Prefacio.

Este martes el pleno de la Legislatura estatal aprobó el Decreto por el que se autoriza al gobierno estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, a celebrar contrato de comodato con la empresa privada llamada “Baloncesto, Campamentos y Actividades Deportivas, A.C.”, sobre el auditorio Benito Juárez, del municipio de Veracruz. *** La decisión no estuvo exenta de polémica. El diputado Marlon Ramírez Marín denunció que se está entregando el usufructo de dicho auditorio “a una empresa fantasma”, pues advirtió que no hay transparencia, se desconoce quién la representa, y cuándo fue constituida. *** “Pongámonos de lado del pueblo y digamos aquí, frente a los medios de comunicación y del pueblo veracruzano, qué empresa es, qué intereses tiene, quién la representa, cuándo se constituyó y las condiciones que le dieron de mejoría en el contrato al gobierno de Veracruz para que se le entregue este bien público”, demandó el legislador priista. *** “Pido que el diputado Luis Arturo Santiago, o algún integrante de la Comisión que presenta este dictamen, nos pueda dar mayores elementos para conocer de quién es esta empresa a la que se le entregará un bien de estas características, y pido esto con el afán de transparencia que tiene la que nombran 4T, de hacer las cosas bien, de estar del lado del pueblo”, agregó. *** Al final, y a pesar de que la bancada del PRI votó en contra del dictamen, la propuesta fue aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados.

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Fue una práctica -ilegal a todas luces- durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, aunque hay registros de que se utilizó también en la gestión de Fidel Herrera.

Se le conocía como “la licuadora” y consistía en desviar los recursos federales (algo que sólo se podía hacer desde la Secretaría de Finanzas estatal) hacia una cuenta concentradora del gobierno estatal, de manera que recursos que estaban “etiquetados” para acciones específicas, una vez que entraban a dicha cuenta estatal, eran utilizados a conveniencia del gobernador.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que los recursos no estaban llegando a su destino original, y luego de un seguimiento puntual descubrió esa práctica recurrente, lo que motivó, en principio, la emisión de “recomendaciones” al gobierno de Veracruz y, más tarde, la presentación de denuncias ante la Procuraduría General de la República (hoy la FGR).

Ante la presión de los auditores de la federación, los funcionarios estatales se sacaron una trampa de la manga: en el momento en el que la ASF les hacía la observación de que recursos federales habían sido retirados de sus cuentas originales, en la Secretaría de Finanzas reintegraban esos recursos y le mostraban al órgano auditor el comprobante de que los fondos habían sido colocados, nuevamente, en la cuenta que les correspondía.

Una vez que la ASF verificaba que, en efecto, los fondos ya habían sido devueltos, los funcionarios estatales los volvían a retirar. La trampa, aunque ingeniosa, era muy endeble, y una vez que la ASF se percató de ella, procedió legalmente contra sus autores.

Fue tal el escándalo que los auditores federales hicieron por esta práctica, que durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, en diciembre del 2017, se incorporó una figura en el Código Penal para el estado de Veracruz.

El artículo 318 Bis se refiere a lo que llamaron “simulación de reintegro de recursos” y establece que se impondrán de 5 a 15 años de prisión y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización, además de la prohibición para desempeñar cargo, empleo o comisión públicos, tomando en consideración el monto de la simulación ocurrida, “al servidor o ex servidor público que ordene, autorice o realice el reintegro de recursos públicos a las cuentas bancarias aperturadas (sic) para el depósito de recursos financieros de carácter federal, estatal o municipal que le sean asignados al ente público, con la finalidad de resarcir el patrimonio público o solventar las observaciones que hayan sido determinadas por la Auditoría Superior, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Contraloría o cualquier otra autoridad que lo hubiere ordenado, y posteriormente los asigne o desvíe nuevamente a un fin distinto al que originalmente estaban reservados o destinados por disposición de ley”.

En síntesis, lo que se procuró fue castigar a aquellos servidores públicos que simularon cumplir con un ordenamiento legal, algo que sucede en la actualidad y que puede ser motivo de sanciones de carácter penal.

Este martes Felipe Isaías Chiñas, uno de los jóvenes que fueron agredidos por elementos de la policía estatal el pasado 19 de mayo, informó que los responsables de ese ataque no han sido dados de baja, pues sólo los cambiaron de patrulla y de zona, pero siguen activos.

Las víctimas de esa agresión denunciaron el hecho en la Fiscalía General del Estado (FGE) y luego de más de mes y medio de que sucedieron los hechos, siguen en espera de que se convoque a la primera audiencia y se integra la carpeta de investigación.

Simular que cumplen, un vicio en el que suelen caer aquellos que se sienten por encima de las leyes.

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Epílogo.

El tema sigue siendo discutido en los más diversos foros a nivel nacional. El pasado lunes, el abogado Tomás Mundo Arriasa aseguró que la jueza Angélica Sánchez tiene “todas las posibilidades” de salir de prisión y enfrentar su proceso en libertad, aunque advirtió que esto sólo sucederá hasta que lo resuelva un juzgado federal. *** En entrevista con el periodista Carlos Marín, en su sección El Asalto a la Razón de Milenio Televisión, Tomás Mundo comentó que hoy Veracruz ocupa los últimos lugares en impartición de justicia, por el sometimiento de instancias como la Fiscalía y el Poder Judicial. *** Dijo que mientras el Poder Judicial esté sometido a los intereses del gobernador Cuitláhuac García, ni la jueza Angélica Sánchez, ni otros presos políticos como Rogelio Franco o Gregorio Jiménez podrán salir de la cárcel. *** Advirtió que hoy en día el modus operandi para actuar en contra de actores políticos de oposición, periodistas críticos, líderes campesinos o representantes de las organizaciones no gubernamentales es armar carpetas sembrándoles drogas y armas, o inventando supuestas agresiones a los policías. *** Y reflejo de esos niveles de corrupción e impunidad en los órganos encargados de procurar y administrar justicia, es la violencia que sigue creciendo en la entidad. *** La mañana de este martes, en la colonia Vista Hermosa de Martínez de la Torre, dos personas del sexo masculino fueron víctimas de un ataque armado. *** Varios sujetos abrieron fuego contra dos hombres que se encontraban en el interior de un vehículo Nissan Tsuru de color blanco, el cual estaba estacionado. Ambos perdieron la vida de manera instantánea. Los agresores se dieron a la fuga, sin enfrentar a ningún agente del orden. *** Por otra parte, en la localidad de Tozongo, municipio de Coscomatepec, fueron localizados, con visibles huellas de violencia, atados de pies y manos y con varios impactos de bala, los cuerpos de dos personas, al parecer originarias de Puebla. *** Las investigaciones posteriores al hallazgo determinaron que las dos víctimas habían viajado a Córdoba para comprar un automóvil, pero se les reportó como desaparecidos desde el pasado domingo. Las autoridades de Veracruz confirmaron que los cuerpos corresponden a Raúl Gutiérrez Rosas de 36 años, perito balístico de la Fiscalía General de la República (PGR), y a su hermano, Eduardo Gutiérrez Domínguez de 46 años, ambos con domicilio en la colonia Ignacio Romero Vargas de Puebla.

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