En el transcurso de la semana pasada, varios funcionarios y analistas de los medios de comunicación le han demostrado al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, que la corrupción está presente, y en grande, en el gobierno de Veracruz.
A través de agudos cuestionamientos, varios funcionarios y columnistas fueron llevando al Ing. Cuitláhuac García Jiménez y al Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, a aceptar la existencia de empleados en el gobierno que se facilitan como prestanombres para crear empresas fantasmas o empresas fachada mediante las que se han dedicado a saquear el dinero de los veracruzanos, igualito a como lo hicieron los corruptos de administraciones anteriores.
Un caso es el de Araly Rodríguez Vez, quien es empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz, y al mismo tiempo ha obtenido contratos por más de 100 millones de pesos solo de tres dependencias del gobierno de Veracruz: la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretará de Salud y el DIF estatal, sin tomar en cuenta otros que seguramente le han sido otorgados pues de acuerdo a los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia existen 116 registros de la actividad de Araly Rodríguez Vez como contratista y proveedora del gobierno del estado de Veracruz, de ayuntamientos, organismos autónomos y otros poderes del Estado.
Las denuncias sobre estos hechos de corrupción a través de las empresas fachada iniciaron en el Congreso del Estado durante las comparecencias del 2021 y luego, en enero de 2022, un grupo de empleados de la Secretaría de Salud reveló parte del organigrama de la red de corrupción, con los nombres de funcionarios y de las empresas de esa dependencia, en donde los moches y los intereses personales estaban a la orden del día, una de estas empresas era precisamente en donde aparecía como prestadora de servicios Araly Rodríguez.
En el inicio, el gobierno de Cuitláhuac García desestimó estas denuncias, que volvieron a salir, cuando un diputado local de oposición, a finales de enero de este año cuestionó a la titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Delia González, si sabía quién era Araly Rodríguez Vez, a lo cual la funcionaria no dio respuesta. Pero la presión era tan fuerte que esta semana el asunto le reventó al propio gobernador, pues el pasado 6 de febrero en una rueda de prensa, una reportera lo cuestionó sobre el caso, y se vio forzado a responder que Araly Rodríguez Vez “es una persona real, no es fantasma (sic), tiene sus contratos y los estamos investigando, nosotros pensamos que es prestanombre de otra empresa”. Agregó, además, que efectivamente se le otorgaron esos contratos por más de 100 millones de pesos, pues al mismo en que empleada de rango inferior de su gobierno, es “la representante legal” de una empresa. El gobernador Cuitláhuac García, pues, reconoció la existencia de las empresas fachada al interior de su gobierno.
No le quedaba de otra al gobernador, ya que Araly Rodríguez proporcionó como domicilio para recibir los millonarios contratos una pequeña tienda de abarrotes en una colonia marginada de Xalapa, en donde nadie la conoce, ni siquiera la dueña del local de la pequeña tienda y tampoco la han visto como contratista gubernamental y lo peor, que el propio Zenyazen reconoció que Araly está cubriendo un interinato en una escuela, que “…es solo prestanombre y su situación económica es mala”, al tratar de librarse del problema.
Los contratos millonarios que ha recibido Araly han sido por adjudicación directa, sin licitación y a pesar de que el gobierno reconoce que solo es una prestanombre nadie ha querido revelar quién está detrás de ella, quién es el verdadero beneficiario de tales contratos. Aunque voces autorizadas señalan que el benefactor de estos negocios es el operador financiero del gobernador, su primo Eleazar Guerrero Pérez.
Otra prueba del mal manejo de las finanzas públicas de Veracruz es el hecho de que nuevamente varias dependencias cayeron en subejercicio, como es el caso del DIF estatal y de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas pues regresaron al gobierno federal 600 milllones y 1 mil 400 millones de pesos, respectivamente, dinero con el que se pudieron haberse realizado decenas de acciones y obras públicas en beneficio de los veracruzanos, pero que fue regresado a la Federación, donde muy seguramente se utilizará para programas clientelares.
A este escándalo, en donde se desenmascara la corrupción de los funcionarios de la 4T en Veracruz, hay que sumarle el descalabro propinado al Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, principal operador del gobierno de Cuitláhuac García, por parte de la Sala SUPERIOR del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues revocó el dictamen de la Sala REGIONAL de este mismo tribunal, que había desechado la demanda presentada por la diputada local Ruth Callejas Roldán en contra del secretario de Gobierno por violencia política de género, y ordenó al OPLE revisar nuevamente el asunto y eventualmente sancionar a Eric Cisneros Burgos inscribiéndolo en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, lo que, llegado el caso, le impediría ocupar nuevos cargos públicos.
El TEPJF hizo un llamado de atención a este prepontente funcionario, que ha sido acusado de instrumentar la represión en Veracruz en contra de organizaciones y ciudadanos, seguramente esto fue ordenado por algún funcionario federal poderoso que lo quiere tener sujeto de la cola, sin embargo, este llamado seguramente no pasará de eso, pero ojalá y sirva para que Cisneros Burgos atempere sus violentas acciones.
Lo que inicia mal, termina mal, y en Veracruz, el ingeniero Cuitláhuac García desde un inicio gobernó mal: con nepotismo, no atendiendo ni resolviendo las necesidades básicas de la gente, violando las garantías constitucionales de los ciudadanos y como represor de las clases trabajadoras; falto de visión de gobierno, negado a la concertación y propicio al enriquecimiento de los funcionarios con dinero del erario, no podía tener otro final sino el desprecio de los veracruzanos. Estamos ante el ocaso de la administración de Cuitláhuac García y por ningún lado se ve alguna obra de trascendencia, solo se escuchan los rumores de sus turbios negocios como el de la instalación de los basureros de su propiedad que le representan pingües ganancias.