Prefacio.

Con el riesgo de ser acusado de “discriminatorio”, y advirtiendo que no tengo ningún problema con su origen étnico, me atrevo a disentir de lo expresado por el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos. *** El funcionario estatal -quien asegura no estar pensando en elecciones, sino en el cumplimiento de su trabajo- opina que no es necesario hacer ajustes a la estrategia de seguridad que -dice- se implementó en la entidad. *** Aunque difícil de interpretar, es de suponer que el gobierno federal, en coordinación con la administración estatal, tiene alguna estrategia en materia de seguridad. Si no, al menos una ruta de acción para tratar de disminuir la inseguridad y la violencia en Veracruz. *** Lo cierto es que ese plan ha resultado fallido. En su declaración de este lunes, el secretario de Gobierno habla de que las cifras en incidencia delictiva han disminuido, pero eso nadie se lo cree. Las cifras las elabora el gobierno federal y -como bien lo dijo este lunes el presidente López Obrador- si son datos que no les favorecen, no los publican. *** Para corregir el tema de la inseguridad en Veracruz, es necesario, en principio, hacer una limpieza a fondo en las corporaciones policiacas, pues ya existe una percepción generalizada de que los mandos medios y altos responden a determinados grupos criminales, que actúan con total impunidad en la entidad. *** ¿Qué caso tiene que presuman de detenciones, si tienen una Fiscalía incompetente, que deja ir a los presuntos delincuentes, por su torpeza al armar una carpeta de investigación? *** No debe olvidar el funcionario, que “elogio en boca propia, es vituperio”.

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Una vez más es el dirigente estatal del PRI, el que pone el dedo en la llaga. En su cuenta de Twitter, el legislador Marlon Ramírez escribió: “El gobierno de Veracruz debe comprobar 2 mil 696 millones 890 mil 7 pesos de la Cuenta Pública 2021, de acuerdo al informe entregado por la ASF México a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. No olvidemos que sólo se fiscaliza una muestra, así que las cifras pueden ser mayores”.

Y, en efecto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó la tercera y última parte del Informe de la Cuenta Pública del año 2021, en la que destaca que Veracruz registró inconsistencias que podrían representar daño patrimonial por 2 mil 696 millones 890 mil pesos.

El informe de la ASF menciona que el gobierno de Veracruz reintegró ya 16 millones de pesos (con lo que admitió haber hecho mal uso de ellos) pero al final terminó observando irregularidades cercanas a los 2 mil 700 millones de pesos.

En el Programa de Atención a la Salud la Auditoría Federal encontró inconsistencias por arriba de los 7 millones 413 mil pesos.

Ahí mismo, en el sector Salud (una de las dependencias que otorgó contratos sin licitación a Araly Rodríguez), en el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, el gobierno estatal no pudo justificar la aplicación de 77 millones 192 pesos.

La Secretaría de Finanzas no logró explicar el destino de mil 226.5 millones de pesos que debieron ser utilizados para el Saneamiento Financiero del Gobierno del Estado.

El gobernador Cuitláhuac García suele referirse al dinero que “se robó” Javier Duarte de Ochoa y maneja como cifra los datos aportados por la Auditoría Superior de la Federación sobre el monto de las inconsistencias en ese sexenio. Con ello asume que todo recurso que fue calificado como “presunto daño patrimonial” se lo apropió el exgobernador.

¿Tendríamos que hacer la misma reflexión con las irregularidades detectadas durante su gestión?

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Epílogo.

Para acercar a la población servicios médicos gratuitos y oportunos, el Ayuntamiento de Altotonga realizó el pasado fin de semana la Feria de la Salud Preventiva. *** Durante este evento se brindaron servicios de atención a la salud totalmente gratuitos, como medición de glucosa, medición de tensión arterial, hemoglobina glucosilada, antígeno prostático, prueba rápida de VIH, prueba rápida de Covid, aplicación de fluoruro tópico y examen de la vista, además de contar con stands informativos sobre salud bucal, nutrición, salud sexual y reproductiva; así como realización de ultrasonidos y lentes a bajo costo. Bien. *** No es el primer caso que, al menos en Veracruz, un representante de Morena resulta señalado por infringir la ley. *** Hasta este lunes se informó sobre la detención -ocurrida durante el fin de semana- de Ricardo Pérez García, presidente municipal de Río Blanco, en Córdoba y a quien le fueron decomisadas armas y equipo táctico y de radiocomunicación. *** La detención habría tenido lugar el sábado, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en la Calle 22, de la colonia Nuevo San José. *** El alcalde viajaba en una camioneta Mazda de color gris, con placas YTK490A. El reporte policial señala que al revisar la unidad vieron que llevaba en el interior un arma larga, un arma corta, cargadores, cartuchos, cuatro chalecos tácticos y un equipo de radio comunicación. *** En virtud de que no pudo comprobar la procedencia lícita de todo lo decomisado, fue detenido. *** Es de reconocer que las fuerzas policiacas no se tentaron el corazón para aprehender a un alcalde emanado de Morena, pero también es preciso advertir que ese partido no fue muy cuidadoso al momento de elegir a sus candidatos en el 2021. *** Hablan ofrecer servicios de salud equiparables a Dinamarca, pero no son capaces de atender a un paciente que llega de urgencia con heridas de bala. *** Un joven que fue identificado como Pedro Guevara de 22 años, falleció sentado en una silla de ruedas, cuando espetaba para ser atendido en el Hospital Regional de Cardel. *** El paciente llegó hasta ese sitio explicando que había sufrido un accidente en su motocicleta, pidiendo se le atendiera de urgencia. Sin embargo, el personal del hospital lo colocó en una silla de ruedas (lo único que había para acomodarlo) y se retiró. *** Más tarde, cuando se acercaron a él para conocer su condición, se percataron de que había fallecido. El joven mostraba al menos una herida por arma de fuego. *** Opina la secretaría de Energía, la zacatecana Rocío Nahle, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo bien en invalidar la que fue conocida como la “Ley Nahle”, reforma que permitía a los no nacidos en Veracruz ser veracruzanos con sólo tener hijos nacidos en la entidad. *** La funcionaria federal (que, en opinión del secretario de Gobierno, Éric Cisneros, no debería estar pensando en elecciones) insistió en que esa decisión a ella no le afecta. *** “Yo creo, yo no he querido meterme porque ese es un tema de legislativo, yo no tuve nada que ver; pues bueno me honraron con ponerle ese nombre, yo soy senadora con licencia y yo revisé y creo que la Suprema Corte hizo bien (…) ¿cuántos oaxaqueños, cuántos poblanos, cuántas capitalinos hay? Mucha gente que es de otros estados, que hemos llegado a hacer nuestra vida y nuestro hogar en Veracruz, pues es nuestro hogar, es nuestra casa, sería discriminatorio, desde mi particular punto de vista como ciudadana, como senadora por Veracruz”.

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