La empresa Rawen Ingeniería será la encargada de realizarla primera etapa de la ciudad judicial de Poza Rica con una inversión de 20 millones de pesos procedente del Fondo Federal de Aportaciones para la Seguridad Pública 2023.
El Poder Judicial lanzó una primera convocatoria en julio a la que se presentaron cuatro empresas que no cumplieron con los lineamientos y la licitación fue declarada desierta. Según la información del Poder judicial las empresa incumplieron con varios puntos entre ellos no contar con el capital contable requerido, no tener pagos actualizados al SAT y falta de experiencia en la realización de este tipo de obras.
En una segunda licitación se presentaron otras tres empresas, dos de ellas incumplieron con los puntos requeridos y fue la empresa Rawen Ingeniería SA de CV creada en 2014 y cuyos socios son los empresarios Fermín Méndez Ruíz y Emanuel Méndez León, la ganadora de la licitación pública.
Rawen Ingeniería también ha recibido otros 13 contratos entre 2020 y 2022 del gobierno del morenista Cuitláhuac García por 150 millones de pesos por diversas obras de parte del Instituto de Espacios Educativos y la Secretaría de infraestructura y Obras Públicas.
Los empresarios ganadores de la construcción también son socios de otras dos empresas Agroproductos fernelem y Fen mantenimiento, asesoria, construcción y supervisión, está última creada en 2021
El pasado 11 de agosto se dio el fallo a la licitación pública con el aval de los integrantes de la comisión de aprovisionamiento, la consejera de la judicatura Claudia Marlene Galán Espinoza y el magistrado Esteban Martínez Vazquez, además de la unidad de licitación integrada por Orfy Aly Gutierrez Ponce y Joab Addi Ocaña Villeda, como vocal técnico.
La presidenta del Poder Judicial Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre informó de la construcción de esta ciudad en el norte de Veracruz con recursos federales, luego de que se cancelaron 10 contratos para la construcción de diversas ciudades judiciales en Veracruz.
Hay que recordar que en 2018, el magistrado en retiro, Edel Álvarez Peña firmó un contrato para la construcción de 21 ciudades judiciales, por el que se pagarían 19.7 millones de pesos por 300 meses, para dar un total de 5 mil 916 millones de pesos por el total del contrato.
El estudio costo-beneficio, que es público en el Poder Judicial, señalaba que el costo total por la construcción sería de mil 300 millones de pesos más 462.5 millones de pesos por mantenimiento en 25 años.
En mayo del 2018 se declaró ganador de los contratos individuales para la planeación y ejecución de la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de dichas ciudades judiciales, al Consorcio conformado por: Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Constru Industrias Comerciales, S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.
Pero el contrato fue cancelado en 2022 debido a la falta de recursos del Poder Judicial. Las ciudades pendientes de cumplir los contratos de las ciudades de Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Coatzacoalcos, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama y Álamo.
AVC
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