La intervención de la planta de tratamiento de aguas residuales en Ixtaczoquitlán se dio tras la muerte de un empleado y la falta de atención a los requerimientos que hizo la Procuraduría Medio Ambiente (PMA) a los propietarios de la empresa Mitsui & Co, encargada de la operación.
El titular de la PMA, Sergio Rodríguez Cortés explicó que, si bien la dependencia intervino la operación, la van a regresar a los particulares, una vez que cumplan con la remediación de algunas áreas y la implementación de medidas de seguridad.
“La intervenimos porque la empresa no quiso hacerse cargo de las medidas de urgente aplicación, recordemos, porque ya es público -porque se hizo una declaratoria de emergencia, hubo un muerto, hubo un trabajador que, al respirar los gases tóxicos de la planta, se mareó y cayó a la laguna, y lamentablemente falleció”.
Comentó que la PMA pidió un informe en las escuelas de la zona y de la secretaría de salud y se constató que han despedido gases que han afectado a los ciudadanos, “y por eso dictamos medidas de urgente aplicación como es tapar las lagunas, los canales, algunos aparatos para monitorear los gases, y no se hizo. Se declaró la emergencia y nosotros nos hicimos cargo”.
Rodríguez Cortés informó que el Estado tendrá que construir infraestructura que no hizo la empresa “irresponsable”, con la idea de que se reduzcan los riesgos de impacto al medio ambiente y salud, y una vez que se concluya se entregará al Fideicomiso, “para ver qué hacen”.
La empresa Mitsui & Co. fue notificada de la multa de más de 80 mil UMAS, lo que implica el pago de más de 8 millones de pesos, “no hay un plazo (de pago) pero se pueden congelar las cuentas en caso de que no paguen”.
El 22 de agosto se informó que debido a diversas anomalías que generan el incumplimiento de la ley ambiental, la empresa Mitsui & Co. fue retirada de la operación de la planta de tratamiento del Fideicomiso del Sistema de Aguas Residuales del Alto Río Blanco (Firiob).
Por lo anterior, el 13 de septiembre se emitió la Declaratoria de Emergencia Ecológica por parte de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA).
AVC/Isabel Ortega