Al cumplirse un mes del proceso interno de Morena para elegir al coordinación de la defensa de la «cuarta transformación», se han desahogado múltiples quejas en contra de ese partido y sus “corcholatas”, pero nada sustancial ha cambiado: sólo algunos aspirantes han moderado su discurso.

El 19 de junio comenzó el proceso y se presentaron las primeras querellas, aunque se resume en que el ejercicio sigue su curso y no se ha suspendido como han solicitado, pues hasta el momento no se ha establecido que haya conducta irregular y, por lo tanto, no ha habido sanciones. No obstante, todas las investigaciones siguen su curso.

El sábado 15 de julio, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió –con voto dividido de dos a uno– su más reciente resolución: dictó medidas cautelares que pretenden acotar el proselitismo de las “corcholatas” de Morena y ordenaron que “preferentemente” realicen los recorridos y asambleas informativas en sus sedes partidistas de los estados y municipios.

Sin embargo, este domingo 16 de julio las medidas ya quedaron en su dimensión: serán intrascendentes, pues el dirigente morenista Mario Delgado recordó que no se trata de una orden sino, como lo establecieron con la redacción que aprobaron con su voto los consejeros Rita Bell y Jorge Montaño, son sólo una recomendación.

Las medidas cautelares ya fracasaron, como advirtió la consejera presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, quien se pronunció porque la Comisión ya ejerza sus atribuciones y dicte medidas de apremio para hacer valer sus determinaciones.

“Ya se les apercibió, se les dijo estas incumpliendo. La segunda fase fue la amonestación” y, ante el incumplimiento, se requiere ya un apremio, añadió.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE –misma que de forma preliminar investiga las denuncias– ya estableció, con base en 117 actas circunstanciadas presentadas por los órganos del INE en los estados y distritos, que las actividades desarrolladas por los aspirantes de Morena sí consisten en actividades proselitistas.

Por ello, de acuerdo con Zavala, ya correspondía analizar y eventualmente decidir si se ordena detenerlas y no recomendar ahora espacios cerrados.

Juzgar si constituyen actos anticipados de precampaña o campaña, recordó la consejera Zavala, es parte del análisis de fondo que tocará a la Sala Superior y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero la Comisión del INE ya está en posibilidades de tomar una decisión para dictar medidas que hagan cumplir sus resoluciones.

Por tanto, la decisión de la Comisión del INE “fue un paso atrás, pues el proselitismo ya fue determinado”, dijo.

¿Es ilegal que partidos o aspirantes se promuevan antes?

Desde 2007-2008 se establecieron en la Constitución y en las leyes electorales plazos específicos en los que sí se pueden realizar precampañas y campañas.

Delimitarlos tuvo como fin que siempre fueran dentro de los Procesos Electorales, para evitar que los aspirantes se adelantaran y esto generara inequidad en la contienda o mal uso de recursos, en el caso de que los prospectos sean servidores públicos y usen recursos materiales o humanos del erario, u obtengan el recurso de origen desconocido.

¿Quién investiga y resuelve las quejas?

En el desahogo de las quejas y denuncias en materia electoral participan dos autoridades. La primera en conocer los casos es el Instituto Nacional Electoral (INE), cuya Comisión de Quejas (de tres integrantes) analiza las denuncias de forma preliminar, reúne pruebas y realiza una investigación inicial, para, en caso de que se lo soliciten, determinar si proceden o no ñsa medidas cautelares, en lo que se resuelven los casos en definitiva.

El INE no resuelve los casos, sólo dicta o rechaza las medidas cautelares. Si esa decisión inicial del INE es apelada, es resuelta por la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) en sesión privada.

Pero es la Sala Especializada del mismo Tribunal la que recibe los expedientes con todas las pruebas recabadas por el INE y la que analiza el fondo de los casos y todas las pruebas. Incluso reúne más, para determinar si efectivamente se violan o no la Constitución y las leyes electorales.

