En su infinita ignorancia, el gobernador de Veracruz sigue acusando que los jueces federales, en una decisión concertada, han decidido sacar de la cárcel deliberadamente a delincuentes de alta peligrosidad, todo con el propósito de desestabilizar a su gobierno.

A media semana fue a recibir instrucciones presidenciales para ofrecer una conferencia de prensa en la Ciudad de México y vociferar en contra de los juzgadores. “Hoy lo sostengo con hechos y es triste concluir que la corrupción imperante no deja ver a los ministros”, y exigió dejar de solapar a los jueces federales que han incurrido en dichos excesos (sic).

Y cuando le preguntaron de las montañas de cadáveres encontrados en el estado, principalmente en Poza Rica, acusó que los medios sólo muestran el lamentable hecho, pero ocultan la realidad de la exoneración a 44 procesados por diversos delitos, entre éstos 21 homicidas, pederastas y secuestradores.

Inducir que la masacre de Poza Rica es culpa de los jueces y de los medios de comunicación es un desvarío. Si cada roznido del mandatario no tiene consecuencias es por dos razones: por la protección del presidente y porque nadie hace caso a un gobernador de papel.

¿Los jueces son responsables de la masacre de Poza Rica? No. La violencia en esa región tiene un origen de todos conocido, como lo cita puntualmente el portal Opinión Ciudadana.

Según una extensa reseña publicada este domingo, la crisis de seguridad pública en aquélla región se agravó en diciembre de 2022, con el asesinato de José Luis Quinto, comandante de la policía de El Espinal, cuyo cuerpo fue abandonado con un narcomensaje.

A ese episodio siguió un ataque a bares a unas horas de iniciado 2023, que dejó un saldo de ocho muertos; semanas más tarde se cometió el asesinato de Fernando Vega Pérez, alias el “Pino”, y su familia a finales de enero en la ciudad de Veracruz.

Desde entonces, la zona petrolera, que principalmente comprenden los municipios de Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla y Papantla, ha sido escenario de siete masacres, con 49 muertos; agresiones a bares, una media docena de hallazgos de restos humanos, ejecuciones y ataques con granada contra instalaciones de la policía.

En medio de este escenario de violencia el ayuntamiento de Poza Rica, que preside la leyenda del beisbol Fernando Luis, el “Pulpo” Remes, ha rotado cuatro veces la dirección de la policía municipal en los últimos ocho meses.

Luis Remes dijo en entrevista a medios locales estar “apesadumbrado” por los hechos de violencia en el municipio y reconoció una situación difícil con la policía local, pues “reciben invitaciones del mal para hacer compromisos, pero no los vamos a dejar”.

Pero hay un dato clave:

Muestra de la colusión de la policía local con grupos del crimen se demostró en mayo último, cuando la Fiscalía General de Veracruz detuvo a Francisco Arturo Cárdenas Cortes, director de Prevención del Delito y Seguridad Pública Municipal de Poza Rica – quien en marzo pasado había asumido el cargo–. Días antes de su captura fue señalado en narcomensajes por proteger al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Antes de asumir como jefe de la policía, Cárdenas era subdirector de Control y Seguimiento del Centro de Evaluación y Confianza, de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP).

¿Eso no lo sabía el Gobernador? La violencia en la región de Poza Rica es consecuencia de la complicidad entre la delincuencia organizada y las policías municipal y del estado. Eso lo saben todas las autoridades.

Acusar a los jueces federales es un acto más de perversión e impotencia.

En lugar de acusar a jueces federales, que los medios ingresen a las audiencias.

En lugar de dar conferencias de prensa para vociferar en contra de los jueves federales, ¿no sería más fácil que los reporteros y medios de comunicación ingresen a las audiencias públicas de los imputados y conozcan los casos de primera mano?

Imposible. Ni fiscales ni jueces impuestos por el morenismo están dispuestos a que se les exhiba en su ignorancia y complicidad para decretar prisiones preventivas oficiosas que solo ocultan su incapacidad de demostrar la responsabilidad de los presuntos responsables.

Esa es la razón, la falta de pruebas, la que ha provocado que la mayoría de los presos en Veracruz no tengan sentencia; y que una medida cautelar que debería durar algunas semanas, se alargue por años. Es por eso que los jueces federales han concedido amparos.

Para que no haya duda del trabajo de la Fiscalía del Estado y de la actuación de los jueces locales para aplicar medidas cautelares privativas de la libertad, los medios de comunicación deberían tener acceso a las audiencias, como lo prevé el ya no tan nuevo sistema de justicia penal.

El problema es que ni la Fiscalía ni los jueces impuestos por el morenismo desean ser exhibidos y por eso determinan que las audiencias sean privadas, y con ello, ocultar que están enviando a prisión a muchas personas sin contar con las pruebas que lo validen.

Es posible que, en muchos casos, los imputados sean responsables de los delitos que se les acusa, sin embargo, los fiscales no tienen manera de demostrarlo y terminan recurriendo a la figura de prisión preventiva, aunque sepan que nunca podrán resolver el caso.

La ratonera

Desde la mañanera presidencial le dijeron al Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, que le parara a su desmadre. El gobernador anunció que el cuenqueño había declinado a buscar la candidatura el gobierno del estado, que retiraría su propaganda y que le bajaría a su promoción.

El jueves pasado, los padres de Cuitláhuac García aplaudían con entusiasmo a Eric Cisneros durante la enésima presentación de su libro de la negritud, ahora en el simbólico escenario de San Juan de Ulúa. ¿Qué parte no han entendido?