Según una reciente investigación de la organización civil internacional Front Line Defenders, los activistas sociales y defensores de los derechos humanos en México corren un alto riesgo, porque constantemente son asediados por grupos delincuenciales, políticos y empresariales que ven en la actividad diaria de estas personas un peligro para sus intereses. Según el reporte de esta ONG, en México la profesión de activista social es de las más peligrosas para ser ejercida en nuestro país.

Tan solo en los últimos 5 años, un total de 177 luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, activistas medioambientales o de otras causas fueron asesinados impunemente en México, lo que coloca a nuestro país en el deshonroso segundo lugar mundial en el número de activistas ejecutados, solo por debajo de Colombia.

Según esta organización internacional, una de las causas principales por la que los crímenes en contra de activistas sociales y políticos ha crecido exponencialmente, es el clima de impunidad existente en el país. Según la ONG, “cualquier persona que se proponga atacar a un activista, quizá en asesinarlo, puede estar razonablemente seguro de que no le pasará nada, pues a quienes realizan este tipo de acciones casi nunca se les castiga”.

Un dato escalofriante, desde que el presidente López Obrador ha venido utilizando su conferencia matutina para descalificar a los activistas dedicados a la defensa del medio ambiente, llamándolos constantemente “pseudo ambientalistas”, “siervos de los conservadores” y otros descalificativos similares, el número de ambientalistas asesinados llegó a más de 90 en tan solo dos años. Y lo mismo se puede decir de las agresiones, amenazas y ejecuciones en contra de los periodistas. La violencia verbal es gravísima porque muchas veces se traduce en crímenes atroces.

Este es, ni más ni menos, el clima de violencia imperante en México en contra de los defensores de causas sociales y en este ambiente sumamente peligroso es en el que fueron cruelmente asesinados los jóvenes activistas del Movimiento Antorchista en Guerrero: Conrado Hernández Domínguez y su esposa Mercedes Martínez Martínez, quienes murieron por múltiples golpes en la cabeza, así como su pequeño hijo de tan solo 7 años, que fue cruelmente asfixiado, según los informes de la necropsia realizada por la Fiscalía de Guerrero.

A estas alturas a los antorchistas de todo el país no nos queda duda alguna de que el motivo de su asesinato fue su activismo social, más concretamente, su militancia consiente, abnegada y fiel en las filas del Movimiento Antorchista Nacional, pues se trataba de dos líderes sociales humildes, trabajadores, respetuosos y sumamente apreciados por sus compañeros, campesinos, colonos y estudiantes de los estratos más humildes de la población quienes habían sido encabezados por ellos en la solución de sus demandas más sentidas ante las distintas autoridades. Por lo que no aceptamos ni aceptaremos cualquier otra explicación superficial o esquiva de parte de las autoridades. Los conocíamos y podemos responder perfectamente de su entereza moral y de su firmeza ideológica.

Tampoco nos queda duda de que sus ejecuciones son el resultado nefasto de la intensa campaña de agresiones verbales, descalificaciones y calumnias vertidas en contra de nuestra organización y de los antorchistas en general, azuzada y encarnizada por el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y repetida hasta la saciedad por la mayoría de los gobernadores morenistas y otros tantos descerebrados fanáticos lopezobradoristas a lo largo y ancho del país. Recuérdese: las agresiones verbales tarde o temprano desembocan en agresiones físicas y los perpetradores de tan viles acciones se sienten en la libertad de cometerlas creyéndose cubiertos por el manto protector de la impunidad.

Por ello, la primera acción unánime de nuestro movimiento ha sido existir justicia, pronta y eficaz, para que el atroz crimen en contra de nuestros compañeros no quede impune. Nos negamos rotundamente a que pasen a formar parte de las estadísticas de crímenes sin resolver o castigar en este país. Para que esto no ocurra, las autoridades de procuración de justicia del estado de Guerrero, que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, deben realizar su trabajo.

Al Estado corresponde la investigación y el esclarecimiento preciso de los hechos, presentar a los responsables intelectuales y materiales ante los juzgados competentes y sentenciarlos con todo el peso de la ley. A sus compañeros antorchistas nos corresponde no cejar en la exigencia de justicia. Ya preparamos multitudinarias manifestaciones, primeramente en Guerrero y después, si no hay avances en la investigación, en todo el país.

Y en segundo lugar, a los antorchistas nos corresponde también intensificar nuestra exigencia de que cesen ya los ataques infames, las descalificaciones gratuitas, las acusaciones sin fundamento y la persecución en contra de todos los mexicanos que luchan en defensa de causas justas y que buscan construir una mejor nación y defender a los desamparados de los abusos del poder y de los privilegiados. Organizarse, expresarse libremente, manifestarse públicamente y criticar puntualmente las desviaciones del gobierno y los abusos de los poderosos, no constituyen delito alguno en nuestro país, antes bien, son derechos fundamentales sobre los que se cimienta nuestra frágil vida democrática.

Ni siquiera sepultábamos a nuestros compañeros, cuando desde Juchitán, Oaxaca, el domingo 16 de abril, el presidente López Obrador, calumnio por enésima ocasión sin prueba alguna el trabajo de organización y gestión del Movimiento Antorchista. Nuevamente nos acusó de recibir carretadas de dinero de los gobiernos del pasado, aunque esta vez, con toda malicia, inventó una nueva cifra millonaria. Dijo, además, que Antorcha era ahora una organización debilitada. Mintió nuevamente y con su verborrea volvió a colocar sobre la frente de todos los antorchistas un blanco de tiro, para que todo aquel fanático suyo, grupo delincuencial o político que se proponga hacerle daño a los antorchistas se atreva a realizarlo. No hay duda de que con su oratoria violenta es igualmente responsable de estos y otros crímenes.

Pero, con todo y ello, es nuestro deber y derecho elemental honrar la memoria de Conrado, Meche y su pequeño hijo, luchando tenazmente en nombre de la justicia y en defensa de los ideales por los que ellos entregaron la vida. Los antorchistas comprometidos con estos ideales no nos arredraremos ante esta andanada de ataques y responderemos como un solo hombre las agresiones en nuestra contra. No somos temerarios, sabemos que comparados con el Estado nosotros no somos más que ciudadanos indefensos, lo haremos porque tenemos dignidad y consideramos que nuestra causa es más que justa. En nombre de nuestros camaradas asesinados y en calidad de víctimas y agraviados, saldremos a exigir justicia y a pedir que cesen ya las calumnias contra Antorcha.