Prefacio. 

A José Luis Lima Franco se le hizo fácil: “digo que la deuda que recibimos fue del doble, y aunque la elevemos en esta administración, siempre será menos de nuestra cifra original”. *** El secretario de Finanzas de Veracruz asegura que, en diciembre del 2018, cuando Cuitláhuac García asumió el gobierno estatal, la deuda pública estatal era de 87 mil 207 millones 200 mil pesos. Eso es mentira. *** En septiembre del 2018, tres meses antes de que entrara en funciones la actual administración estatal, la deuda pública de Veracruz era de 45 mil 714 millones de pesos (cifra aportada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde todas las entidades deben registrar sus balances financieros). *** Para mayo del 2021, esto es: poco más de dos años después de que asumiera el poder, Cuitláhuac García tenía una deuda pública (la registrada en Hacienda) de 48 mil 538 millones de pesos, conformada por 42 mil 976 millones de pesos de pasivos bancarios, más 3 mil 382 millones de bonos “cupón cero” y el resto por créditos contratados ese mismo año por 2 mil millones de pesos. *** Año con año la deuda de Veracruz ha seguido creciendo, por la sencilla razón de que persiste el déficit presupuestal. Esto es: el gobierno de Veracruz gasta, cada año, más de lo que ingresa. *** El propio gobernador lo admitió en julio del 2022, que el déficit anual del gobierno era de 6 mil millones de pesos: “Cada diciembre se debe enfrentar un déficit de 6 mil millones de pesos: a fin de año debemos pagar más de lo que tenemos presupuestado, nómina, principalmente magisterial, todos los ingresos que tiene el estado de Veracruz no nos dan para erogar lo presupuestado para el fin de año. Hemos pedido créditos a corto plazo”. *** Este miércoles el secretario de Finanzas José Luis Lima Franco se comprometió ante los diputados locales a dejar recursos para la próxima administración, pese a que “se manipula a la opinión pública con información engañosa” sobre la deuda pública. *** Prometió que -ahora sí- para el 2024 ya no van a recurrir a créditos de corto plazo para los compromisos de fin de año. La explicación es sencilla: ningún banco le presta a un gobierno que está por concluir su gestión. *** “Vamos a heredar a la siguiente administración finanzas más fuertes”, dijo, pero no mencionó que a partir del 2026 se elevará el pago de la deuda, pues la famosa “renegociación” del actual gobierno, sólo fue para ampliar los plazos de la deuda, pagar menos en estos años y que sea el próximo gobierno el que haga frente a los compromisos del gobierno estatal. *** Dijo que recibió una deuda de 87 mil 207.3 millones de pesos, y ahora es 67 mil 407.3 millones de pesos. Esta última cifra es real, pero los pasivos a su llegada no llegaban a los 46 mil millones de pesos. *** Ahí están los documentos, es cosa de compararlos.

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“Estamos seguros de que ellos van a seguir pisoteando la ley electoral, vamos a estar atentos para que, en cada uno de esos agravios, haya denuncia”.

El dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, interpuso una denuncia en procedimiento sancionador ordinario ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz, en contra de Cuitláhuac García por su flagrante intromisión en el proceso electoral.

Este miércoles el dirigente priista acudió a la instancia electoral para denunciar al gobernador por una violación directa a los artículos 134 de la Constitución federal y 79, párrafo segundo de la Constitución de Veracruz, al realizar actos que denuestan a militantes del PRI, y por aprovechar su investidura para favorecer a su partido -Morena- con la intención de influir en la ciudadanía hacia la elección del 2024.

Adolfo Ramírez Arana dijo confiar en que el OPLE le dé cauce a su recurso:

“Vamos a estar vigilantes dando el seguimiento adecuado; no será la única denuncia, porque estamos seguros de que ellos van a seguir pisoteando la ley electoral, vamos a estar atentos para que en cada uno de esos agravios haya denuncia”.

