Prefacio.
Alberto Silva Ramos no es, ni lejos, una figura relevante en el panorama político actual en Veracruz. Su interés de competir por la gubernatura, impulsado por las siglas del Partido Verde, no tiene otro objetivo que incluir un factor de negociación con Morena hacia el 2024. *** Este fin de semana el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, confirmó algo que ya se sabía: el gobernador Cuitláhuac García vetó cualquier propuesta de alianza de su partido, si el candidato es Alberto Silva. *** Ya sucedió, en las elecciones del 2021, cuando el expriista y hoy militante del Verde pretendió que la alianza Morena-PT-Verde lo apoyara en su campaña por la alcaldía de Tuxpan. El gobernador se negó, rompió la alianza y consiguió que el abanderado de Morena, José Manuel Pozos Castro, se llevara el triunfo. *** En esta ocasión Ramírez Zepeta advirtió que, si el Partido Verde impulsaba a Silva Ramos como candidato a la candidatura, ya se podía olvidar de la alianza. *** “Aunque somos un partido plural e incluyente, con ciertos personajes nos vamos a guardar el derecho de admisión. Y es decisión del Verde si no quiere ir en coalición con nosotros, esa decisión es a nivel nacional”. ***
El coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello, aseguró que Alberto Silva “tiene más futuro que pasado”, dando a entender que ocuparía una posición relevante en Veracruz. *** Alberto Silva se apresuró a responderle al dirigente de Morena: “no se calienten garnachas. El respeto al proceso interno ajeno es la paz. En el Estado de México obtuvimos 700 mil votos”. *** Lo cierto es que, a pesar de su escaso peso político en la entidad, Silva Ramos ya metió en el debate al bisoño dirigente de Morena. Punto a su favor.
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Lo más grave de los gobiernos emanados de Morena, es que se asumieron como dueños de su territorio, como poseedores de la voluntad de los mexicanos; a nombre del “pueblo” implementaron eso que se conoce como “autocracia” (régimen en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad).
El desequilibrio de los Poderes del estado en México es un tema que ha sido motivo de preocupación y debate en el país.
En un sistema democrático, los Poderes del Estado deben estar equilibrados para garantizar un sistema de contrapesos y frenos que evite el abuso de poder y proteja los derechos y libertades de los ciudadanos.
El desequilibrio de los Poderes del Estado ha llevado a este país a una concentración excesiva de fuerza en el Poder Ejecutivo. A lo largo de la historia política de México, se han observado numerosos casos de presidencialismo exacerbado, donde el presidente ha ejercido un control desproporcionado sobre los demás Poderes. Esto ha debilitado la autonomía e independencia de los Poderes Legislativo y Judicial, limitando su capacidad para actuar como contrapeso efectivo.
Esta concentración de fuerza en el Ejecutivo genera un debilitamiento de los instrumentos creados para la rendición de cuentas y la transparencia. Sin Poderes Legislativo y Judicial fuertes e independientes, se complica fiscalizar y controlar las acciones del Ejecutivo. Esto nos lleva -irremediablemente- a la corrupción, la impunidad y el abuso de poder, erosionando la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
Otra implicación del desequilibrio de los Poderes es la limitación de la representación y participación ciudadana. Un Poder Legislativo débil tiene dificultades para cumplir su función de representar los intereses y demandas de la sociedad, mientras que un Poder Judicial menos independiente puede generar parcialidad en las decisiones judiciales y en la protección de los derechos fundamentales. Esto genera un sentimiento de exclusión y descontento entre la población, lo que afectar la estabilidad y gobernabilidad del país.
Si esto sucede a nivel nacional con Andrés Manuel López Obrador, en Veracruz se replican, de manera obsesiva, las actitudes del presidente, con la ventaja de que acá los Poderes Legislativo y Judicial han sido secuestrados por el Ejecutivo y funcionan como instrumentos de control y represión.
Lo sucedido con la juez Angélica Sánchez Hernández (y lo que está por venir) es el reflejo de la falta de equilibrios en los tres Poderes de Veracruz y el nivel de sumisión, no sólo del Legislativo y Judicial, sino de los órganos que, por ley, deberían gozar de una autonomía plena y funcionar como contrapeso.
Las cifras que dio a conocer World Justice Project en su evaluación del índice de estado de derecho en cada entidad del país, muestra a Veracruz en los últimos sitios en rubros fundamentales, como límites al poder gubernamental, derechos fundamentales, justicia civil y justicia penal.
Justamente, cuando se refiere esta evaluación a los “límites al poder gubernamental”, se pone especial énfasis en que ni el Poder Legislativo, ni el Judicial son contrapesos eficaces.
El desequilibrio de los poderes también puede obstaculizar la implementación de reformas y cambios significativos en el país. Cuando el Poder Ejecutivo domina sobre los otros Poderes, puede resultar difícil aprobar leyes y políticas que sean contrarias a los intereses o preferencias del gobierno en turno.
Romper con esa hegemonía, es tarea de la sociedad organizada.
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Epílogo.
A propósito de la autocracia que ha impuesto el presidente López Obrador en el país, baste revisar sus palabras en Álamo Temapache donde, sin el menor rubor, giró instrucciones al gobernador de Veracruz. *** “Lo que le estoy planteando a los gobernadores -que aquí aprovecho a hacerlo públicamente a Cuitláhuac- que aporte el gobierno del estado 50 por ciento y la federación otro 50 por ciento, y ya entonces en todo Veracruz va a haber pensión para discapacitados, universal, para todos. ¿Cómo lo ve, Cuitláhuac? A ver, párate, nada más así, levanta la mano. ¡Un aplauso para Cuitláhuac! Ya está”. *** No está de más recordarle al gobernador que una investigación a personal de la policía estatal y de la Fiscalía de Veracruz, por los abusos cometidos en contra de la juez Angélica Sánchez, no requiere de la autorización, o la orden, de su parte. *** La agraviada ya acudió a los organismos encargados de velar por los derechos humanos y eso es suficiente para que se abra una investigación, le guste o no a él. *** Así las cosas, en un estado en el que “la ley sí es la ley”.