Prefacio.

Aquel 10 de julio fue también la corresponsalía del corporativo Imagen del Golfo, la que puso en la “mañanera” el tema de la autopromoción de Éric Cisneros en el estado de Veracruz. *** En aquella ocasión el presidente López Obrador le “sugirió” al secretario de Gobierno que, si quería promoverse para un cargo de elección popular, lo mejor sería que renunciara a su posición en el gobierno. *** Éric Cisneros no renunció, replicó que al presidente “no le dieron todo el contexto” y que, finalmente, la propaganda con su fotografía y su nombre no la había contratado él, sino “el pueblo”. *** Cuitláhuac García también reaccionó e informó que “ya había platicado” con el secretario, quien le juró que no buscaría la gubernatura y le prometió que “trataría de convencer” a los veracruzanos que contrataron los anuncios, para que los retiraran. *** Los anuncios espectaculares y las bardas pintadas no sólo no fueron retirados, sino que aumentaron. El colmo fue este fin de semana que, en Veracruz, apareció en el cielo un parapente que en su tela llevaba impreso el nombre de Éric Cisneros. *** Este lunes, la reportera Teresa Mora, de Imagen del Golfo, volvió a poner el tema en la mañanera: “En Veracruz, Cisneros Burgos, además de que no atendió su recomendación y no retiró toda su propaganda de espectaculares y bardas, ha incrementado su promoción; ahora difunde en redes sociales un video con conocido influencer, y el pasado fin de semana a lo largo del litoral y playas de la conurbación un parapente surcó los aires de Boca del Río y Veracruz con enormes letras y el nombre de Eric Cisneros”. *** Y cuestionó: “¿Cómo poner candados a este tipo de funcionarios o políticos para que no incurran en estos excesos, presidente? ¿Amerita una sanción o freno para este servidor público y que sea definitivo para frenar su loca carrera por brincar a alguna otra posición, en lugar de dedicarse a trabajar en su actual cargo?”. *** Como Pilatos, el presidente López Obrador, en principio, trató de lavarse las manos: “Pues yo no puedo hacer nada, sólo recomendarles a quienes hacen ese tipo de publicidad que no les ayuda. Por ejemplo, aquí tú estás denunciándolo, ¿no?, a Eric, que es el secretario de Gobierno, pues eso no le ayuda, mejor que no lo haga. Pero, digo, es una recomendación”. *** Se tomó su tiempo para ahondar en el tema: “No deben hacer eso, eso tiene un efecto de búmeran, se les regresa. Y que no les hagan caso a los publicistas, o sea, si quieren hacer algo o, por ejemplo, si se tiene un cargo… ¿Cuánto falta para una elección? Va a ser la elección en junio, ¿no? (-Sí). -En junio del año que viene, ¿no?, son 10 meses, sí, 10 meses. En este caso, con todo respeto, ¿no?, pero en cualquier otro caso, si renuncian, si renuncian ya, en esta semana y se van casa por casa 10 meses van a visitar un promedio de 150 casas diarias, ¿no?, en la mañana, descansan y en la tarde otra vez casa por casa: ‘Soy Eric Cisneros, aspiro a algo, todavía no es el tiempo, pero, bueno, quiero servir. Aquí le dejo este volante’. Y ya, y otra casa y otra casa y otra casa, otra casa, 150 diarias, ¿no? Van a dormir a pierna suelta, se van a cansar, pero van a estar muy fortalecidos moralmente (…) Y, además, es algo novedoso, no les cuesta, se fortalecen, recogen los sentimientos de la gente, hacen ejercicio. Es lo mejor”. *** No habrá un tercer aviso.

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Se podía esperar del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, pues es ingeniero y la materia jurídica no se le da mucho. Quizá hasta de la titular de la Fiscalía, Verónica Hernández, que ha demostrado su escaso dominio del derecho, pero… ¿de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia?

De ella lo menos que se esperaba es que defendiera los principios rectores de la justicia en el país.

Sumisa como se ha mostrado siempre frente al Poder Ejecutivo, la magistrada Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre salió este lunes a sumarse a la campaña contra el Poder Judicial de la Federación, que inició el presidente López Obrador y que ha tenido su más fiel clon en el gobernador veracruzano.

La titular del Poder Judicial del Estado (PJE) emitió un “pronunciamiento” para quejarse de que los jueces de Distrito, al momento de conceder una suspensión provisional contra la medida cautelar de prisión preventiva “están resolviendo, prácticamente de fondo, los asuntos”.

La magistrada manifiesta en su texto sus desacuerdos con sentencias que ya son de obligado cumplimiento y que condicionan la determinación de aplicar la medida cautelar de prisión contra imputados que no han recibido sentencia, a que se sustente la necesidad de dicha medida.

“Entiendo perfectamente -alega la magistrada- que en los últimos años se ha desarrollado la teoría de la apariencia del buen derecho, pero a mi criterio la determinación de que en todos los casos se otorgue la suspensión provisional, no se encuentra apegada a derecho”.

Por la responsabilidad que implica su actual encargo, es de suponer que la magistrada presidente del PJE la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez, en la que establece que tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa, previstos en los artículos 16 y 19 de la Constitución mexicana resultan contrarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Dicha sentencia dispone:

“Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas seráì arbitraria y, por tanto, viola el artículo 7.3 de la Convención. De este modo, para que se respete la presunción de inocencia al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad, es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención”.

Y va más allá:

“La Corte ha sostenido que la prisión preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción… la autoridad judicial no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad… En ese sentido, en cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberáì decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe”.

La postura de la magistrada ya generó comentarios entre los especialistas en el derecho penal.

El jurista Tomás Mundo Arriasa subió a su cuenta de Twitter: “Es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia; es muy lamentable su declaración, llena de una ignorancia total del Derecho Penal. Urge capacitar al poder judicial de Veracruz”.

Esto explica, en buena medida, la razón por la que Veracruz aparece en los últimos sitios en el Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, publicado por el organismo World Justice Project.

Cuando se analiza la capacidad de cada entidad para garantizar los derechos fundamentales, Veracruz ocupa el último lugar; para garantizar la justicia en el ámbito penal, esta entidad se ubica en el sitio 30, y en lo que se refiere a “poner límites al poder gubernamental”, la entidad veracruzana está en el sitio 29 de 32.

“Y no me vengan con que la ley es la Ley”.

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Epílogo.

Una lamentable noticia: falleció don Carlos Brito Gómez, una institución en la vida política de Veracruz y un hombre que siempre estuvo cerca de sus amigos para brindarles un consejo. *** Al momento de su muerte, ocurrida en un hospital de Xalapa, don Carlos Brito tenía 89 años. Fue dirigente estatal del PRI, subsecretario de Gobierno, diputado local y federal, alcalde de Coatzacoalcos y magistrado presidente del tribunal de lo Contencioso Administrativo, entre muchos otros cargos. Descanse en paz.

filivargas@nullgmail.com