819 mil pesos hasta el 25 de noviembre de 2024, cinco días antes de que finalice su régimen. Pero Nahle deberá pagar mensualmente hasta noviembre de 2030 casi 23 millones de pesos, el doble de los intereses.

El reportero Jair García, del diario porteño Imagen de Veracruz, investigó que a tales montos deberán sumársele aún los intereses y comisiones correspondientes, los que Lima Franco se ha negado a informar no obstante que Banobras obliga a transparentar y hacer públicos los datos.

La misma actitud evasiva adoptó cuando en septiembre de 2023, al descubrirse este caso siete meses después, le preguntaron sobre el monto de la deuda total que heredarían a la siguiente administración. Ante la insistencia de los reporteros, sólo respondió escuetamente que “creo se pagan 6 mil millones de pesos al año”, explicando forzadamente que la mitad se abona al capital y la otra parte al pago de los intereses.

Por si fuera poco, Lima tampoco ha informado sobre los 358 millones de pesos de los Servicios de Salud que decidió invertir en Accendo Banco, la institución financiera de los desprestigiados hermanos Reyes de la Campa que recibió permiso de operar como banca en 2019 y se dedicó a manejar el dinero de varias entidades gubernamentales con el aval de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), perdiendo en 2021 su licencia de operación debido a su bajo índice de capitalización.

Casualmente, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, un economista oriundo de Papantla, amigo y paisano de Lima, fue quien informó en conferencia de prensa el 9 de septiembre de 2021 que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores había votado para revocarle su licencia. El motivo fue que, en el periodo de marzo a septiembre de ese año, se llevaron a cabo acciones de supervisión por parte de la CNBV, y uno de los hallazgos más destacados fue precisamente la repetida falta de cobertura de liquidez por debajo del mínimo requerido, una condición única en el país que sólo afectaba a este desacreditado banco