Al secretario estatal de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, le urge conseguir fuero legislativo. Por eso ha buscado el cobijo de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, fuerte aspirante de Morena a la gubernatura. El economista nativo de Poza Rica quisiera ser senador para tener inmunidad durante seis años, pero no le alcanza más que para ser candidato a diputado local o federal y, si acaso llegara a ganar la elección de 2024, buscar la reelección en los comicios intermedios de 2027.

Lima Franco estaría por correr la misma suerte de sus antecesores duartistas Mauricio Audirac y Antonio Gómez Pelegrín, aunque en el caso de este último extitular de la Sefiplan en realidad terminó pagando los abusos y negligencias que sus predecesores cometieron, pues solamente ejerció el cargo la mitad de octubre y todo noviembre de 2016.

Y es que a Lima acaban de descubrirle que el 28 de febrero de este año autorizó contratar una línea de crédito por mil 717 millones 650 mil 673 pesos con el Banco Nacional de Obras (Banobras), del que no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pese a que por ley está obligado a reportarle para inscribir la deuda en el Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas.

Esta línea de crédito, que supuestamente se destinaría para reestructurar el Programa de Financiamiento Fondo para la Reconstrucción de Entidades Federativas (Fonrec), adquirido durante la administración del exgobernador Javier Duarte en agosto de 2011, se saldaría hasta noviembre de 2031, o sea, hasta el año siguiente de que concluya el próximo sexenio. A la gestión saliente del gobernador Cuitláhuac García le tocaría pagar mensualidades que van desde los 9 millones 986 mil pesos hasta 11 millones 819 mil pesos el 25 de noviembre de 2024, cinco días antes de que finalice su régimen. Pero Nahle, en caso de que llegara a la gubernatura, deberá pagar mensualmente hasta noviembre de 2030 casi 23 millones de pesos, el doble de los intereses.

El reportero Jair García, de Imagen de Veracruz, investigó que a tales montos deberán sumársele aún los intereses y comisiones correspondientes, los que Lima Franco se ha negado a informar no obstante que Banobras obliga a transparentar y hacer públicos los datos.

La misma actitud evasiva adoptó la semana pasada cuando le preguntaron sobre el monto de la deuda total que heredarán a la siguiente administración. Ante la insistencia de los reporteros, sólo respondió escuetamente que “creo se pagan 6 mil millones de pesos al año”, explicando forzadamente que la mitad se abona al capital y la otra parte al pago de los intereses.

Pero de lo que tampoco ha informado es de los 358 millones de pesos de los Servicios de Salud que decidió invertir en Accendo Banco, la institución financiera de los desprestigiados hermanos Reyes de la Campa que recibió permiso de operar como banca en 2019 y se dedicó a manejar el dinero de varias entidades gubernamentales con el aval de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cual perdió su licencia de operación en 2021 debido a su bajo índice de capitalización.

Aparte de Veracruz, Accendo Banco adeuda alrededor de 3 mil millones de pesos a diferentes entidades de gobierno, que no han sido reintegrados a la fecha en septiembre de 2023. Entre los afectados están los gobiernos estatales de Puebla, Tamaulipas, Baja California, Estado de México, Oaxaca, Hidalgo y Durango; también los ayuntamientos de Naucalpan, Tlalnepantla, Puerto Morelos, Zapopan y Tijuana, así como la Lotería Nacional y el Banco del Bienestar.

De esa situación estaban enterados Lima y su amigo Gabriel Yorio, un economista papanteco que desde 2018 despacha como subsecretario de Hacienda, quien, en conferencia de prensa el 9 de septiembre de 2021, informó que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores había votado para revocarle su licencia. El motivo fue que, en el periodo de marzo a septiembre de ese año, se llevaron a cabo acciones de supervisión por parte de la CNBV, que revelaron incumplimiento en términos de capital y liquidez. Uno de los hallazgos más destacados fue la repetida falta de cobertura de liquidez por debajo del mínimo requerido, una condición única en el país que sólo afectaba a este banco.

La semana antepasada, el reportero Jorge García Orozco, del diario digital EME EQUIS (m-x.com.mx), publicó que según la liquidación judicial expediente 308/2021 elaborado por el Juzgado décimo primero en Materia Civil de la Ciudad de México, del Poder Judicial de la Federación elaborada el 9 de marzo de este año, Accendo Banco debe liquidar todavía a 407 acreedores en total, de los cuales, 15 son entidades de gobierno.

“En conjunto Accendo Banco todavía debe a sus acreedores, 5 mil 840 millones 982 mil 324 pesos, sobre esto, el Instituto para Proteger el Ahorro Bancario (IPAB) definió, con base a la Ley de Instituciones de Crédito, las cuentas con prioridad de pago. Siendo las entidades gubernamentales que pidieron dinero las cuartas en orden de importancia, ya que primero tienen que pagar a tres bloques antes que a las entidades de gobierno. Primero deben de indemnizar a los trabajadores por sueldos y salarios caídos (30 millones 626 mil pesos), luego deben indemnizar los créditos laborales (7 millones 933 mil pesos), y al final, créditos de obligaciones garantizadas (mil 314 millones de pesos)”, detalló el reportero.

Y desmenuzó que, de esta deuda, 3 mil 041 millones de pesos corresponden a instituciones de gobierno, siendo los acreedores más afectados: Gobierno del Estado de Puebla, con 809 millones 996 mil pesos; Gobierno del Estado de México, con 112 millones de pesos; Gobierno del Estado de Hidalgo, con 807 millones de pesos; Gobierno del Estado de Tamaulipas, con 205 millones de pesos; Servicios de Salud de Hidalgo, 57 millones de pesos; Gobierno del Estado de Oaxaca, 49 millones de pesos; Gobierno de Zapopan, Jalisco, 303 millones de pesos; Gobierno del Estado de Baja California, 51 millones de pesos, y Servicios de Salud de Veracruz, 357 millones 900 mil pesos.

Por eso es que sus malquerientes dicen irónicamente que más que candidato a diputado, Lima Franco se perfila como candidato al reclusorio de Pacho Viejo.