La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) rechazó este lunes que encubra a algún funcionario por el “caso Narvarte”, relativo al asesinato del periodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y tres mujeres más en la capital mexicana, después de ocho años de sus familiares exigiendo justicia.

Las declaraciones de la fiscalía capitalina se dan después de que familiares y representantes legales de las víctimas del multihomicidio en la colonia Narvarte denunciaran colusión por parte de las autoridades ministeriales locales en el caso para encubrir al agente del Ministerio Público, Luis Javier García Saldaña, quien es suegro de uno de los acusados, César Omar Martínez Zendejas.

El crimen ocurrió hace ocho años, el 31 de julio de 2015, y desde entonces las familias e investigadores independientes han aportado nuevas evidencias que presentan inconsistencias en la investigación sobre la muerte del periodista y la activista mexicanos, así como de la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mile Martín y la maquillista Yesenia Quiroz.

Entre estas evidencias, los familiares, quienes se reunieron este lunes en la calle Luz Saviñón, para recordar y exigir justicia por el violento acontecimiento, señalaron la posible participación del funcionario de la FGJCDMX, Luis Javier García, así como de su hijo, Alejandro “N”, quien no ha sido llamado a declarar.

A pesar de las acusaciones, Ulises Lara, vocero de la fiscalía capitalina, afirmó que “esta fiscalía no encubre a ningún servidor público que labore o haya laborado en la institución”.

Asimismo, informó que la persona señalada se desempeña como oficial secretario de la Agencia de Delitos Cometidos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y que fue citada para rendir su testimonio hace siete meses, sin que haya podido ser vinculado al caso Narvarte.

Por su parte, Lara destacó que el caso se mantiene abierto y se continúa en atención a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que juzgó que no se realizó la investigación correspondiente con la debida perspectiva de género, entre otros asuntos.

“La información que se ha presentado no debe entenderse de ninguna manera como dar por cerrado el caso, por el contrario, continuamos investigando con toda la exhaustividad requerida”, dijo.

Es por ello que el vocero de la FGJ-CDMX explicó que se ha abierto una investigación por delitos en materia de trata de personas y para indagar la posible existencia de vínculos entre el caso y la actividad de redes de trata de personas en cualquiera de sus modalidades.

Esto se ha hecho en atención a una de las líneas de investigación acordadas con las familias y sus representantes legales en el plan de investigación fijado por todas las partes involucradas.

También señaló que se han realizado reuniones con los familiares de las víctimas y que se les ha brindado acceso completo a las carpetas de investigación, por lo que lamentó la ruptura de las relaciones entre los núcleos familiares y la fiscalía capitalina.

“Esta fiscalía lamenta que las familias hayan declarado suspendido el diálogo, pero la institución mantiene su disposición a continuar la comunicación y la colaboración con ellos”, concluyó.

Latinus

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