Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Trabajo (PT) respaldaron el que se inicie una investigación a fondo sobre la asignación de contratos que dio el Poder Judicial a 20 empresas fantasmas que se crearon en el periodo de Edel Álvarez Peña.

Los diputados Verónica Pulido y Ramón Díaz Ávila observaron que, incluso, en la actual administración del Poder Judicial se han observado irregularidades en la asignación de contratos, que deben obligar a los legisladores a realizar un verdadero trabajo de fiscalización.

Una investigación de CONNECTAS, AVC Noticias y Proceso revela que, a través del Consejo de la Judicatura que él presidía, se entregaron más de 350 millones de pesos (18.8 millones de dólares) a empresas que están vinculadas entre sí por socios, apoderados legales y domicilios comunes en Quintana Roo, Jalisco, Guerrero y Ciudad de México.

Las empresas fueron creadas entre 2015 y 2017 e inscritas por los mismos notarios. Dos de ellas (Faundon e Índigo) se incluyeron en el listado definitivo del Sistema de Administración Tributaria como fantasmas, es decir que no tienen empleados ni activos fijos.

Para burlar la ley de adquisiciones de Veracruz, el área administrativa del Poder Judicial, entonces encabezada por Humberto Rodríguez Losilla, fragmentó los contratos: hizo adjudicaciones directas e invitaciones restringidas desde 20 mil pesos hasta 2 millones de pesos. Así hasta pagar más de 690 facturas.

Auditoría especial: PAN

La diputada local Verónica Pulido planteó que es necesario que desde el Congreso de Veracruz se pueda avalar una auditoría especial al Poder Judicial, para ver cómo es que se facilitaron contratos a empresas fantasmas.

La panista comentó que el tema de las empresas fantasmas no es nada nuevo, sin embargo, si se hace necesario presentar denuncias y que se proceda contra quien solapó contratos millonarios en favor de algunos empresarios.

“Hemos visto en varias dependencias, varios compañeros han hecho señalamientos de contratos irregulares, por lo que es necesario que desde el Congreso de Veracruz se cumpla a cabalidad con el proceso de fiscalización”.

La panista reiteró que el tema no puede quedar solo en una denuncia de los medios de comunicación, se deben investigar a fondo y sancionar a los responsables de pagar contratos por más de 300 millones a una veintena de empresas que se crearon en el periodo de Edel Álvarez Peña.

Delito aun no prescribe: PT

En el caso del Partido del Trabajo, el diputado Ramón Díaz Ávila recordó que en un pasado reciente él denunció desde la máxima tribuna que el Poder Judicial estaba asignando contratos a empresas de reciente creación y que no tenían un domicilio fiscal que no tiene nada que ver con la actividad que ellos prestaron.

El legislador, que es integrante de la comisión de Vigilancia, comentó que la denuncia que hizo AVCNoticias les obligaría a investigar los hechos, pues el delito aún no prescribe, son siete años para dar seguimiento y se tendrían que presentar denuncias de parte de la autoridad estatal, se tiene un periodo de cinco años.

“Son diferentes presidentes de estas dos acusaciones, una fue con el presidente Edel Álvarez, de algunos contratos que se dieron, y otro que fue reciente, que se dieron a empresas de reciente creación, esa investigación está pendiente también”.

Comentó que a un año que hizo la denuncia no sabe cuál es el estatus de la investigación, sin embargo, dijo, este mismo año se va a revisar la Cuenta Pública del 2022 en donde se tendrá que atender su queja, “y se tendrá que revisar para atrás”.

AVC

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