Al final, si esa resolución es impugnada, todo recae nuevamente en la Sala Superior del Tribunal Electroal, aunque para esto pasan varias semanas y hasta meses, por lo que el caso de Morena y las «corcholatas» puede definirse hasta después de que este proceso concluya, en septiembre.

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador apenas había cumplido sólo un tercio de su sexenio, “destapó” a las que llamó sus «corcholatas» (las personas que pueden sucederlo en el poder).

Por eso desde hace dos años en Morena hay aspirantes a la candidatura presidencial de 2024 y, desde 2021 aceleraron su proselitismo con giras, conferencias y recorridos por el país.

Fue hasta el 11 de junio pasado cuando ese partido convocó a elegir al “coordinador” de la defensa de la «cuarta transformación», mismo que será decidido por encuesta el 6 de septiembre y, en los hechos, posteriormente será registrado para la candidatura presidencial de 2024 por Morena y sus aliados.

El 19 de junio inició oficialmente la ruta para esa elección, con recorridos de las seis “corcholatas” que se anotaron al proceso interno de Morena: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña (del Partido del Trabajo) y Manuel Velasco (del Partido Verde).

Las denuncias

El 14 de junio el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) Jorge Álvarez Máynez y Salomón Chertorivski, además de la senadora de Acción Nacional (PAN) Kenia López, denunciaron a Morena y a las seis personas registradas por actos anticipados de precampaña y campaña.

Acusaron que Morena inició el proceso de selección de su candidatura para la Presidencia de la República, por lo que pidieron medidas cautelares para proteger la equidad de la contienda rumbo al 2024.

Advirtieron sobre la existencia de promoción personalizada –por el uso de frases como “Es Claudia”, “Con Marcelo Sí” y “Ahora es Adán”– en propaganda desplegada en el país y alertaron además que todo es una “simulación” para la elección anticipada de la candidatura presidencial.

El 16 de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se negó a suspender el proceso de forma preventiva, como lo pidieron los inconformes.

La Comisión –con voto dividido– emitió medidas de tutela preventiva y ordenó a Morena y a sus “corcholatas” cumplir con dos medidas para evitar que se afecte la equidad en la contienda del 2024:

La primera fue no solicitar el voto a favor o en contra de alguna persona, no presentar propuestas o plataformas electorales ni utilizar los tiempos de Morena en radio y televisión. La segunda medida fue que proporcionaran un calendario de actividades y llevaran un control de los recursos que utilizan para que, en su momento, los informen como gasto ordinario.

A raíz de esa medida, Morena modificó la tónica de su proceso, pues hasta unos días antes el dirigente de Morena, Mario Delgado, y los aspirantes reconocían que el ejercicio interno por iniciar y las reglas para este eran para definir la candidatura presidencial de 2024.

Las medidas de tutela preventiva dictadas por el INE fueron impugnadas por los quejosos, que insistieron en la suspensión de las actividades proselitistas, y por los aludidos: Morena, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández.

Estos alegaron que el proceso federal no ha iniciado, por lo que no se puede analizar la posibilidad de emitir medidas cautelares relacionadas con actos anticipados de precampaña o campaña.

El 20 de junio el emecista Jorge Álvarez Máynez denunció el probable uso indebido de recursos públicos en la realización de actos anticipados de precampaña y campaña.

Pero el 28 de junio la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se volvió a negar –con el voto también de Rita Bell y Jorge Montaño, ambos propuestos por Morena para ser consejeros electorales– a suspender los eventos o recorridos al considerarlos válidos por ser de naturaleza autoorganizativa, es decir, sin relación con las elecciones.

El proyecto original, que no se avaló, fue defendido por la consejera Claudia Zavala pues proponía suspender las actividades como medida cautelar, ya que en esos recorridos se valoró que se emitían posicionamientos electorales, promesas de campaña, solicitudes de voto, entre otros.

¿Qué ha resuelto el TEPJF?

El día 19 de junio, el Tribunal Electoral confirmó las medidas de tutela preventiva dictadas por el INE el 16 de junio.

