Las políticas punitivas, enfoques que buscan combatir el crimen y la violencia mediante el encarcelamiento y la aplicación rigurosa de sanciones, han demostrado ser desastrosas en todo el mundo. Desde Estados Unidos hasta México, donde estas políticas han sido aplicadas con severidad, el crimen y la violencia continúan siendo problemas predominantes. Estas estrategias no sólo han fallado en erradicar la delincuencia, sino que también han creado problemas sociales profundos y duraderos. Al favorecer el castigo sobre la prevención y la rehabilitación, estamos desatendiendo la dignidad de los ciudadanos y negando la posibilidad de reforma y reintegración.
En Estados Unidos, a pesar de tener la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, la violencia y el crimen siguen siendo problemas arraigados; el abuso de sustancias ilegales y los delitos alrededor de ellas están en una espiral de descontrol. En México, a pesar de un endurecimiento de las políticas punitivas, las tasas de delitos violentos siguen siendo altas. Estos escenarios demuestran que este tipo de estrategias no están disuadiendo ni reformando a los delincuentes de manera efectiva.
Sin embargo, mucha gente hoy en día celebra las acciones que ha emprendido el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Su narrativa vende porque identifica al perpretador y le aplica un castigo riguroso, generando una falsa sensación de control y reparo. Siempre será más fácil ver los efectos a corto plazo de una política, en este caso, una que trata los síntomas de una enfermedad social, pero no sus causas. Las políticas a contracorriente, por otro lado, enfocadas en la prevención y que por su naturaleza dan resultados a largo plazo, son más difíciles de vender; no entusiasman porque es difícil percibir su impacto.
Por otro lado, existe un contraste sorprendente en el caso de Cali, Colombia, bajo la administración del alcalde Rodrigo Guerrero Velasco, en 2 periodos distintos. Guerrero, un cirujano con formación en epidemiología, aplicó un enfoque científico al abordar el problema de la violencia. La trató como una enfermedad, recogiendo y analizando datos sobre patrones de crimen y violencia para diseñar intervenciones específicas. Implementó programas de educación y empleo para jóvenes en riesgo, restricciones en la venta de alcohol en determinados horarios y medidas para reducir la disponibilidad de armas. Además de incrementar la presencia policial, Guerrero trabajó para mejorar la cooperación entre la policía, los hospitales y otras agencias gubernamentales. Como resultado, Cali experimentó una disminución significativa en la tasa de homicidios, mostrando cómo un enfoque de prevención basado en datos puede ser más efectivo que las políticas punitivas tradicionales.
Las políticas punitivas han tenido un coste humano y social abrumador. Generan un ciclo de desventaja y delincuencia, devastan la cohesión social y económica de las comunidades y perpetúan la desigualdad, ya que las personas de bajos ingresos y las minorías étnicas están desproporcionadamente representadas en la población carcelaria. Una vez que se establece este bucle de retroalimentación negativa, la mayoría de la gente está condenada a repetir los patrones de sus familiares, amigos y conocidos. La movilidad social se vuelve prácticamente imposible, porque el punto de partida solo tiene desventajas y nulas oportunidades.
Para corregir esto, debemos priorizar la prevención y la rehabilitación sobre el castigo. Esto implica invertir en educación de alta calidad, atención de salud mental, vivienda asequible y oportunidades laborales para las personas en comunidades de alto riesgo. También significa centrarnos más en la rehabilitación que en la retribución en nuestro sistema de justicia penal, lo cual puede implicar programas que enseñen habilidades laborales, tratamientos para las adicciones y programas educativos para reclusos. Invertir en infraestructura social tambien es fundamental. Necesitamos espacios para el arte, la cultura y el deporte. Prácticamente todos los países que han invertido en este tipo de infraestructura han visto crecer como la espuma su capital social, el cual tiene que ver con la confianza que existe entre sus ciudadanos, el nivel de cooperación y colaboración entre redes y grupos de personas y, por lo tanto, en la distrubución y uso de recursos de todo tipo.
En resumen, es crucial que transformemos nuestro enfoque de la justicia penal, de uno que castigue a uno que prevenga y rehabilite. Sólo entonces podremos esperar reducir la delincuencia de manera efectiva y construir sociedades más justas y equitativas. El caso de Cali nos muestra un camino posible, uno que nos permite repensar y reformar la forma en que abordamos el crimen y la violencia en nuestras sociedades. En palabras del renombrado neurobiólogo Robert M. Sapolsky: «En entorno hace al organismo.» Crear entornos donde todos puedan acceder a y usar bienes y servicios públicos de calidad contribuirá a que todos los segmentos de la sociedad florezcan.