Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el gobernador Cuitláhuac García han enderezado una campaña de desacreditación en contra de la ministra Norma Piña Hernández, vinculando a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con Genaro García Luna, quien en el sexenio del expresidente Felipe Calderón se desempeñó como secretario de Seguridad Pública y el cual fue declarado culpable en febrero de este año por el jurado de una corte federal de Nueva York de los cinco delitos imputados por sus vínculos con el narcotráfico.
El mandatario veracruzano secundó al jefe del Ejecutivo federal, quien en su conferencia de prensa de este viernes reveló que la presidenta de la SCJN contrató como secretaria ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a Sonia Vargas Terrero, misma que de julio de 2008 a mayo de 2010 colaboró con García Luna como directora de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal. Antes, en el sexenio del expresidente Vicente Fox, entre julio de 2000 y mayo de 2002, fue analista de adquisiciones y luego jefa del departamento de licitaciones de la Dirección de Adquisiciones, también con el exjefe policiaco preso en Estados Unidos.
Sin embargo, de acuerdo con funcionarios del Poder Judicial, la llegada de Vargas Terrero en abril de este año fue como directora de área en la Dirección de Control de Nóminas, que forma parte de la Coordinación de Administración Regional en la Ciudad de México. Y no fue decisión de la ministra Piña sino de los miembros del CJF Sergio Molina Martínez, Lilia Mónica López Benítez y Bernardo Bátiz, muy allegado a López Obrador, quien fue procurador general de Justicia de la CDMX en su administración al frente del gobierno capitalino (2000-2006) y ahora, en 2019, lo propuso al Senado como consejero en el Poder Judicial de la Federación.
Pero el presidente López Obrador se dio un balazo en el pie al utilizar a esta funcionaria del Poder Judicial de la Federación para arremeter en contra de la presidenta de la Corte, pues la señora Vargas no es la única excolaboradora de García Luna en el régimen de la 4T.
Existen otros casos más en el Poder Ejecutivo federal. Uno de ellos es el general Luis Rodríguez Bucio, quien a mediados de enero pasado dejó la comandancia de la Guardia Nacional para sustituir en la Subsecretaría de Seguridad Pública a Ricardo Mejía Berdeja, el cual abandonó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para ser postulado por el PT como candidato a la gubernatura de Coahuila, en abierta rebelión porque Morena nominó al senador Armando Guadiana.
Al anunciarse el nombramiento, el periodista Raymundo Riva Palacio apuntó que la designación del general Rodríguez Bucio se debió más al “apoyo que le dio el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, que a una decisión basada en resultados, pues su rendimiento es cuestionable”.
El columnista apuntó que “durante los 50 primeros meses de gobierno, según la consultora TResearch, se habían registrado 144 mil 125 homicidios dolosos, 50 mil 450 más que durante ese periodo en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y 72 mil 683 que lo alcanzado en el del presidente Felipe Calderón”.
“Y en los 10 primeros días de este año, de acuerdo con el reporte diario preliminar del gobierno, el número de homicidios dolosos por día llegó a 81, convirtiéndose en el mes más letal desde agosto de hace tres años, cuando se registraron 81.4 al día”, refirió el analista político, quien comentó que eso no era lo peor, sino que “el nuevo subsecretario representa lo que más odia” el Presidente, pues “quien ahora es el segundo mando en la SSPC fue colaborador de Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, a quien López Obrador acusa casi todos los días por sus redes de corrupción y vínculos con el narcotráfico”.
“Rodríguez Bucio ha ocultado sistemáticamente esa relación, aprovechando que el Presidente tampoco quiere escuchar de ella, y expurgó todo detalle de ella en su currículum. Sin embargo, desde 1994 colaboró con García Luna, su jefe en el grupo conocido como GAT, que fue un esfuerzo de coordinación institucional que se integró tras una serie de atentados que se consideraron ‘terroristas’ en instalaciones estratégicas del país, y que buscaban colocar bombas en plantas de Pemex, hidroeléctricas, presas y telecomunicaciones”, reveló Riva Palacio.
Pero el de Rodríguez Bucio no es el único caso. Otros excolaboradores de García Luna son Vidal Díaz Leal Ochoa, titular de la Policía Federal Ministerial; Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, coordinador de Métodos de Investigación Criminal de la FGR, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, el hombre fuerte de Claudia Sheinbaum, la supuesta “favorita” de López Obrador para sucederlo en 2024 en la Presidencia.