Las hijas del secretario de gobierno en el Yunismo, Rogelio Franco Castan responsabilizaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadans, de su seguridad e integridad física, luego de que iniciaron un nuevo proceso penal contra el perredista, ahora por el delito de sustracción de menores.

La FGE lleva al menos cinco procesos legales, en tres de ellos jueces federales han otorgado amparos al funcionario ante los vicios en el proceso judicial contra Rogelio N.

En esta ocasión lo están acusando de sustracción de la hija menor del político, que fue a vivir con él después de que su mamá incurrió en violencia familiar. La madre Guillemina Alvarado tardó 14 meses, después de que perdió contacto con la menor, en presentar la denuncia por la que giraron la quinta orden de aprehensión contra Rogelio N.

Las hijas menores del político le demandaron pensión alimenticia y Guillermina Alvarado ha incumplido con la protección de la Fiscalía y el Poder Judicial que no la han obligado a depositarles para su manutención desde hace 8 meses.

La jóvenes publicaron una carta en redes sociales en la que exigen se garanticen sus derechos humanos y cese la persecución política contra su papá.

Una vez más acudimos a la opinión pública para dar a conocer la injusticia en los procesos que le siguen a nuestro padre Rogelio Franco Castán.

Hoy a mi papá de nueva cuenta le impondrán prisión preventiva justificada por un delito inexistente, un juez iniciará el proceso sin datos de prueba que sustenten el delito de sustracción o retención de menores.

Una arbitrariedad más ¿Cuándo se va a detener la fiscalía? ¿Cuándo el poder judicial del estado asumirá el papel de garantizar la aplicación correcta de la ley?

Actualmente mi padre solo está en prisión por el delito de violencia familiar, decretado en diciembre. Dicha medida tendrá que ser modificada y deberá quedar en libertad, sabiendo esto hoy deciden una vez más hacer uso del aparato judicial para no permitir sea liberado.

Es inconcebible que lo acusen de sustraer a nuestra hermana Victoria cuando lo único que ha hecho es cuidar de ella.

Esta es la calumnia más grande y la peor de todas por parte de los que quieren tenerlo en prisión. Este es el quinto proceso que le imputan ,ya son 9 delitos por lo que lo han acusado. Todo para evitar que tome protesta como diputado federal, han separado a nuestra familia, nos han dañado y el acoso continúa.

Queremos dejar muy en claro que mi padre jamás se llevó por la fuerza a mi hermana. No existía ninguna restricción judicial y la denuncia la presentó nuestra madre a los 14 meses de vivir Victoria con nosotros.

Dentro de la carpeta de investigación hay una prueba pericial que realizó la fiscalía a nuestra hermana menor, donde se dictaminó que no quiere estar con nuestra madre por el temor que le tiene derivado del maltrato que sufrió por parte de ella.

Antes de la fecha en que supuestamente ocurrieron los hechos que le señalan a mi papá, era habitual que nuestra hermana menor pasara los fines de semana, días festivos y fechas familiares con mi papá y nosotras, ya que la convivencia era compartida, no había ninguna restricción legal ni mucho menos inconformidad por parte de nuestra madre.

En julio de 2020 nuestra hermana nos llamó aterrada y nos pidió que fuéramos por ella, porque mi madre la había golpeado y le había practicado un exorcismo en presencia de su prometido, en agosto de ese mismo año mi madre se casó y acordó con mi papá que nuestra hermana menor estuviera con nosotros, a partir de ahí jamás volvió a buscarla, solo le llamaba y escribía mensajes de vez en cuando hasta que dejó de hacerlo. La última vez que se vieron fue en diciembre de ese año donde pasó unos minutos a saludarla en el domicilio donde vivimos con nuestro papá.

La sorpresa que llevamos fue que en septiembre del 2021, 14 meses después de vivir mi hermana menor con nosotros,mi madre presentó la denuncia penal alegando que él se la había llevado y que ella desconocía donde se encontraba nuestra hermana y eso no es así ,el domicilio donde vivimos está a unas calles de la casa donde mi madre habita, que conoce perfectamente ese lugar pues tiene varios años que mi papá lo compró.

Actualmente desde la detención de mi padre, existe no sólo deposito judicial sino juicio de guarda y custodia interpuesto hace más de un año por mi abuela en contra de Guillermina Alvarado por seguridad jurídica de su nieta.

A final de 2021, mi hermana menor promovió un amparo para que un juez en materia civil determinara dónde permanecer y este resolvió que fuera junto a mi abuela y también prohibió la convivencia con mi madre.

