El problema de Rocío Nahle no es solo que ella y sus padres no hayan tenido la fortuna de haber nacido en el estado que hoy aspira a gobernar, sino que tampoco conozca realmente a Veracruz y a los veracruzanos.

Y es que uno de los más recientes errores que le adjudican sus detractores a la ex secretaria de Energía oriunda de Río Grande, Zacatecas, es que se haya entregado al grupo del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, el populista ex mandatario del PRI que en su administración (2004-2010) le abrió las puertas y le entregó el estado al sanguinario cártel de Los Zetas, un grupo de desertores del Ejército Mexicano que Osiel Cárdenas Guillén, jefe del Cártel del Golfo, había reclutado como su brazo armado, pero el cual rompió con él cuando el capo tamaulipeco decidió apoyar una supuesta federación de cárteles que impulsaba Joaquín “El Chapo” Guzmán, de Sinaloa, para que se respetaran los territorios de cada organización delincuencial, lo que al final no se logró pese a que desde las altas esferas del gobierno federal se alentaba en su afán por pacificar al país.

Precisamente al inicio del gobierno de Herrera Beltrán, la disputa por Veracruz entre Los Zetas y el Cártel del Golfo bañó de sangre al estado. Terminó imponiéndose el grupo de ex militares liderado por Heriberto Lazcano, nativo de Progreso, Coahuila, quien a los 17 años se había unido al Ejército Mexicano, donde ascendió al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) y recibió entrenamiento militar de las Fuerzas de Defensa de Israel y el Ejército de los Estados Unidos. Desertó en 1998 de las filas castrenses junto con otros 30 soldados para formar el grupo paramilitar de Los Zetas. Sus métodos de tortura le valieron el apodo de “El Verdugo”, particularmente porque mataba a sus víctimas para alimentar con ellas a leones y tigres que poseía en un rancho. Lazcano murió en un tiroteo con la Armada de México el 7 de octubre de 2012, a finales del sexenio del ex presidente Felipe Calderón. Tras su muerte, su cuerpo fue sacado de la funeraria por una banda armada. El liderazgo del grupo criminal fue asumido entonces por Miguel Ángel Treviño Morales, el sanguinario Z-40, quien en su adolescencia había formado parte de Los Tejas, una temible pandilla local de Nuevo Laredo, Tamaulipas, su terruño natal.

Entre las tantas anécdotas del fidelato que se cuentan, se recuerda aquella que exhibe el grado de connivencia que existía entre el gobernante y este grupo criminal. Se cuenta, por ejemplo, que cuando Los Zetas comenzaron a secuestrar y extorsionar, un famoso empresario restaurantero de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río buscó al mandatario priista para pedirle que lo ayudara dada su presumida amistad. Éste lo escuchó, y luego de comentarle que le estaban exigiendo 50 mil pesos para “dejarlo trabajar en paz”, Herrera Beltrán le respondió: “¡Pues, págales y déjate de problemas!”.

Ahora ha trascendido que en la región de Poza Rica –donde este miércoles 17 cerrará su precampaña en Veracruz la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, acompañada de Rocío Nahle– se ha visto desde el año pasado a un hijo del empresario Francisco Colorado Cessa, quien en marzo del 2016 fue condenado a 20 años de prisión por una Corte para el Distrito Oeste de Texas por un caso de lavado de dinero para el grupo de Los Zetas.

“Pancho” Colorado, quien murió en prisión en marzo de 2018, era muy cercano al ex gobernador Fidel Herrera, quien presuntamente lo ayudó a conseguir contratos en Pemex por más de mil 466 millones de pesos para su empresa ADT Petroservicios, cuyo representante legal era Francisco Silva Ramos, “El Negro”, hermano de Alberto Silva, ex alcalde de Tuxpan, ex secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, ex diputado federal, ex dirigente estatal del PRI y actual operador político del Partido Verde, pues es amigo incondicional de Javier Herrera Borunda, hijo del ex mandatario veracruzano, y del senador chiapaneco y ex precandidato presidencial Manuel Velasco Coello, ambos líderes del PVEM y aliados de Sheinbaum y Nahle.

El domingo pasado, por cierto, el Grupo Reforma publicó que a casi 60 días de que arranquen oficialmente las campañas (1 de marzo) y a poco más de cuatro meses para las votaciones (2 de junio), en 25 por ciento del territorio electoral de México existe algún riesgo de que la violencia o presencia del crimen organizado impacte el desarrollo de los comicios en curso, al señalar que en 74 de los 300 distritos electorales federales se registraron ataques a políticos, operadores partidistas y funcionarios electorales, masacres, plagios de migrantes, enfrentamientos entre criminales, así como emboscadas a policías y Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la investigación del consorcio periodístico, en el mapa de riesgo se incluyeron 21 entidades, entre ellas Veracruz, donde se indica casualmente como zona de riesgo el distrito electoral federal número 5 con cabecera en la ciudad de Poza Rica, el cual incluye al municipio de Tihuatlán.