El Presidente López no sólo se asume como dueño de la verdad sino también franquiciatario exclusivo de la calumnia y el encono.

«Si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, otro número y ya», dijo un colérico López Obrador hace unos días. Se refería a Natalie Kitroeff, la reportera de The New York Times que publicó una investigación sobre supuesta financiación del narcotráfico a su campaña electoral de 2018.

Dos días después, el mismo presidente calificó de “muy vergonzoso” la filtración en redes sociales del número de teléfono de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán. “Realmente muy vergonzoso que actúen de esa manera”, dijo. Pero, en la lógica presidencial, ¿no bastaría con que José Ramón se compre otro celular y ya? No pasa nada.

La conducta del presidente y de quienes filtraron los números telefónicos de su círculo más cercano es deleznable. En ambos casos, abonan al encono, la polarización y ponen en riesgo a los personajes exhibidos en su privacidad. Le aplicaron la de “el que se ríe se lleva, y el que se lleva, se aguanta”.

En el caso de la reportera, la intención presidencial no era responder con argumentos a la investigación publicada sino lanzarla a la jauría de sus seguidores, en un país donde han sido asesinados 43 periodistas en lo que va de su sexenio.

Una venganza absurda porque el reportaje de The New York Times no fue sobre el financiamiento del narcotráfico a la campaña presidencial de López Obrador –para lo cual tendría que aportar las pruebas de sus dichos-, sino sobre una investigación que habría realizado la DEA sobre este tema. Y eso es real.

Pongámoslo en términos locales: uno de los periódicos más importantes del estado, publica que el ORFIS y/o la Fiscalía realiza una investigación sobre un presunto desvío de recursos. Y entonces, el personaje referido –gobernador, alcalde o quien sea-, decide emprenderla contra el periódico y no desestimar al ORFIS y su investigación. Eso fue lo que pasó.

En el caso de la filtración de los contactos de su hijo José Ramón, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, César Yañez, entre otros, se trata de lo mismo, de una vendetta en contra del círculo cercano del agresor. Quienes filtraron, actuaron de la misma forma, ilegal y mezquina, que el presidente. Se convirtieron en lo que tanto aborrecen.

En su justificación, el Presidente mostró todo su autoritarismo. Dijo que ninguna ley puede estar por encima del principio de la justicia. Falso. Lo que no puede estar por encima de la ley es la interpretación personal de la justicia, porque para eso están los jueces, no el presidente.

Todavía el fin de semana, un eufórico mandatario que parece estar a “medios chiles”, acompañado de un desconcertado pescador que no entiende bien a bien lo que pasa, tiene la perversa ocurrencia de revelar lo que él supone es el salario de los periodistas Jorge Ramos y León Krauze. Otra violación a la intimidad y la protección de datos personales.

El Presidente sigue cometiendo una serie de delitos que no serán castigados en los próximos meses que le quedan de gobierno. Muchos de ellos son en contra de personajes que trascienden fronteras y, por tanto, tendrán que resolverse en tribunales internacionales.

Acorralado en el ocaso de su administración, López Obrador está dispuesto a matar o morir políticamente. Ante el fracaso histórico de su administración, la única forma de trascender es la de un mártir.

Jorge Winckler, de 398 denuncias, es el único procesado por tortura

La venganza es evidente. A nadie han metido al bote por tortura, sólo a Winckler.

Más allá de la ilegal persecución que él mismo emprendió en contra de personajes del duartismo, para nadie es un secreto que el caso del ex fiscal Jorge Winckler, también es un asunto estrictamente de venganza del gobierno morenista. El carnicero del ayer, resultó ser la res de hoy.

Si es culpable o inocente de los delitos que se le imputan, eso lo decidirá la justicia federal, como lo ha hecho hasta ahora, en el que le ha concedido la razón por encima de la Fiscalía y los jueces del estado. Según el principio de presunción de inocencia, Winckler sigue siendo inocente.

De las decenas de casos señalados y comprobados por la Comisión Estatal de derechos Humanos –la mayoría cometidos por elementos de la propia Fiscalía de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública-, siguen impunes.

Hace unos días, el Observatorio contra la Tortura publicó un informe con la colaboración del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C. (CMDPDH), el Centro de Justicia por la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y el Centro Fundar. Los resultados muestran el fracaso y la impunidad.

De 398 carpetas de investigación abiertas en 2022 por el delito de tortura, la Fiscalía General del Estado no Judicializó ninguna, es decir, no consignó la averiguación ante un juez de control. ¡¡Ninguna!!

Esto condujo a que en 2022 no se emitiera ninguna sentencia por parte del Poder Judicial al respecto. En el caso de la entidad veracruzana, estas 398 carpetas abiertas se refieren a 613 víctimas de tortura registradas, siendo 538 varones y 75 mujeres, según consigna la información publicada en alcalorpolitico.com

De hecho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos también atendió 83 quejas por tortura, de la que la Fiscalía General del Estado fue la más señalada con 30 quejas, además de 146 quejas por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TPCID), además que elaboró 4 peritajes a 3 varones y una mujer y estos estudios demostraron una correlación entre el relato de tortura y los hallazgos médicos psicológicos.

De las recomendaciones emitidas por la CEDH, la Fiscalía no ha aceptado ninguna. Asume que la tortura es un derecho exclusivo para la investigación.

Si Jorge Winckler es culpable o inocente, nunca lo sabremos. Su suerte la determinará la justicia federal, resultado de la incompetencia de la Fiscalía para integrar la carpeta de investigación y realizar el debido proceso.

Acultzingo: Cuitláhuac, si no puedes, renuncia

Hace algunas semanas, Cuitláhuac García pidió a la alcaldesa de Acayucan que “renuncie y permitir que el Congreso se ocupe de él a través de un consejo municipal”, luego de que la edil denunciara las supuestas presiones que estaba recibiendo del crimen organizado para tomar las riendas del municipio.

“Lo que estás diciendo Implícitamente es que no puedes y no tienes gobernabilidad en tu municipio”, reviró el góber. Pero resulta que la realidad vuelve a dar de patadas al gobierno estatal.

Este sábado, siete personas fueron asesinadas a tiros en el municipio de Acultzingo. La Fiscalía confirmó que los cuerpos de cinco hombres y dos mujeres fueron encontrados en el lugar. El hecho sucedió menos de 24 horas después del secuestro del sobrino del exalcalde del municipio y de otro hombre relacionado con la política local.

Ante la incapacidad del gobierno estatal de atajar la inseguridad –la misma razón por la que el góber pidió la renuncia a la alcaldesa-, unos 300 elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional, fueron desplegados para mantener la seguridad en esa localidad. De la policía estatal y la Fuerza Civil, ni sus luces.

Las masacres de Tuxpan y Acultzingo, confirman que el gobierno estatal “no puede y no tiene gobernabilidad en el estado”, como sucede en Acayucan.

La ratonera

Como cineasta y músico, Tonatiuh García Jiménez resultó mucho mejor gobernador que su hermano. No sólo produce una cinta extraordinaria, emblemática, basada en el caso real de la lucha de Jalcomulco, que relata las protestas y protección de ciudadanos por proteger el Río Antigua. Es una oda a la conciencia.

A diferencia de su hermano, Tonatiuh no se acredita ni plagia títulos que no merece. El reconocimiento a su película enorgullece a los veracruzanos. ¡Lástima que todo el talento e inteligencia hayan quedado en una sola cabeza!