El gobierno estatal veracruzano todavía no se recupera del golpe que representó el caso de la presunta empresa fachada a la que tres dependencias, Seguridad Pública, Salud y DIF, asignaron contratos por más de 100 millones de pesos, cuando otro impacto cae desde el Auditoría Superior de la Federación.

Sin explicaciones por parte de la administración de Cuitláhuac García, el caso de la supuesta empresaria Araly Rodríguez, se diluye con el paso del tiempo.

En torno a ese escándalo, ninguna voz del gobierno estatal ha salido para aclarar y evitar suspicacias en un señalamiento que ya tiene más de un año.

El gobernador García Jiménez declaró que el asunto se investigaría, pero ni siquiera la Contraloría emitió un comunicado.

En la glosa del cuarto informe del Ejecutivo de Veracruz, los secretarios de Seguridad y Salud volvieron a ser blanco de los torpedos de la oposición por la asignación de contratos irregulares a una empresa que genera más sospechas que confianza; el gobierno de la 4T parece muy confiado en el manto protector que desde la Federación le cubre.

Sin embargo, desde la Auditoría Superior de la Federación cayó otro misil sobre el gobierno veracruzano; al dar a conocer los resultados a la revisión de la cuenta pública de 2021, el órgano auditor federal reveló que Veracruz no ha aclarado el destino de más de dos mil 696 millones de pesos.

Originalmente, el monto de las observaciones superó los 2 millones 712 mil pesos, pero 16 millones ya fueron solventados.

Rubros como el Saneamiento Financiero y Disciplina Financiera fueron objeto de señalamientos; en esas áreas, el monto de las observaciones supera los mil 226 millones de pesos.

El programa de Atención a la Salud y Medicamentos presentó presuntas irregularidades por más de 77 millones.

Ni siquiera el Poder Judicial del Estado se salvó; la ASF giró observaciones al tribunal, que deberá aclarar el uso y destino de casi 350 millones de pesos.

El ente a cargo de Raúl Colmenares informó que el gobierno veracruzano reintegró a la Federación 16 millones de pesos no ejercidos en 2021; sin embargo, el monto de las observaciones es muy superior.

El gobierno estatal todavía no aclara el tema de Araly Rodríguez cuando otro escándalo relacionado con el manejo de los recursos públicos toca a la puerta.

La diferencia es que el tema de los contratos asignados a presuntas empresas fantasma es sólo mediático; hasta donde se sabe, la oposición no ha presentado denuncias formales, ni solicitado la intervención de la ASF o de la Unidad de Inteligencia Financiera; es decir, no hay mayor riesgo. En cambio, los señalamientos del órgano auditor federal pueden traducirse en un dolor de cabeza para el gobierno veracruzano, si no aclara el destino de los recursos observados.

La actividad delictiva en Veracruz

Durante enero se registraron en Veracruz 78 homicidios dolosos; 7 feminicidios; un secuestro; y casi mil 500 robos.

En términos generales, con excepción del feminicidio, no hay un incremento en los delitos de alto impacto en Veracruz; y sí una reducción en la estadística, con relación al mismo periodo de 2022.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que en la entidad, durante enero se integraron 476 carpetas de investigación por el delito de robo de autos; y 310 por robo a negocios.

@luisromero85