Posteriormente en 2022 promovimos demandas de pensión alimenticia decretándose en favor de Victoria y de Viviana, el otorgamiento de una pensión provisional, mismas que durante más de 8 meses mi madre ha incumplido.

Ante el desacato, presentamos denuncias penales por incumplimiento de dar alimentos, mismas que a la fecha la fiscalía general del estado no ha movido un dedo y es donde nosotros constatamos lo que ella siempre ha pregonado, que el gobierno la protege.

Pregunto señora Fiscal ¿no tenemos derechos humanos? ¿No es importante el derecho a la alimentación y a la manutención de una menor y de una joven estudiante de universidad?

¿Dónde están los derechos a la educación, salud y alimentación de una menor?

Hoy existen propuestas donde se habla de impedir a deudores alimentarios puedan ser candidatos, o no poder tramitar su credencial de elector o licencia de conducir.

Señores legisladores, organismos de derechos en defensa de los menores y de la mujer, pregunto ¿para qué servirían más restricciones? si las que existen en materia civil y penal no las aplican.

Los deudores alimentarios no las cumplen y los jueces y fiscales no hacen nada para que se cumplan, pasan meses y el afectado(un menor) no recibe lo mínimo para su manutención.

Lo que necesitamos es justicia pronta y expedita para los menores y estudiantes.

Hoy hacemos responsable a la Fiscalía General del Estado de nuestra seguridad y en particular, la de nuestra hermana menor Victoria, en la carpeta aportamos todas las constancias que acreditan la situación legal de mi hermana además de las constancias referentes a las denuncias por violencia familiar, al depósito judicial decretado, al amparo resuelto en favor de nuestra hermana, presentamos las documentales de los expedientes referentes a las demandas de pensión alimenticia, y consta en la propia carpeta la prueba pericial que referenciamos e incluso mi madre aportó un chat de WhatsApp con mi hermana donde queda demostrado cómo la amenaza.

Mi hermana tomó una decisión igual a la que en su momento tomamos nosotras, la de separarnos de ella por el daño y violencia que generaba en contra de nosotras.

Las tres en diferentes momentos, decidimos ir a vivir con nuestro padre. No podíamos seguir soportando que mi madre nos dejara solas, con desconocidos, llegara en estado de ebriedad, su mal trato constante, sus amenazas y falta de interés por nosotras.

Por lo anterior, con su actuar la Fiscalía podría estar incurriendo en hechos delictivos, mismos que como se puede observar están avalando los jueces locales, violentando el interés superior de nuestra hermana menor.

Con sus acciones se encuentra en riesgo no sólo la seguridad e integridad de nuestra hermana,inclusive su desarrollo, esa es nuestra preocupación.

Basta con ver sus redes sociales donde nos lanza amenazas hablando de la justicia de dios, donde basada en su falsa fe asegura que saldrá victoriosa de todo lo que está haciendo, asegura que el gobierno la protege para destruir a mi padre y a nosotras si seguimos defendiendo.

Nosotras sólo decimos la verdad de lo que hemos vivido en todos estos años donde ella nos ha violentado y siempre nos amenazó con lo que hoy está haciendo.

Su estrategia siempre ha sido esconder sus verdaderas intenciones bajo una imagen de mujer de fe, los que la conocen saben que su único interés es dañarnos.

Lamentablemente tenemos que decirlo. No podemos callar más.

Ahora y aún con todas las pruebas en contra y que desvirtúan los señalamientos referentes al delito de sustracción o retención de menores, pretenden seguir dañando a mi padre y ponen a riesgo a mi hermana. Basta ya de ponernos en riesgo ¡Basta ya de perseguirnos! ¡Basta ya de destrozarnos la vida!

Sin lugar a dudas, serán los juzgadores federales quienes deberán hacer valer las disposiciones contenidas tanto en la constitución federal como en el código nacional de procedimientos penales y en la ley de amparo, tal como ha quedado demostrado en todos los amparos en los que se le ha concedido la protección de la justicia federal a nuestro padre.

Señora fiscal, jueces y gobierno de Veracruz:

Su saña, su odio contra mi padre está sobrepasando los límites de lo político. Violentan la ley y ahora violentan a nosotras, sus 3 hijas.

Por el camino de la justicia y con la ley en la mano daremos la lucha jurídica hasta su libertad.

Atentamente:

Luisa y Viviana

Hijas de Rogelio Franco Castán

AVC

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