El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, afirmó que han realizado diligencias por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera Rubén, Alejandra Negrete, Mile Martín y Yesenia Quiroz, enfocadas en la línea de investigación relacionada con la violencia política contra periodistas y defensores de derechos humanos en Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Al cumplirse ocho años del asesinato registrado el 31 de julio de 2015 en un departamento de la colonia Narvarte en Ciudad de México, el funcionario indicó que solicitaron a la Fiscalía General de Veracruz (FGE) acceso a investigaciones contra ex funcionarios del estado y estas se centraron en dos investigaciones, una por desaparición forzada y otra por enriquecimiento ilícito.

Buscan identificar cualquier tipo de vínculo que pudiera existir entre los sentenciados por el caso (Abraham “N”, Daniel “N” y César Omar “N”) y las personas investigadas por la Fiscalía de Veracruz y se cruzaron aproximadamente 500 registros telefónicos y se buscaron coincidencias entre los contactos de los sentenciados y nombres e indicativos de todas las personas investigadas en Veracruz.

“Buscamos identificar a alguna persona que llevará el indicativo ‘Tormenta’ o ‘Capitán Tormenta’ que era de interés especial para los abogados de las víctimas”.

Se buscó cualquier tipo de nexo de los sentenciados con las empresas de los altos funcionarios de Veracruz, las cuales posiblemente se utilizaban para lavado de dinero y otras actividades ilícitas, especialmente las que tienen domicilio en la Ciudad de México.

“Se obtuvo información de cerca de 280 personas relacionadas con un grupo de policías del estado de Veracruz así como de altos funcionarios cercanos al ex Gobernador de esa entidad”.

Ulises Lara agregó que los resultados de esta investigación serán informados a familiares y representantes de las víctimas.

Afirmó que la Fiscalía de Ciudad de México ha actuado conforme a protocolos y no ha sido negligente con la afinidad de encontrar justicia para las víctimas y de conducirse de forma absolutamente transparente.

“Hemos buscado acercamiento con las familias ya que su confianza en la institución se vio lastimada por tratos insensibles en anteriores administraciones que no actuaron de manera respetuosa hacia la memoria y buen nombre de las víctimas”.

Añadió que la fiscal general Ernestina Godoy se ha reunido con familiares y representantes y se les ha informado los actos de investigación a fin de garantizar que sus peticiones, observaciones, aportaciones sean escuchadas y tomadas en cuenta.

¿Qué diligencias se han hecho?

El funcionario agregó que se realizó un análisis de contexto para documentar los intentos de desaparición forzada, intimidación, vigilancia y persecución que sufrieron Nadie y Rubén en Veracruz.

“Dichos eventos se situaron en el contexto de violencia política generalizada que se ejercía contra periodistas, defensor de derechos humanos y activistas sociales que eran críticos del gobierno de esa entidad desde 2012
Comentó que la violencia que experimentaron obligó a Nadia y Rubén, cada uno por separado y en distintos momentos, a migrar a la Ciudad de México.

“El informe de análisis de contexto nos permitió considerar que era necesario ampliar el alcance de la investigación de la línea Veracruz y solicitó a la FGE de Veracruz acceder a las investigaciones realizadas contra mandos y elementos de la SSP”.

También dijo que en días pasados buscaron una reunión con las familias y sus representantes para realizarse el 31 de julio para informar de manera detallada pero no fue posible por decisión de las familias.

La Fiscalía de Investigación de los Delitos en materia de Trata de Personas abrió una carpeta de investigación para indagar la posible existencia de vínculos entre el caso y la actividad de redes de trata de personas en cualquiera de sus modalidades.

Y la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos tiene abierta una carpeta de investigación por actos y omisiones señaladas en la recomendación 04/2017 y por denuncias de víctimas indirectas en diciembre de 2022.

Afirmó que a los familiares de las víctimas y sus representantes se le ha dado acceso completo al expediente de la investigación y se han atendido sus solicitudes.

AVC

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