La Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial de Veracruz y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) deben dar un informe puntual de las cuatro denuncias interpuestas por el presunto desvío de 50 millones de pesos del Poder Judicial, tal como lo declaró la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

El diputado local del PRI, Marlon Ramírez Marín observó que la declaración de la juez del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, le da la razón de las denuncias públicas, en medios de comunicación y en las comparecencias en las que ha denunciado prácticas corruptas en la administración pública estatal.

El 9 de febrero, la presidenta del TSJE informó que había presentado 4 denuncias por abuso de autoridad, administración fraudulenta y peculado, contra quien resulte responsable, por el presunto desvió de más de 50 millones de pesos.

Luego de una auditoría interna se informó que autoridades detectaron la contratación de presuntas empresas fantasma por un monto que asciende a 47 millones 448 mil 701 pesos.

También se detectó el robo de mobiliario, valorado en 300 mil pesos, que estaba destinado para ser dado de baja del inventario del Consejo de la Judicatura. La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación FIM/F3/143/2023.

Otra de las denuncias quedó sustentada en la carpeta de investigación FIM/F3/144/2023 por un desfalco de un millón de pesos. y la última carpeta de investigación es la FIM/F8/03/2023 por simular una inversión para el mantenimiento de sistemas de climatización por un millón 300 mil pesos.

Al igual que Marlon Ramírez Marín, su compañero del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila había denunciado desde julio de 2022, que en el Poder Judicial se habían contratado empresas con domicilios fiscales en estacionamientos, vecindades, construcciones en obra negra, lavados de autos, andadores, callejones.

Se les habría comprado material de papelería, mobiliario y equipo de oficina, sanitización, compras de insumos para prevenir contagios de COVID, mantenimiento de aires acondicionados, equipos de cómputo; todo lo anterior, bajo esquemas de adjudicación directa o licitaciones simplificadas, lo que genera opacidad y a sobreprecio.

“Existe la sospecha de que se otorgó un contrato, por una cantidad superior a los 6 millones y medio de pesos, para adquirir mobiliario de oficina a una persona física cuyo domicilio fiscal se encontraba, al momento en el que se otorgó, en la Ciudad de Martínez de la Torre, y donde hoy en día existe una construcción en obra negra, donde se proyectan locales comerciales y una cuartería”, se denunció.

El diputado local, Marlon Ramírez Marín dijo que lo que está declarando la presidenta del Poder Judicial, que reconoció la posibilidad de que se hayan malversado los fondos, hace necesario que la Comisión de Vigilancia del Congreso intervenga y se analicen los indicios de las irregularidades.

De esa manera se podrá verificar por qué el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no encontró irregularidades al revisar el manejo de los recursos públicos del año 2022, pues luego de que audita de manera interna, la Contraloría, sí encontraron presuntas irregularidades por 50 millones de pesos.

“Todos los señalamientos que yo he venido sustentando, presentando, acreditado y evidenciando, es precisamente, la forma en que el gobierno se viene conduciendo.

“En todas las dependencias, cuando presenté el tema de salud y todos los demás casos, yo les presenté y documenté que hay una práctica que está generalizada en todo el gobierno que es crear nuevas empresas y que hay colusión de presuntos licitantes. Yo lo he venido denunciando desde el 2020, 2021, 2022 y 2023”.

Con la llegada de Lisbeth Aurelia se hace una auditoría y se reconocen presuntas irregularidades, lo que obligaría al Orfis y al Congreso de Veracruz a hacer una revisión a fondo.

“Yo lo que le estoy pidiendo a la Comisión de Vigilancia, con esos señalamientos (de la presidente del TSJE) tiene que pedirle al Orfis y buscar cuáles son los señalamientos o cuando menos, cuáles son los indicios, para saber porque el Orfis no encontró nada”.

El legislador comentó que es necesario que se explique qué pasó, pues el Orfis quedó evidenciado por la Contraloría Interna de que no hizo bien las auditorías, y si ya hay una comunicación oficial se tiene que conocer a fondo las observaciones y las consecuencias de la denuncia.

Otras denuncias por corrupción

Hay que recordar que la investigación de AVC Noticias y Connectas, Poder Judicial, el arte de simular contratos, reveló que durante la administración del magistrado Edel Álvarez Peña se contrataron empresas para simular el pago de más de 350 millones de pesos.

También se detalló la contratación de empresas de nueva creación.

AVC /Isabel Ortega

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