Arrancaron las campañas para la presidencia y gubernatura y si bien cada elección es distinta y ésta tendrá características especiales va tomando forma para parecerse a la de 1988.

Las de este año, puede decirse desde ahora, estarán marcadas por una descarada intervención de los cárteles criminales, que ya empezaron a hacer sentir su mano con asesinatos, atentados y amenazas a aspirantes a cargos de elección.

Es claro que, sin combate alguno en su contra, deciden eliminar a los candidatos que les pueden ser contrarios a sus intereses y si bien por ahora es más notorio en estados como Michoacán, Guanajuato y Guerrero, esto se da en casi todas las zonas del país, incluida la de Veracruz.

El presidente López Obrador dice que no hay cosas graves en seguridad, así que «resignémonos» a ver más asesinatos, amenazas y candidatos cometidos por los cárteles que actúan en la impunidad.

También estarán marcadas por el no respeto a la ley. Comenzó la ilegalidad rompiéndose los tiempos para nominar a los candidatos a la presidencia, sin que el Instituto Nacional Electoral (INE) hiciera algo por impedirlo, por parte de Claudia Sheinbaum y Morena, que disfrazaron su adelanto con eso que llamaron Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Para no quedarse atrás Xóchitl Gálvez y los partidos de oposición hicieron lo suyo días después, cayendo en la misma ilegalidad.

En ese sentido, además las elecciones tendrán el sello de la laxitud del INE. Por ahora vemos cómo el árbitro del proceso electoral rebaja multas y hace como que no ve otras irregularidades. Todo indica que tiene un control superior externo que lo hará no ser imparcial.

En las elecciones de 2021 hubo una situación especial con el INE. A nivel central fue independiente, pero en un buen número de estados los reportes señalan que vocales y personal estuvieron influenciados, ya ni se diga los de los oples.

Así que ni las amenazas ni los fraudes fueron registrados y mucho menos sancionados por los supuestos garantes de unas elecciones democráticas y limpias.

Porque una cosa son las campañas tal y como las ve el ciudadano común y el voto legal que se emite el día establecido para ello, y otra el relleno de urnas y la alteración de las actas, con lo que hay atrás de ello, como operativos de las fuerzas de seguridad para amedrentar a los opositores y la activa participación de los grupos criminales con el mismo objetivo.

El 2 de junio próximo los mexicanos deben decidir libremente quiénes deben ser su presidente, gobernadores, senadores, diputados y ediles. Sin embargo, por el ambiente que rodea al proceso, está en duda que se respete la democracia.

¿Si desde la Presidencia de la República deciden no reconocer los resultados, en el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrán la independencia, la fuerza y el valor para hacer respetar los triunfos de quienes legalmente hayan ganado?

Lo que se desea es que estas elecciones no terminen siendo como las de 1988, cuando bastaron unas horas de la madrugada y la caída del sistema de cómputo de la entonces Comisión Federal Electoral para que el triunfo pasara de las manos del opositor Cuauhtémoc Cárdenas a las del oficialista Carlos Salinas de Gortari.