Pero los quejosos denunciaron incumplimiento de esas reglas y además recurrieron ante el TEPJF por la decisión de la Comisión del INE de no ordenar la suspensión del proceso morenista.

El emecista Álvarez Máynez argumentó que la Comisión del INE no analizó correctamente los hechos denunciados, pues de hacerlo “habría observado que dichos eventos pueden generar daños actuales y futuros”.

Incluso, de acuerdo con su alegato, aunque pudiera tratarse de actos interpartidistas “sus características, objetivo, finalidad, forma y contenido son de naturaleza electoral, ya que buscan posicionar a los participantes de cara a las elecciones de 2024” .

El miércoles 12 de julio el Tribunal confirmó la decisión de la Comisión de Quejas de no suspender el proceso de elección interna de Morena pues sería “innecesario y desproporcionado, pues no es evidente y notoria su ilegalidad” y se afectarían los derechos del partido y de las personas denunciadas.

Sin embargo, sí se estableció que la Comisión del INE “no cumplió con su deber de realizar un análisis preliminar de los hechos denunciados de manera individualizada, para cada persona involucrada, a partir las pruebas ofrecidas y las recabadas, a fin de establecer si, en apariencia del buen derecho, se justificaba la adopción de medidas cautelares”.

Por tanto, se ordenó a la Comisión del INE emitir un nuevo acuerdo en el que se determine si los hechos denunciados violentan la equidad en la contienda y, de ser así, dicte las medidas necesarias para detener los actos o hechos que pueden constituir una infracción.

Ese acatamiento derivó en sólo “recomendaciones” que la Comisión de Quejas del INE hizo el pasado sábado 15 de julio, en las que planteó a Morena que “preferentemente” realice reuniones en sus oficinas, pero el partido guinda lo tomó como sugerencia y rechazó estar obligado a ello.

En el Tribunal, el caso de Morena también ha dividido posturas. La decisión del 12 de julio se tomó con cuatro votos de los magistrados Mónica Soto Fregoso, José Luis Vargas, Alfredo Fuentes Barrera e Indalfer Infante.

De acuerdo con la magistrada Janine Otálora, sí debe suspenderse el ejercicio morenista pues los precedentes del Tribunal Electoral ya consideran que la coordinación para la defensa de la «cuarta transformación» es una figura equiparada a una precandidatura.

“Todos los participantes en el proceso han manifestado su intención de obtener la Presidencia de la República”, apuntó la exmagistrada presidenta.

Planteó además que eso puede generar inequidad en 2024 y que además se obstaculice que el INE pueda controlar y fiscalizar los actos y recursos utilizados.

El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón planteó que “es evidente que se trata de un mecanismo estratégico de Morena para definir su participación en la elección de la Presidencia” y, a su juicio, se debió ordenar “al Consejo General del INE que emitiera Lineamientos generales para, de forma preventiva, regular y fiscalizar este proceso y otros con una finalidad similar”.

A las querellas que ya han pasado por la Comisión del INE o por el Tribunal Electoral, se suman otras interpuestas por la oposición.

Algunas por uso indebido de recursos, presunto uso de recursos ilícitos y petición para que el INE, cuando ya sea etapa de precampañas (en diciembre y enero de 2023-2024) contabilice lo gastado al tope de precampañas.

El 11 de julio Álvarez Máynez presentó otro par de quejas ante el INE por la presentación de propuestas propias de actos de precampaña y campaña, según sus escritos.

Estos fueron por las propuestas en materia de seguridad que presentó el excanciller Marcelo Ebrard, el llamado Plan A.N.G.E.L. y por la propuesta “de campaña” de Adán Augusto López, quien planteó un mecanismo para la jubilación de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Otra querella fue contra Ebrard, Sheinbaum y López Hernández, en las que recomiendan a los simpatizantes responder por «ellos» en la encuesta que realizará Morena. Agregó también la promoción del libro sobre Sheinbaum en espectaculares, al igual que Ebrard.

El área de Fiscalización del INE se encuentra en proceso de acopio de información para la investigación de montos y origen de los recursos ejercidos.

Expansión Política

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