Prefacio.

A propósito del festejo de su día, abogados de Veracruz hablaron con los medios de comunicación para cuestionar los abusos que se están cometiendo con la figura delictiva, contemplada en el Código Penal de Veracruz (artículo 371), conocida como “delito cometido contra instituciones de seguridad pública”. *** Los abogados señalaron que ese artículo violenta los derechos humanos, pues puede ser interpretado de manera arbitraria por la Fiscalía del estado, además de que es un “refrito” del delito ya derogado de “ultrajes a la autoridad”. *** “Consideramos que es un artículo ilegal, porque toma un término -“agredir”- y la Fiscalía al momento de hacer una imputación interpreta como agresión un insulto a la policía, situación que no provoca daño físico o psicológico a un elemento”, explicó el director de la Barra de Licenciados en Derecho del Sistema Penal Acusatorio del Estado de Veracruz, Cristian Rafael Gómez Zacarías. *** Y da un ejemplo del abuso que se ha cometido con esa figura penal: “Tenemos el caso de una mujer, madre de 3 hijos, uno de ellos recién nacido, de una localidad de Mandinga. A ella la acusan de este delito en agravio de un policía ministerial. Pero la realidad, y de acuerdo con las investigaciones que hemos realizado, podría darse la posibilidad de que le hayan fabricado ese delito como presión para que se entregue su pareja”. *** El abogado señaló que Veracruz es el único estado en donde se aplica esta figura. Es por lo que exige que se derogue, porque puede ser usado e interpretado a modo por la Fiscalía y el Juez.

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A propósito de la celebración del Día del Abogado (yo no lo soy, pero me precio de tener entrañables amigos que tomaron ese camino profesional), me atrevo a darle un consejo al gobernador de Veracruz, el ingeniero Cuitláhuac García: cambie a su equipo de asesores en materia jurídica. Lo están llevando a declarar verdaderas aberraciones en el ámbito del derecho.

“Yo soy el titular del Ejecutivo y a quienes yo puedo hacer observaciones y llamar la atención es al (a los miembros del) gabinete y a ellos puedo llamarlos y darles una instrucción. Pero en el caso de un diputado federal no tengo esa atribución, no puedo hacerlo (un exhorto) y no quiero que se malinterprete que me pongo a favor de alguien o en su contra”.

Lo antes expresado por el gobernador, está relacionado con la publicación de anuncios espectaculares y la pinta de bardas en los que se ensalza la figura de un servidor público.

Eso está prohibido por nuestra Carta Magna (artículo 134: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”) y, por lo tanto, el gobernador no sólo no está impedido a limitar esas acciones, sino que está obligado a denunciarlas.

Sus asesores en materia jurídica le debieron informar al gobernador de Veracruz que, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 222, se establece en su primer párrafo:

“Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía”.

Ya ese párrafo incluye al gobernador, pero el segundo es todavía más específico:

“Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia”.

Pero lo más grave es lo que ese mismo artículo expone al final de ese segundo párrafo: “Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes”.

Rocío Nahle, Sergio Gutiérrez y el propio Éric Cisneros, han recurrido al uso de anuncios espectaculares, pero lo mismo han hecho las llamadas “corcholatas” presidenciales. Han tapizado el territorio veracruzano de promoción personal, y usted, gobernador no los ha denunciado.

Su argumento es pueril, por decir lo menos:

“No tengo atribuciones, o sea, ¿qué hago? ¿Llamo a la empresa y le digo que no suba espectaculares? Me va a decir ¿con base en qué ley o reglamento usted me va a obligar? No podría hacer eso”.

Como ya le expliqué, señor gobernador, no es usted quien le tiene que decir a la empresa de anuncios que no los suba. Lo que a usted le corresponde, como servidor público, es denunciar la probable comisión de un delito. Ser omiso le hace acreedor a una sanción.

El “llamado de atención” a su secretario de Gobierno, lo hizo hasta que el presidente López Obrador declaró que eso “estaba mal” y sugirió que el funcionario renunciara. De no haberse tocado el tema en la “mañanera”, usted, señor gobernador habría permitido que su colaborador se siguiera promoviendo por toda la entidad.

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Epílogo.

Los argumentos del secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, dan risa. Dice

desconocer quién pagó por la instalación de anuncios espectaculares para promover su imagen con el pretexto de impulsar la venta de un libro sobre la negritud en la entidad. *** Dijo que él no ha pagado por la instalación de esos promocionales pues se trató de un tema “espontáneo” de los pobladores: “No he pagado ni uno solo, y no solamente no he pagado, ni siquiera lo promuevo, tampoco los aliento. Pregúntenles a los compañeros de las diferentes regiones, a esos que cuestionan hay que preguntarles si conocen dónde están los pueblos negros de Veracruz”. *** ¿Cómo hacerle entender? Existe algo que se llama “identidad corporativa”, que se refiere al conjunto de elementos visuales y auditivos mediante los cuales se transmite la personalidad y los valores compartidos de una marca. Si, como él dice, fue “el pueblo” el que pagó el diseño y colocación de los anuncios espectaculares, no habrían incorporado, en todos, los mismos elementos, las mismas frases, las mismas imágenes. Eso fue un trabajo profesional, contratado -y pagado- por una persona. *** Se había advertido en este mismo espacio: la desaparición de dos elementos de la Fuerza Civil (una mujer policía y su comandante) va a generar severos conflictos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), donde ya un titular tuvo que renunciar por la desaparición de otro elemento. *** Este martes el gobernador Cuitláhuac García confirmó que esos dos elementos de la Fuerza Civil que estaban reportados como desaparecidos, fueron hallados sin vida. *** Miriam Iranís Vázquez Herrera y Miguel Martínez Reyes, desaparecieron desde el martes 30 de mayo en Cardel, y el gobernador dio a conocer que sus cuerpos fueron localizados sin vida y entregados a sus familiares. *** Algunos servidores públicos habrán de perder sus cargos como consecuencia de estos crímenes.

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