La polémica reaprehensión de la jueza Angélica Sánchez Hernández, a la que ahora fueron a detener hasta la Ciudad de México y le han dictado un año de prisión preventiva justificada por los presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, ha puesto en evidencia el doble rasero en el aparente combate a la corrupción en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Y es que, desde el 13 de mayo pasado, el empresario Joaquín Rodríguez Fernández, en su carácter de víctima que tiene reconocida en el Proceso Penal 97/2023, del índice del Juzgado de Control, del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial del puerto de Veracruz, a cargo de la jueza Ihali Patricia Armas Márquez, presentó casualmente en contra de esta impartidora de justicia una denuncia por sus presuntas arbitrariedades y presumibles negocios turbios al frente del Juzgado que encabeza.
Rodríguez Fernández presentó un escrito con fundamento en los numerales 36, 37, fracción VI, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del Código Nacional de Procedimientos Penales, recusando a Armas Márquez de seguir conociendo del citado proceso penal, ya que de acuerdo con la normatividad aplicable se encontraría impedida para continuar haciéndolo.
Además, el agraviado acudió también a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, para interponer formal denuncia en contra de esta misma jueza por hechos que probablemente constituyen los ilícitos de incumplimiento del deber legal, encubrimiento por favorecimiento, prevaricación equiparada, delito contra la administración de justicia, y/o los delitos que resulten.
Y es que el jueves 11 de ese mismo mes y año, Rodríguez Fernández fue notificado mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el juicio de amparo 174/2023 del Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, correspondiente a la quejosa Celia María Rodríguez Valcárcel, de que la jueza llevó a cabo una comparecencia de la investigada aun cuando la misma ¡tenía una orden de aprehensión vigente en su contra! En opinión del agraviado, el actuar de la jueza Armas Márquez “se contrapone al principio de legalidad, pues con toda negligencia fue omisa en pedir el auxilio respectivo para ejecutar la orden de captura en contra de Rodríguez Valcárcel, ayudándole a conseguir una ventaja procesal, al delegarle a su auxiliar de sala la comisión de practicar una comparecencia, en virtud de que según lo dicho por los propios investigados ya habían pactado económicamente con la jueza que no la detendría.
Fue una flagrante violación a los artículos 1, 16 y 17 constitucionales, ya que Armas Márquez estaba legalmente obligada a solicitar la ayuda necesaria para ejecutar la orden de aprehensión vigente en contra de la persona que se puso ante su presencia. Y, sin mayor dilación, debió haber citado a audiencia inicial en ese momento.
El quejoso acusa que por todas estas violaciones se presentaron queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, sin que hasta la fecha este órgano del Tribunal Superior de Justicia haya radicado la queja administrativa ni mucho menos haya dictado una medida cautelar de suspensión del cargo de la referida jueza, o al menos que la hubiera cambiado de adscripción, permitiéndole “que siga vendiendo la justicia al mejor postor”.
Y es que en una tarjeta informativa de la carpeta de investigación 398/2023 del índice de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que el pasado viernes 16 de junio entregó en la Oficina del Gobernador, dirigida al mandatario Cuitláhuac García Jiménez y con atención a la presidenta del TSJE, el agraviado Joaquín Rodríguez Fernández precisó “que el único objetivo” de la jueza “de apoyar a la C. Celia María Rodríguez Valcárcel es porque tiene un capricho jurídico previamente acordado mediante recursos económicos, faltando a los principios de imparcialidad, objetiva y subjetiva, en virtud de que es claro que tiene interés personal y directo en seguir conociendo el asunto”.
“Es claro que su actuar tiene la finalidad de beneficiar a los investigados del proceso penal 97/2023, y no aplicar lo que en derecho corresponde, haciendo que los multicitados evadan la acción de la justicia y se den a la fuga, como acostumbra y como ha quedado evidenciado en las diversas audiencias que ha celebrado para dejar libres a homicidas, pederastas y violadores. Sus actos recurrentes y arbitrarios son muestra de ambición, parcialidad y falta de vocación, que se alejan de los principios de legalidad y probidad”, aportando como pruebas los links de dos notas informativas: https://www.jornada.com.mx/2019/01/06/politica/008n1pol y https://hoyxalapa.com/2023/05/12/jueza-ihali-patricia-armas-marquez-hace-bisnes-con-la-ley-en-veracruz-acusan/
“Las citadas notas muestran su forma de conducirse y que está dispuesta a liberar gente culpable, a ayudarlos a sustraerse de la acción penal y a faltar a su propia honradez. Que el suscrito me he dado a la tarea de indagar el proceder de esta Juez quien igual no recibe a detenidos ordenando a los fiscales que libere a los mismos como sucedió cuando estuvo en Pacho Viejo, Veracruz, en el que se negó a recibir a una banda de 3 delincuentes de otra nacionalidad que se dedicaban al robo en casa habitación en las zonas residenciales de esta ciudad capital, asimismo igual no legaliza la detención de Homicida a quien se le ejecuta una orden, por la más mínima simpleza que ella pueda advertir dejando a delincuentes libres y que van en contra de la política criminal del Estado Mexicano y del Gobierno de Veracruz.
“Asimismo le significo a Ud. Señor Gobernador que los investigados en este proceso me hicieron fraude por un monto de $ 30,000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.) y no como han mencionado que esto se debe a una disputa de herencia, como han hecho creer los investigados quienes se han entrevistado con magistrados y gente cercana a los magistrados para que a través de actos ilegales reciban el cobijo y el beneficio de la Juez de la cual se ha ventilado su actuar.
“Por lo anteriormente expuesto y fundado, toda vez que se encuentra ajustado a derecho, atentamente pido:
“PRIMERO. Se intervenga en este asunto, que la Jueza sea Investigada, así como quienes la protejan, y que se encuentran bajo un efecto corruptor. Ya que, en este caso existen datos de pruebas contundentes y no han hecho nada en su contra ni la han suspendido del cargo ni mucho menos la han cambiado de adscripción.
“SEGUNDO. Gire instrucciones para que se investiguen los hechos que he puesto de conocimiento tanto de la Fiscalía como del Consejo de la Judicatura del Estado.”
¿Será cierto entonces que la jueza Armas Márquez tiene un poderoso “protector” muy cercano a la magistrada Jiménez Aguirre, presidenta del TSJE y del Consejo de la Judicatura? ¿O por qué en este caso no se ha procedido con el mismo rigor y celeridad como en cambio han actuado en contra de la jueza Angélica Sánchez Hernández?