El dirigente estatal del PRI dijo que el gobernador tiene miedo “porque sabe que se avecina la sucesión y va a perder la elección (…) por eso el lunes les dedicó diez minutos a nuestros aspirantes y a hablar del PRI, inclusive a pasar en su pantalla videos que no se sabe si son ciertos o no, y lo que se refleja es que a toda costa quiere preservar el gobierno”.

Como ya lo habíamos anticipado en este mismo espacio, la conducta del gobernador de Veracruz (“casualmente” cuando visitaba tierras veracruzanas “su candidata” a la presidencia Claudia Sheinbaum) fue francamente violatoria de las restricciones que todos los servidores públicos tienen en materia electoral y una mala copia de la actitud asumida por su jefe político (el presidente López Obrador) con referencia a lo que marca la ley en la materia.

Adolfo Ramírez le envió un mensaje claro al gobernador: no le van a dejar pasar sus exabruptos y le exigirán el estricto cumplimiento de la ley.

“El llamado de los priistas a Cuitláhuac García es que se ponga a hacer su trabajo, si se mete con un priista se mete con todos; no nos vamos a dejar, lo vamos a señalar siempre, y vamos a hacer las denuncias correspondientes. Ya pasaron cinco años sin resultado alguno”.

Los asesores del gobernador no le explicaron que hay límites que no puede, o no debe rebasar, que frente a lo que dispone la Constitución, la palabra del gobernador carece de validez.

Adolfo Ramírez le dejó claro al gobernador que no debe denostar ni dedicar tiempo de sus prolongados discursos a los aspirantes: “dice que si ya nos pusimos de acuerdo, y a él no le debe importar eso, él que se dedique a gobernar, a dar resultados a los veracruzanos; vamos a vivir una elección de estado, pero no vamos a permitir que pase esto sin hacer los señalamientos correspondientes”.

La actitud del PRI frente al primer agravio directo del gobierno estatal fue la correcta: nada de confrontar a sus aspirantes a debates que no corresponden a su circunstancia política. Si el gobernador pretende encabezar la ofensiva mediática en contra de sus opositores, entonces que se mida a las estructuras formales de los partidos políticos.

Adolfo Ramírez, en su papel, salió a exhibir el protagonismo y la actitud beligerante de un servidor público que tiene entre sus obligaciones garantizar que el proceso electoral que se avecina transcurra en un ambiente de civilidad y respeto al marco jurídico que nos rige.

Ya entrando en materia, el dirigente priista llamó la atención a los medios de comunicación sobre una práctica que es recurrente en la actual administración estatal: obligar a los empleados del gobierno a asistir a eventos de carácter político; le recordó al mandatario estatal que eso lo prohíben la Constitución de la República y la de Veracruz, y le hizo notar que la ciudadanía ya se cansó de ellos ante los nulos resultados en seguridad, en la falta de empleo, de obra pública y por la corrupción: “por ello Morena tiene los días contados y el PRI va a recuperar el gobierno”.

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Epílogo. 

¡Apareció Esteban! *** Muchos decían que el dirigente estatal de Morena andaba “perdido”, pero no era así. Este miércoles salió a cumplir una encomienda: responderle al dirigente estatal del PRI, luego de que éste denunció formalmente al gobernador por inmiscuirse en asuntos de carácter electoral que no le competen. *** Pero a Esteban Ramírez Zepeta no le dieron un guión y se vio obligado a caer en lugares comunes, acusar de todo a la oposición, pero sin aportar datos jurídicos que justificaran la violación, por parte del gobernador, de las leyes en materia electoral. *** “No tienen calidad moral, son unos ladrones y sinvergüenzas”, expresó el dirigente de Morena. “A la nueva dirigencia priista que nadie la conoce, se le ocurrió presentar esta denuncia para desviar la atención por la renuncia masiva de militantes a ese partido”. *** Correcto, pero… ¿y el gobernador? ¿Cómo justifica su irrupción en asuntos electorales y contra un partido que -según Ramírez Zepeta- está desintegrado? *** Bien dicen que “el pez por su boca muere”.

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