Los argumentos para intentar explicar lo sucedido son diversos, pero los empresarios que se dedican a la venta y distribución de gasolinas recuerdan 2020 como el año en que la importación ilegal de combustibles se conviritió en una especie de nuevo competidor. Este mercado paralelo, en donde se ofrecen precios mucho más bajos a los que ellos podían ofrecer, comenzó a satisfacer una gran parte del mercado.

En 2020, el año en que inició la pandemia de coronavirus y el mercado energético vivió una enorme sacudida, el precio internacional de la gasolina y el diésel tocó niveles mínimos. La gasolina que se importa desde la costa este de Estados Unidos –uno de los principales mercados de compra– apenas se cotizaba en poco más de 2 pesos por litro.

Pero la baja no se reflejaba del todo en el precio en que se importaba el combustible al país. La razón: el precio en que en ese momento se ofrecía la gasolina y diésel de importación no hacía necesario que el gobierno federal aplicara un estímulo, que usualmente se utiliza para disminuir el porcentaje del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al que están sujetos los combustibles.

Entonces, uno o más grupos encontraron ahí un nicho de negocio: importar las gasolinas, que etiquetadas bajo otra fracción arancelaria que las hace pasar como aceites automotrices, lubricantes o alcoholes, burlan el pago del arancel y son vendidos a los comercializadores a un precio mucho más bajo que el ofrecido en el mercado formal.

‘Huachicol fiscal’ y las pérdidas millonarias

La internación ilegal de combustibles –conocida coloquialmente como huachicol fiscal– ya había sido detectada desde la apertura al mercado de importación –en 2016, tras la reforma energética de unos años antes–, pero la baja en el precio internacional de los combustibles, durante algunos meses de la pandemia, hizo más atractiva la actividad, que ha crecido y disminuido por periodos en los últimos años.

Los informes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) dicen que 66.7 millones de barriles de combustibles fueron ingresados al país de manera ilegítima durante el año pasado –el dato más reciente–, alrededor de 14% de la demanda total de gasolina y diésel, que también es cubierta por la estatal Pemex y las empresas importadoras.

El organismo ha omitido dar a conocer información de lo que denomina como “contrabando de combustibles” desde finales de 2022. Como sea, los números publicados por el órgano fiscalizador hablan de un incremento sustancial de la actividad desde el inicio del sexenio: en 2018 la importación ilegal de combustibles se estimó en 45.8 millones de barriles y ya para 2021 se había más que duplicado hasta llegar a los 102 millones de barriles y representar alrededor del 21% del total de combustibles consumidos en el país.

La forma en que el SAT estima este número es simple: la cantidad de gasolina y diésel que produce la estatal Pemex sumada a la que traen al país las empresas importadoras no da como resultado el total del consumo nacional y entonces su conclusión es que el resto llega al país de una manera ilegal.

En 2021, el año en que las importaciones ilegales registraron su nivel más alto, el SAT dejó de percibir alrededor de 58,000 millones de pesos por recaudación de IEPS relacionados con productos del mercado petrolero. El volumen máximo de ese año se explica por la imposición de gravámenes a la importación de combustibles: los precios bajos que entonces registraban las gasolinas –siguiendo la tendencia iniciada durante los primeros meses de la pandemia– hizo que el gobierno federal impusiera la totalidad de los impuestos a las importaciones y a los combustibles en general.

La correlación de las cifras es clara: cuando la administración federal aplica un subsidio a las gasolinas y entonces se pagan menos impuestos, la cantidad de importaciones ilegales disminuye porque se vuelve un negocio menos atractivo para los grupos que lo operan. Al contrario, cuando los gravámenes se aplican en su totalidad o en un alto porcentaje, esta cantidad de importaciones aumenta. Y así se explica la baja registrada durante 2022.

El efecto inesperado de una guerra

La invasión rusa a Ucrania trajo consigo una alza considerable en el precio de los combustibles y entonces el gobierno federal aplicó durante algunas semanas hasta 100% de subsidio al IEPS de las gasolinas y el diésel y además aplicó un estímulo complementario a los distribuidores de los combustibles.

De un momento a otro se hizo menos atractiva la importación ilegal porque no hacía sentido importar gasolinas a un precio similar al que se vendía dentro del mercado regulado. De pronto la gasolina en México –con todos los estímulos aplicados– fue más barata que como se cotizaba en el mercado de importación y entonces internarla de manera ilegal careció de sentido.

“Las ventas ilegales de combustible efectivamente se detuvieron después de que México comenzó a subsidiar los precios minoristas de combustible a raíz de la invasión rusa de Ucrania a principios de 2022”, dice un análisis de la agencia de precios de referencia OPIS, de Dow Jones Company. “Los volúmenes de combustible ilegal en el país comenzaron a aumentar después de que los precios internacionales volvieran a los niveles anteriores a la invasión y el gobierno reanudó los impuestos sobre los combustibles”.

Como parte de esta dinámica, a la par del crecimiento en la internación ilegal de gasolinas, otro segmento suele crecer en importaciones: el de lubricantes automotrices, sin que exista algún sustento para esta alza.

Gasolina que entra como lubricante automotriz

Los lubricantes no están sujetos al pago del IEPS y entonces son usados como método de evasión para introducir los hidrocarburos, principalmente a través de las aduanas terrestres. Como ejemplo, en 2021 la demanda nacional estimada de lubricantes fue de alrededor de 5.5 millones de barriles, pero al país ingresaron alrededor de 26 millones de barriles de productos bajo esta fracción arancelaria.

Las fuentes de la industria identifican algunas otras formas de internar combustibles de manera ilegal al país: a través de la réplica de facturas y documentos legales necesarios para la internación de los hidrocarburos y a través de la declaración de un nivel menor al que realmente se está importando al país. De ambas formas logran evadir el pago total de los impuestos y entonces ofrecer un precio más bajo a los comercializadores de combustibles y operadores de estaciones de servicio. Empresarios entrevistados aseguran que el precio de gasolina o diésel comprado en este mercado alterno puede ser entre 5 y 2 pesos menor al que se ofrece de manera legal.

Las fuentes también refieren que los principales compradores de este tipo de combustible son aquellos que operan alguna estación de autoconsumo, es decir, compañías transportistas o que operan una gran cantidad de vehículos. A ellos, comprar este tipo de combustible les representa altos ahorros para su operación diaria.

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