Tuvo poco revuelo en Veracruz, pero el caso es escandaloso. Se trata de “Los teléfonos de Sergio Carmona”, una serie de tres capítulos publicada por Código Magenta, basada en los archivos de los teléfonos celulares del empresario tamaulipeco que fue asesinado en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León, en noviembre de 2021.

El medio digital regiomontano, que dirige el experimentado periodista Ramón Alberto Garza García, tiene en su poder comunicaciones, documentos bancarios, contratos, conversaciones de WhatsApp, videos e imágenes que se cruzan con reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bitácoras de vuelo e información de las autoridades de inteligencia de México y de Estados Unidos para exhibir los vínculos de la élite política de la 4T con quien fuera el empresario más importante de la importación ilegal de combustible en México.

Uno de los nombres que aparece es el de Gabriela Jiménez, fundadora de la organización ‘Que Siga la Democracia’, quien en diciembre de 2021 entregó al INE 1 millón 42 mil firmas para que el órgano electoral organizara en abril de 2022 la consulta de revocación de mandato promovida por el presidente López Obrador, misma que ahora es una de las principales aliadas de la precandidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum.

Según las bitácoras de vuelo de la aeronave Hawker con matrícula XB-PND, propiedad de Sergio Carmona, dicho avión fue utilizado por el entonces senador y actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, así como por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, entre muchos otros.

Código Magenta reseña que la información de los teléfonos perdidos muestra la red de contactos directos de Sergio Carmona, quien a principios del 2021, meses antes de que lo ejecutaran, financió campañas políticas de Morena por 500 millones de pesos y que en ese año obtuvo al menos 1,500 millones de pesos en contratos federales asignados a Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser.

Carmona consolidó su poder en 2019, en los primeros meses de la actual administración obradorista, cuando Ricardo Peralta, administrador General de Aduanas, designó como administrador de la aduana de Reynosa a su hermano Julio Carmona, quien huyó a Estados Unidos inmediatamente después del asesinato del empresario y se reunió con funcionarios del aparato de inteligencia y de justicia norteamericano.

Código Magenta refiere que Julio Carmona explicó que el gran negocio estaba en la evasión de impuestos: una red de importadores con permisos especiales otorgados por la Secretaría de Energía, a cargo entonces de Rocío Nahle, que se dedica al tráfico de combustible. En los documentos oficiales, declaran la mercancía transportada como aceites y omiten el pago de una cuota fija por litro de gasolina establecida en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El medio digital dirigido por Ramón Alberto Garza señala, además, que la Secretaría de Energía, que durante cinco años encabezó Nahle, facilitó el crecimiento de esta industria, al congelar los permisos de importación de combustible en México y asignarlos únicamente a figuras con conexiones políticas. Actualmente, según precisa Código Magenta, sólo existen ocho permisos vigentes de importación de gasolina en el país.

En su primera entrevista con agentes estadounidenses, Julio Carmona habló de que las ganancias de su hermano en el negocio ilegal de huachicol eran de 360 millones de pesos al año, de acuerdo a documentos revisados por Código Magenta.

Sin embargo, la publicación consigna que reportes de inteligencia norteamericanos estiman que esta cifra está subestimada, por mucho. El tamaño de la industria de trasiego de combustible es significativamente mayor y su magnitud explica por qué Sergio Carmona se convirtió en uno de los operadores financieros más relevantes de las estructuras electorales de la 4T.

La versión periodística señala que autoridades de inteligencia encontraron una discrepancia entre los datos de exportación de gasolina de Estados Unidos a México registrados por el Buró de Información del Departamento de Energía norteamericano, EIA por sus siglas en inglés, y los datos de importación de gasolina reportados por la Agencia Nacional de Aduanas de México.

La conciliación de estas cifras muestra que, conforme fue avanzando el sexenio del presidente López Obrador, fue creciendo la brecha entre los registros del gobierno estadounidense y los datos del gobierno mexicano.

Expertos con conocimiento del asunto consultados por Código Magenta estiman que, con base en esta diferencia, quedaron sin declarar 94 mil 391 millones de litros de gasolina entre enero de 2019 y agosto de 2023.

Considerando la cuota fija por litro establecida en el Artículo 2, Fracción I, Inciso D de la Ley del IEPS (es decir 4.06 pesos en 2019, 4.18 en 2020, 4.3192 en 2021, 4.6375 en 2022 y 4.9987 en 2023) la omisión total de impuestos por importación de gasolina fue de 418 mil 142 millones de pesos.

Esta es la verdadera magnitud del negocio del huachicol, una cifra que representa casi el doble que el presupuesto anual de la Secretaría de la Defensa Nacional, puntualiza el medio digital, el cual documenta que, en México, el trasiego ilegal de combustible representa un negocio de alrededor de 4 mil 200 millones de dólares al año, es decir, dos veces el flujo operativo anual de una compañía del tamaño de Cemex, la principal empresa cementera mexicana asentada en Monterrey.

Este monto explica gran parte del financiamiento paralelo de las campañas políticas de la 4T, una operación que es posible gracias a la construcción de estructuras electorales paralelas a Morena que no son sujetas al escrutinio ni fiscalización del INE, tal como la organización ‘Que Siga la Democracia’, de Gabriela Jiménez, o la ‘Alianza Patriótica de la 4T’, fundada por Ricardo Peralta, quien como administrador General de Aduanas designó a un ejército de funcionarios en puertos y puntos fronterizos que han permitido este negocio cuyo modus operandi requiere de la anuencia y complicidad del gobierno federal. Y es que, a pesar de la intervención de las Fuerzas Armadas en el sistema aduanal, la administración del presidente López Obrador ha sido omisa con la fiscalización del huachicol.

Código Magenta apunta que la importancia de esta industria ilegal y sus consecuencias políticas representan un foco rojo para el aparato de seguridad y justicia de Estados Unidos. “El Estado Profundo norteamericano está preocupado por la intervención del crimen organizado en el proceso democrático de México”, remarca, y refiere que en noviembre del 2023, los congresistas texanos Henry Cuéllar y Vicente González, del Partido Demócrata, y el republicano Dan Crenshaw, que está promoviendo la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, enviaron una carta a la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, pidiendo acciones contundentes para presionar a México a detener el tráfico ilegal de combustible.

La carta de los tres congresistas estadounidenses cita un video del 16 de octubre de 2023, en el que presuntos miembros del Cártel del Noreste obligan a conductores de pipas a desechar combustible en un terreno baldío. El huachicol es una industria multimillonaria que le permite a los cárteles extraer rentas mediante el cobro de piso por las rutas de tráfico.

El medio digital concluye que el extinto empresario Sergio Carmona era apenas un sólo caso de un fenómeno mucho más amplio que llega a lo más alto del poder político en México.

¿Hablará en su campaña de este tema doña Rocío Nahle, la ex secretaria de Energía que ahora contiende por la gubernatura de Veracruz? Políticamente sería lo recomendable para ganarse la confianza de los votantes veracruzanos, pues por el momento ha despertado suspicacias las super camionetas en las que se mueve con su comitiva, vehículos de modelo reciente que han sido valuadas por la oposición –según los precios actuales en el mercado automotriz– en 16 millones 824 mil 400 pesos en total.