A pesar de que el presidente López Obrador desestimó el informe sobre prácticas de derechos humanos, difundido de forma reciente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, dicho documento significó un fuerte golpe al actual gobierno federal y a algunas administraciones estatales.

El reporte consigna un escenario preocupante en México: “homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales; desaparición forzada por agentes del Estado; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; y en general una larga lista de violaciones a los derechos humanos”.

De igual manera, el documento citado se refiere a las deficiencias en los sistemas de procuración e impartición de justicia en nuestro país; a la impunidad y a las “tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento”

Agrega: “Los elementos criminales, incluidas las bandas locales y transnacionales y los traficantes de estupefacientes, fueron perpetradores significativos de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que resultó en altos niveles de violencia y explotación”.

Es, finamente, la percepción que en el extranjero y particularmente en Estados Unidos se tiene de la realidad que enfrenta México en materia de criminalidad y derechos humanos.

El documento del Departamento de Estado indica que durante 2022 se reportaron en el país 9 mil 684 desapariciones; en el tercer lugar de la lista de los estados con más casos aparece Veracruz, con mil 557.

Casi el 70 por ciento de las desapariciones de todo el territorio nacional se ubicaron en Estado de México, Nuevo León y Veracruz.

La fuente retoma también el tema de los ataques contra la prensa; apunta que en el año se registraron 15 asesinatos contra periodistas en México; tres de ellos –José Luis Gamboa, Sheila García y Yessenia Mollinedo– ocurrieron en Veracruz, lo que convierte al estado una vez más como la entidad más peligrosa para quienes se dedican a esta actividad.

En términos generales, Estados Unidos exhibió las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos en México y Veracruz no salió bien librado, por los casos de personas desaparecidas; de violencia política y de riesgos para la prensa.

Sin embargo, esos señalamientos no significan un problema mayor para el gobierno estatal, ya que incluso el presidente se apresuró a desestimar el documento del Departamento de Estado; la verdadera tormenta para la administración veracruzana será la que se relaciona con las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por abusos y violaciones a las garantías individuales presuntamente cometidos por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública.

Hasta hoy, tanto el ejecutivo como la fiscalía estatal se han negado a aceptar las recomendaciones del órgano defensor de los derechos humanos.

Ese asunto ya habría llegado al Senado, desde donde podrían llamar a comparecer al gobernador Cuitláhuac García.

@luisromero85